Confirman la polémica elección en la Caja Forense de Río Negro: hay nuevas autoridades
Personería Jurídica rechazó el planteo de los dirigentes salientes. Entendió que no hubo irregularidades en el procedimiento.
La dirección de Inspección General de Personería Jurídica avaló el cambio de autoridades en la Caja Forense de Río Negro que impulsó la oposición a fines de mayo, en una polémica asamblea. La sorpresiva moción que se impuso sobre tablas en la última reunión del organismo tuvo el aval del Ejecutivo que rechazó la impugnación de la dirección saliente.
Los ahora extitulares del organismo, Walter Carrasco y Mariano Berladi, impugnaron la decisión e interpusieron una medida cautelar en el fuero contencioso administrativo de Roca.
En ese contexto, el juez Matías Lafuente hizo lugar al planteo y frenó momentáneamente la elección hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. El organismo encargado de dirimir la disputa interna, Personería Jurídica de Río Negro, rechazó la impugnación y la Caja Forense tiene nuevas autoridades.
Christian Larracoechea – Bariloche- es el flamante presidente del Directorio y el cargo de vicepresidenta quedó en poder de Marcia Verdugo de Cipolletti. La medida sobre tablas se presentó en la asamblea del 31 de mayo pasado.
El informe sobre la caja de salud fue el desencadenante del conflicto, pero las diferencias eran de larga data. La moción se apoyó en uno de los artículos de la Ley 869 que prevé el cambio anual de las autoridades y por eso se votó con el apoyo de tres circunscripciones: Cipolletti, Bariloche y Viedma.
La Caja Forense es la institución se encarga de capitalizar los recursos para la jubilación de los abogados en la provincia y tiene un servicio limitado de prestación de salud.
En la impugnación Carrasco y Beraldi esgrimieron que el acto eleccionario fue una decisión “temeraria y de mala fe”. Indicaron que se trató de un acto “destituyente”. “Emergió como una actitud temeraria y malintencionada”, señalaron.
“Sostienen que la decisión de cambio de autoridades se realizó a modo de sanción, considerando que se trató de una medida extemporánea y desproporcionada por supuestas faltas cometidas”, indica la resolución que firmó Ismael Dalmau, director de Inspección General de Personería Jurídica.
La moción de la oposición se amparó en el artículo 4 de la ley 869. Si bien no hay antecedentes de un cambio de autoridades tras finalizar el primer año de mandato, la normativa lo contempla.
Es cierto que siempre se respetaron los dos años de gestión, pero la crisis y la falta de consenso entre oficialismo y la oposición derivó en la elección sobre tablas en la asamblea.
Larracoechea y Verdugo respondieron a la impugnación y aseguraron que lo expuesto por sus colegas fue “un típico acto de abuso se autoridad”. Agregaron que no fue un acto destituyente, sino que se ampararon en varios artículos de la ley que posibilita el cambio de autoridades una vez cumplido el primer año de gestión.
Con esos elementos, el titular de Inspección hizo lugar a la elección y rechazó el planteo de Carrasco y Beraldi.
“El planteo de los impugnantes en relación a la presunta omisión de preavisar y publicar la convocatoria no reviste entidad e agravio para ser receptada como causal de nulidades autónoma”, indicó en la resolución.
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