Comenzó el juicio por usurpación de tierras contra Hugo Aranea, dirigente de la CTA Autónoma de Viedma

Entre hoy y mañana se realiza en los tribunales de la capital provincial el juicio contra Hugo Aranea, secretario general de la CTA Autónoma de Viedma, por el presunto delito de usurpación de tierras en el sector comprendido entre el cruce de las rutas Nacional N° 3 y Provincial N° 1.

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Las audiencias son presididas por el juez Guillermo Bustamante, tiene como fiscal a Paula Rodríguez Frandsen y a Diego Sachetti como defensor y tras la presentación de las partes el debate se inició con el testimonio de Gerardo Vichich, titular de las tierras.

La causa es considerada compleja ya que desde su inicio en 2020 tuvo tres personas condenadas, las primeras por la usurpación de terrenos privados, más de 30 con formulación de cargos y 13 que fueron sobreseídas tras arribar a un un acuerdo con la fiscalía.

Previo al inicio del juicio el abogado Sachetti señaló que su patrocinado no participó de la toma de terrenos, sino que instalaba un merendero en ese lugar destinado a personas vulnerables.

«La CTA y muchas organizaciones sociales y entidades participan de la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad en tomas y barrios populares. Aranea estaba trabajando en el merendero, hay varias políticas públicas que facilitan elementos para cocinar y el propio Estado lleva elementos a los propia CTA para aportar para el merendero», explicó.

Agregó que «en la misma causa hay otros tres vecinos que tienen condenas por exactamente el mismo hecho formulado, que según la Fiscalía es haber invadido el predio y despojar a su legítimo propietario de la posesión. Pero no es lo mismo que en un inmueble que está vacío se produzca una ocupación masiva por parte de gente que reclama un lugar para vivir que una persona que está colaborando, no es el mismo hecho, no es cuestión semántica ni de interpretación, pero la Fiscalía hizo un corte y pega».

Para la CTA «quieren criminalizar la solidaridad»

«La Justicia y el poder político de Río Negro quieren criminalizar la solidaridad, lazo inquebrantable de los de abajo», dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA y sostuvo que «esto es peligroso y regresivo».

«Además de llevar a la Justicia a quienes no acceden a una vivienda propia, el poder ahora quiere condenar a las organizaciones que nos solidarizamos con los vecinos», agregó el dirigente.

Para la central se trata de un paradigmático caso de persecución a la militancia social. «Mientras las áreas de desarrollo social y humano asisten a los vecinos con chapas, alimentos y actividades culturales a través de las organizaciones sociales y sindicales, otro sector del Estado intenta expulsarlos a través del Ministerio Público Fiscal».

Indicaron que «la acusación es un disparate desde lo técnico y una vergüenza desde lo político. Aranea ya rechazó la probation al entender que no había cometido ningún delito y que su responsabilidad como secretario general de la CTA Autónoma Viedma es acompañar las luchas del pueblo para mejorar su calidad de vida».