Con duras críticas a la investigación, declararon culpable a un policía por torturas en Cipolletti
Cristian Caumillan fue hallado penalmente responsable y enfrenta una pena entre 8 y 25 años de prisión. Matías Galarce fue absuelto. La jueza habló de "marcadas deficiencias" en el legajo.
El imputado Cristian Caumillán junto a su defensor Damián Moreyra (Foto: Florencia Salto)
Con un durísimo reproche a la investigación, la jueza Florencia Caruso convalidó la acusación por torturas ejercidas por un integrante de la Policía de Rio Negro. En el veredicto, la representante del tribunal declaró la culpabilidad del oficial Cristian Caumillan y enumeró una extensa lista de situaciones que quedaron sin resolverse.
El caso sucedió en plena cuarentena cuando dos jóvenes ingresaron a robar a una iglesia de Cipolletti. El policía Caumillan vivía en un departamento contiguo al templo y logró inmovilizar a los ladrones. Mientras pedía refuerzos, los torturó e incluso a uno de ellos llegó a meterle un objeto en el ano, se supone una tonfa.
A pesar de que Guillermo Merlo hoy es colega de la jueza Caruso, su ascenso no impidió las críticas a este paradigmático caso. En un extensísimo veredicto, la propia Caruso se encargó de dejar en claro que Merlo había sido el fiscal de la investigación.
Hablo de las marcadas “deficiencias de este legajo”. Mencionó que hubo “otros escenarios no investigados” como por ejemplo el encierro de uno de los detenidos en una heladera que estaba en el patio de la Comisaría 45. Criticó que eso no se investigó y que no se realizó ninguna rueda de reconocimiento.
Respecto de este tema el Ministerio Público Fiscal, rápido de reflejos, hizo conocer hoy que se inició investigación por lo que declaró el imputado con respecto a lo ocurrido en la comisaría 45. Desde la fiscalía indicaron que los golpes y los burlas que recibió en esa unidad recién se ventilaron en el debate.
Caruso informó el veredicto unánime al que arribó junto con sus colegas Marcelo Gómez y Sonia Martín. Entre el listado de cuestionamientos a la investigación de Merlo sostuvo que no se explicaba porque los policías Bravo, Garro y Huentelaf estuvieron sospechados y los desvincularon sin formularles cargos.
Afirmó la jueza que Garro y Bravo llegaron dos minutos después que Galarce, que sí enfrentó el juicio pero todas las partes pidieron su absolución. Aseguró que estaban presentes cuando Caumillan pisó la mano de uno de los ladrones, plantó el cuchillo y se manchó con sangre. Y por eso cuestionó que el fiscal no imputó un encubrimiento o un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sostuvo que Caumillán informó que había un herido de arma de fuego cuando no fue así, que una víctima quedó sorda y la investigación no le hizo una sola pericia. Se preguntó ¿es lo mismo una herida cortante que terminar con una sordera?.
La jueza también remarcó los graves padecimientos físicos que configuraron las torturas: “alcanzaba con reducirlos e inmovilizarlos, pero se continuó de manera excesiva ejerciendo dolor y sufrimiento”, reprochó.
Con esta declaración de culpabilidad se inicia una etapa de ofrecimiento de prueba para el juicio en el que se determinará la pena. Sin embargo, el histórico juicio contra dos policías de Cipolletti por torturas no solo tenía la misión de impartir justicia contra dos jóvenes que sufrieron los límites del abuso policial, sino un claro antecedente contra una práctica cada vez más frecuente en la región.
De todas formas, la lectura de responsabilidad no hizo más que abonar las publicaciones de este medio: las falencias de la investigación no pudieron esclarecer con precisión y contundencia lo que pasó en la madrugada del 17 de mayo en iglesia pentecostal del barrio Anai Mapu.
Tras el juicio oral y público quedaron mucha dudas sobre lo que aconteció esa anoche. ¿Pudo solo Caumillan reducir a dos personas y abusar sexualmente de una de ellas sin ayuda? ? ¿Por que los investigadores liberaron a los policías que llegaron junto a Galarce rápidamente?
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