Conflicto de poderes en Allen: la Procuración fijó postura contra el intendente Marcelo Román

La Procuración General de Río Negro emitió un dictamen a favor del Concejo Deliberante de Allen en medio del conflicto de poderes que se desató con el intendente Marcelo Román (LLA). La causa, que llegó al Superior Tribunal de Justicia (SJT) el mes pasado, se originó por el veto a una ordenanza de tasas municipales.

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Las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensificaron en septiembre, cuando los concejales decidieron ratificar una ordenanza que había sido vetada por Román. En la presentación judicial, efectuada por el jefe comunal el mes pasado, se exige la declaración de nulidad de la norma, la cual obliga a efectuar el recalculo de las tasas retributivas del 2024 conforme a un calendario bimestral.

En ese sentido, el Procurador General Jorge Crespo aseguró en su dictamen n° 225/24 que el accionar de la intendencia «se advierte viciado desde su inicio» y opinó que el conflicto «debe ser dirimido a favor del Concejo Deliberante, quien detenta la competencia en materia impositiva».

Para la Procuración, la presentación de Román, quien alegó una intromisión en sus facultades como Poder Ejecutivo, no encuentra «justificación». Por ello, consideró que el STJ deberá declarar la nulidad del veto y las resoluciones emitidas por la intendencia.

Según aseguró Crespo, la Carta Orgánica de Allen delega al Concejo Deliberante «la competencia exclusiva en la sanción de normas presupuestarias e impositivas, advirtiendo que la única posibilidad de ser modificada es a instancia del Poder Ejecutivo». Es decir, que la intervención del Ejecutivo en estos casos se encuentra limitada a proponer una eventual reforma a una ordenanza, la cual debe ser ejecutada «a través de un procedimiento válido» y elevada al órgano deliberativo para su tratamiento.

En ese sentido, la Procuración señaló una primera irregularidad en el hecho: «no haber diferenciado los procedimientos». El Ejecutivo procedió a efectuar un veto total de la normativa, cuando debería haberse efectuada un veto parcial, «y una vez resuelta por parte del Concejo Deliberante dicha observación -siempre que sea aceptada-, proceder a la reforma» de la ordenanza de las tasas.

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Por otra parte, también se precisó que no hubo convocatoria para tratar la resolución tomada por la intendencia en sesiones extraordinarias, lo cual terminó dejando firme el veto efectuado por Román.

«Sin dar la debida intervención y tratamiento al resto del Cuerpo Legislativo, la presidente del Concejo Deliberante Valeria Bezic, no solo acepta el veto parcial de la Ordenanza 110/2023 sino que además en el mismo acto reforma de facto su art.1 estableciendo los nuevos vencimientos de las tasas retributivas, en un claro exceso de sus facultades legales expresamente previstas tanto en la Carta Orgánica Municipal como en el Reglamento Interno«, precisó el procurador.

La Procuración determinó que el procedimiento «resulta nulo por haber sido dictado a expensas de la forma expresa prevista por el ordenamiento jurídico«. «El intentar hacer uso de la herramienta del veto sin que se siga fielmente el procedimiento reglado no puede otorgar validez a las normas así gestadas,
no solo por la falta de cumplimiento de las formalidades legales, sino que además porque a través de ello el titular del Poder Ejecutivo local se ha arrogado la competencia propia del Concejo Deliberante prevista por los art. 28 inc. j y 29 de la COM», concluyó Crespo.

Cuál es la postura del municipio respecto a la ordenanza que originó el conflicto de poderes en Allen

La ordenanza del Concejo Deliberante encomendó al intendente recalcular el valor de las tasas retributivas del 2024 desde el inicio del periodo fiscal, con un calendario bimestral. Esto se originó a partir del cambio efectuado por el propio Ejecutivo, quien procedió a autorizar los cobros de manera mensual.

Con el patrocinio de las abogadas María Buscazzo, Lorena Quiroz Soto y María Ascenzo, el intendente Román planteó, según describe el STJ en su resolución del 6 de diciembre pasado, que la ordenanza 88/2024 que aprobó el Concejo debe ser declarada nula porque «se arroga atribuciones en materia presupuestaria, inmiscuyéndose en facultades propias del Ejecutivo, perjudicando el erario y las normales funciones del Estado Municipal».

Además detalla que la ordenanza cuestionada altera sustancialmente el Presupuesto, el cual puede ser modificado exclusivamente a instancias del Poder Ejecutivo Municipal.

Desde la intendencia de Román se indicó que el valor de las tasas retributivas ya fue fijado «de manera mensual en la ordenanza 111/2023«.

Por último, desde el Ejecutivo de Allen se sostiene que la sanción de la ordenanza 88/2024 es extemporánea y añade que se viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, «afectando el derecho de propiedad adquirido por la Municipalidad de Allen».