Cínicos y mentirosos, los rasgos del exjuez y el exfiscal acusados de dar cobertura legal a la dictadura en la región
Para las querellas y la fiscalía, las indagatoria del exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Victor Ortiz no fueron novedosas. Ya habían declarado que se enteraron de las desapariciones y los tormentos cuando llegó la democracia.
Los imputados declararon por zoom (foto Florencia Salto)
«Me voy a reservar el adjetivo», respondió el fiscal Miguel Angel Palazzani cuando se le consultó sobre las indagatorias del ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Victor Ortiz, acusados por la fiscalía de dar cobertura judicial a los crímenes de la dictadura en el Alto Valle.
El equipo de la fiscalía y los abogados de las querellas se mostraron ofuscados al término de la jornada tras escuchar los argumentos defensistas tanto de Ortiz como de Duarte. Pero luego, fueron medidos en sus declaraciones. La audiencia por la responsabilidad civil en la dictadura comenzó alrededor de las 10 y finalizó pasadas las 15, con algunos cuartos intermedios de no más de 15 minutos.
Duarte y Ortiz declararon por videoconferencia desde Buenos Aires. La primera mañana fue para los planteos de las querellas y al filo de las 14, los imputados comenzaron a hablar sin responder preguntas. Fueron asistidos por la defensa oficial de Celia Delgado y Eduardo Peralta.
A diferencia de las declaraciones de los militares imputados por desapariciones y secuestros en los juicios anteriores, no hubo arengas y poca lectura de sus dichos, aunque para Palazzani, la indagatoria de ambos le resultó «de un cinismo interminable».
«Es difícil opinar como titular de la fiscalía para alguien que culpa a los papás y mamá de Oscar Ragni, lo podría haber evitado», se lamentó Palazzani. «Una pena que no se pudo preguntar sobre de lo que dijo, pero reiteró lo de sus declaraciones anteriores» indicó. Recordó que la fiscalía había planteado que este acto debiera ser presencial, algo que no tuvo eco en el Tribunal, por dos votos en contra y sólo el voto favorable de la presidenta del cuerpo, Maria Paula Marisi.
Para la fiscalía, la declaración fue mendaz, porque «como opinamos en la acusación, si hubo alguna razón por la cual Duarte estuvo como juez federal en Neuquén, fue para garantizar la impunidad». Detalló que como auditor del Ejército (antes de ser designado juez) conocía normas y reglamentos, las reuniones y operativos. «Fue mendaz pero está habilitado a hacerlo porque está declarando en indagatoria, es lo que estamos acostumbrados a escuchar por estos delitos.
«Lo que me pareció una falta de respeto absoluto, que no tiene justificación, es que las familias y víctimas debieron haberle dado a conocer el hecho» de lo que estaba ocurriendo: secuestros y desapariciones.
Para Marcelo Medrano, querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el discurso «era conocido» en el expediente. «Habría que ver entre líneas lo que declaró Ortiz cuando habló del trámite formal, de qué se trataba», dijo en referencia a los dichos del ex fiscal que acusó a los familiares de presentar hábeas como un trámite cuando el detenido «estaba desaparecido o muerto», tras meses o años del secuestro.
«Ambas indagatorias no fueron novedosas. Lo hicieron todos estos años desde una posición cínica, negando su participación, planteando su mirada de cómo está formulada la acusación y sin entrar en la consustanciación que ambos tenían en sus roles de funcionarios judiciales con el plan genocida, llegando a decir que con el diario del lunes, conocieron lo que pasaba», dijo Natalia Hormazábal (Ceprodh).
De Ortiz recordó la carrera judicial anterior como secretario del Juzgado Federal y de Duarte, que inició su carrera militar a los 12 años, por eso «no podían desconocer lo que ocurría con los detenidos desaparecidos. No les creemos, como en ningún caso, que rompan el pacto de impunidad: aquí negaron lo evidente que están comprometidos con el plan genocida, decidieron no investigar las desapariciones y secuestros y actuaron en modo burocrático porque el rol que tenían era cumplir el plan genocida y lo hicieron a pie juntillas».
Para Mariana Derni, querellante del Ceprodh «justificaron su accionar y de dar impunidad al genocidio» hasta «poner la responsabilidad en las y los sobrevivientes y en las familias de las y los desaparecidos».
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