Condenan a Urribarri a ocho años de cárcel en una megacausa por corrupción
El exgobernador de Entre Ríos es ahora embajador en Israel. Los delitos ocurrieron entre 2007 y 2015.
A Urribarri se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, fue condenado este jueves a ocho años de prisión en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015.
Al exmandatario provincial también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.
El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, convalidó los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.
El Ministerio Público Fiscal había pedido 12 años de cárcel para el integrante del Frente de Todos, por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La parte acusadora además había solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa de las imprentas
En la denominada “causa de las imprentas”, donde se investigó la difusión de la precandidatura a Presidente de Urribarri, quedó acreditado para los jueces que hubo hechos delictivos por parte de todos los acusados (entre ellos Urribarri y otros exfuncionarios), a excepción de dos personas: Maximiliano Sena y Alejandro Almada, que “tuvieron que ver con los hechos, pero quedarían fuera de la condena por el paso del tiempo”.
La principal hipótesis apuntó al direccionamiento y cartelización de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas cuya propiedad se le adjudica a Juan Pablo Aguilera, otro de los acusados y cuñado de Urribarri según publica el diario Uno.
Asimismo, también se analizó el expediente por la publicación de una solicitada en contra de los “fondos buitres” en diversos medios de comunicación nacionales y provinciales.
Al respecto, el mencionado tribunal entendió que Urribarri y Pedro Báez, otro de los acusados, “utilizaron fondos públicos para un interés netamente particular, disfrazado de un acto de gobierno”.
Los presuntos delitos incluidos en la megacausa fueron negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calcularon un desfalco de unos nueve millones de dólares.
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