Condenaron a un empleado municipal de Bariloche por la entrega de licencias truchas
Marcos Aguirre tendrá una pena de prisión en suspenso. Intervino en 149 hechos de confección irregular de licencias de conducir años atrás.
Marcos Aguirre intervino en 149 hechos ilícitos, que consistieron en la confeccion irregular de licencias de conducir en Bariloche. Fue condenado. Foto: Chino Leiva
La investigación por la emisión de licencias de conducir apócrifas que se inició en Bariloche hace siete años avanzó hoy un nuevo paso con la condena a dos años de prisión en suspenso impuesta en juicio abreviado al trabajador municipal Marcos Aguirre.
El fiscal Guillermo Lista, con el acuerdo de los abogados querellantes que representaron al municipio, le atribuyó a Aguirre los delitos de incumplimiento de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta. Pero lo desvinculó de la figura de asociación ilícita, por el que ya fueron condenadas otras tres mujeres, involucradas en los mismos hechos.
Lista explicó que queda todavía un imputado, Marcelo Oyarzo, sobre quien pesa también la acusación de asociación ilícita y marcharía a juicio oral porque no aceptó el procedimiento alternativo.
El largo proceso también había alcanzado originalmente a otra docena de agentes, que fueron sobreseídos en febrero pasado por falta de pruebas.
La asesora letrada del municipio Karina Chueri dijo que todos los involucrados en la estafa de las licencias truchas son todavía empleados municipales, aunque fueron trasladados a otras áreas distintas a la de Tránsito. Señaló que ahora con las condenas firmadas “deben reactivarse los sumarios que habían quedado suspendidos a la espera de lo que resuelva la Justicia”.
Según la acusación fiscal quedó probado que Marcos Aguirre intervino en 149 hechos ilícitos, que consistieron en la confección irregular de licencias de conducir de alcance nacional, entre diciembre de 2014 y agosto de 2016. Los empleados municipales elaboraban declaraciones falsas para cumplir con los requisitos de antecedentes y de infracciones de tránsito, que no constaban en los legajos de los solicitantes.
Esa conducta le generó al municipio una deuda (en aquel momento) de 121.625 pesos con el ministerio del Interior, porque actuaba como agente de retención de los gravámenes obligatorios para la emisión de licencias.
La participación de Aguirre quedó ratificada por el contenido de al menos tres escuchas telefónicas, según lo señalado por el fiscal. Dijo que “faltaron elementos de juicio” para alcanzarlo con la acusación por asociación ilícita. Es decir que no se probó que haya participado con los demás responsables de la defraudación de una acción premeditada con jerarquías y división de roles.
En febrero pasado sí resultaron condenadas por esa figura más grave Alicia Vega, Mariana Villalobo y Malén Castro, quienes aceptaron una pena de tres años en suspenso también en “acuerdo pleno de partes”. Tanto Aguirre como sobre las tres mujeres pesa también una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos con responsabilidad pecuniaria.
El defensor del imputado, Sebastián Arrondo, dijo que adherían a lo expuesto por el fiscal y presentó como un logro de su parte haber logrado eximir a Aguirre de la acusación por asociación ilícita.
Antes de resolver la jueza Romina Martini cumplió con el cometido de preguntar al imputado si asumía en forma explícita la responsabilidad en los hechos que le atribuyeron. Aguirre contestó de modo afirmativo y dijo entender también el alcance de la condena y las pautas de conducta que le impusieron, y que podrían llevarlo a la cárcel en caso de incumplimiento.
La causa por las licencias adulteradas, según recordó el fiscal, se inició de manera casual y a partir de una sospecha de la jueza municipal de faltas Débora Bietti, quien al dar trámite a ciertas infracciones de tránsito pidió los legajos respaldatorios de algunos carnet que le generaron dudas y encontró que no existían. “Esa fue la punta del iceberg que destapó esta maraña” dijo Lista, en referencia a un modus operandi que se extendió con cientos de casos que causaron perjuicio económico y “desprestigio” al municipio.
Comentarios