Cinco años de violencia y ninguna solución en Villa Mascardi

Villa Mascardi era años atrás un rincón paradisíaco, donde se respiraba la tranquilidad que las grandes ciudades perdieron hace mucho tiempo. Sin embargo, hubo un cambio abrupto que marcó un punto de inflexión en la historia de esta pequeña villa. A principios de octubre de 2017, un grupo de personas ocuparon un predio, conformado por dos lotes de Parques Nacionales. Nadie sabía quiénes eran. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Alegaron que se trataba de una recuperación territorial. Nadie pensó que el conflicto empezaría a transitar un espiral de violencia, con pocas posibilidades de retorno.

El nombre de Villa Mascardi trascendió y se convirtió en una zona de conflicto. La usurpación original de tierras de Parques Nacionales se expandió como una mancha de aceite hacia propiedades contiguas. La postal de personas encapuchadas, con palos y boleadoras, los cortes de la ruta nacional 40, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, se transformaron en una imagen habitual.

El vandalismo y la violencia rompieron la paz social que muchas familias de esa zona añoran.
Ninguno de los gobiernos nacionales desde 2017 hasta la fecha fue capaz de resolver el conflicto. Mucho menos las administraciones provinciales de Alberto Weretilneck y hoy de Arabela Carreras.

El diálogo se perdió en Villa Mascardi. Allí los encapuchados imponen sus reglas. Más aún tras el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel la tarde del 25 de noviembre de 2017. Por ese crimen hay cinco albatros de Prefectura Naval imputados por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso de la legítima defensa. La teoría de la fiscalía es que hubo un enfrentamiento entre mapuches y albatros en la montaña y en ese contexto Nahuel recibió una bala calibre 9 milímetros que lo mató. Esa causa fue elevada a juicio y solo falta definir la fecha y el lugar.

El caso Nahuel incrementó la violencia en la zona. Mientras, los dirigentes de uno y otro lado de la grieta buscaron capitalizar políticamente un conflicto que lleva casi 5 años sin solución a la vista.

Las usurpaciones

A la toma de los dos predios de Parques Nacionales se sumó la usurpación a finales de enero de 2018 de la propiedad “La Escondida”. Después, la toma, saqueo y desmantelamiento del emblemático hotel de Villa Mascardi, propiedad de Parques Nacionales, que estaba abandonado.

Luego, la usurpación del predio de Gas del Estado, el robo en marzo de 2019 de casi todos los elementos que había en las cabañas Hueche Ruca del Obispado de San Isidro, que quedaron desmembradas.

El 1 de abril, encapuchados las usurparon y despojaron al Obispado del predio. La causa penal se tramita en la Justicia rionegrina.

En agosto de 2019 se incendiaron tres cabañas Ruca Lauquen de la Asociación de Colegios San José. En septiembre de ese año, la presidenta de la comisión de Fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, denunció daños de luminarias y de tableros eléctricos de la zona del muelle.

Un mes después, Marabolis y policías fueron atacados con piedras por encapuchados que rompieron la camioneta de la comisión y un patrullero.

El 11 de mayo del 2020 intentaron quemar la casa del predio Los Radales. Esta semana incendiaron esa cabaña histórica.

El 21 de mayo, encapuchados que portaban gomeras y un arma de fuego comenzaron a arrojarles piedras a los moradores de una de las cabañas pertenecientes a la Unión del Personal Superior de Gas del Estado. En la vivienda estaba el cuidador, su mujer y su hija, que se habían instalado hacía pocos días. Tras la rotura de varios de los vidrios por las piedras, amenazaron al hombre y le exigieron que se fuera de allí, porque era tierra mapuche. La familia se subió al auto y huyó del lugar en medio de los piedrazos. Después, incendiaron la cabaña.

Además de las usurpaciones, incendios y robos, hubo actos de vandalismo contra máquinas viales de empresas que trabajan en la zona; agresiones de personas encapuchadas a turistas que intentaban circular por la ruta nacional 40 o pasaban un día de recreación en el lago Mascardi; daños a vehículos y colectivos; usurpación de un sector de las tierras de la comunidad Wiritray, que convive desde el siglo pasado con los pobladores de Villa Mascardi; y hasta amenazas contra los integrantes de esa comunidad mapuche.

Las denuncias se fueron acumulando tanto en la fiscalía federal de Bariloche como en el Ministerio Público Fiscal de la Justicia provincial.

Las causas

Esta semana, Villa Mascardi volvió a ser noticia por el incendio de la cabaña “Los Radales”. El dueño señaló que fue intencional y las sospechas apuntaron hacia la Lof Lafken Winkul Mapu, aunque sin pericias o testigos directos que lo confirmaran.

Desde la fiscalía federal de Bariloche recordaron que las dos causas por la usurpación del predio (conformado por dos lotes) de Parques Nacionales fueron elevadas a juicio, con 11 integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu imputados, aunque está abierto el debate en relación al tema de la competencia.

La fiscalía planteaba, con el aval del juez federal de Roca (subrogante en Bariloche) Hugo Grecca, que se conectaran las dos causas por la usurpación con el expediente por el homicidio de Nahuel, para que se hiciera un solo juicio oral con los imputados mapuches y los albatros.

El Tribunal Oral Federal de Roca rechazó la competencia y resolvió devolver los expedientes al juzgado de Bariloche para que siga con el trámite del proceso y avance con el juicio a los once miembros de la comunidad mapuche imputados por las usurpaciones.

Estimaron que en un mes la Cámara Federal de Casación Penal resolverá el tema de la competencia y quién tiene razón el juzgado de Bariloche o el tribunal de Roca.

Indicaron que la causa por la usurpación del hotel de Villa Mascardi sigue en trámite tras la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que confirmó a principios de marzo pasado el fallo de la jueza federal de Zapala (subrogante en Bariloche) Silvina Domínguez, quien les dictó el 29 de octubre del año pasado la falta de mérito a los 11 imputados. Son los mismos que están acusados por las usurpaciones.
La causa se originó tras la denuncia que el entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi Damián Mujica formuló el 12 de julio de 2018 en la fiscalía federal de Bariloche

Recordaron que la causa por la usurpación de “La Escondida” está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que dirimir si corresponde que se tramite en la Justicia Federal u ordinaria (por la provincial).

Desde la fiscalía federal de Bariloche señalaron que la causa por la usurpación de Gas del Estado está elevada a juicio y el único imputado es Juan Pablo Colhuan, porque solo pudieron individualizarlo a él. Falta definir la fecha del juicio y el juez. Explicaron que las otras usurpaciones se tramitan en la justicia provincial.

La fiscal jefa Betiana Cendón informó que tiene 33 expedientes en trámite y varias de esas causas ya superaron la etapa del control de acusación, es decir, los imputados quedaron a un paso del juicio.
Además, Cendón investiga las agresiones que ha sufrido el presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, a manos de encapuchados y de miembros de la comunidad mapuche.

“Cuando en la noche del 10 de noviembre del 2017 me enteré de que intrusos reclamaban la posesión de lote lindero al mío sentí una violación de mi privacidad que no es distinta a la que siente cualquier persona pacífica ante cualquier hecho violento”, recordó Juan Grehan.

Semanas después, las personas que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu usurparon “La Escondida”, que pertenece a Grehan y su esposa, María Giménez de Tournier.
Allí, comenzó la odisea y los reclamos en la justicia y ante las autoridades nacionales y provinciales. El objetivo, relató, era “intentar recuperar la paz reclamando a las autoridades correspondientes y rogar para que cada uno cumpla su función”.

“En un principio parecía que esto sería así: Parques denunció, el juez ordenó el desalojo, este se ejecutó a medias porque no fueron capaces de detener a los delincuentes y a partir de ahí, la renuncia del Estado a cumplir su función desde todos los niveles de poder”, opinó Grehan.

“A la preocupación por recuperar la paz, se suma el tener que ocuparse y luego la desilusión y volver a ser víctima ya no sólo de los delincuentes, si no de lo que es peor, de los funcionarios, cuya razón de ser es trabajar para mantener el orden social y son incapaces de hacerlo o no tienen la voluntad necesaria para hacer su trabajo correctamente”, sostuvo.

Dijo que, a partir del 2020, es “víctima de la complicidad de estos funcionarios terroristas que promueven y facilitan la entrega de la soberanía argentina nada menos que a partir de mi propiedad”.

“Es muy desgastante, llevo casi 5 años desde la usurpación con este ‘segundo trabajo’ que es luchar ya no sólo por recuperar mi propiedad, mi tiempo y mi paz, sino también por toda Villa Mascardi y la Patagonia”, aseguró.

“Los tiempos libres para gozar la vida se convierten en tiempos de lucha donde la mente está ocupada por esta inaceptable situación”, concluyó Grehan.

La presidenta de la comisión de Fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, dijo que lo que ocurrió esta semana con el incendio de la cabaña “Los Radales” lo vivió “con preocupación como todos los vecinos”.
“Se han hecho las gestiones, las denuncias, pero hasta ahora no hay solución del conflicto”, lamentó.

Recordó que antes Villa Mascardi “era un lugar muy tranquilo, que todo el mundo podía disfrutar y es un lugar muy lindo todavía”.

“Esperamos obviamente que respeten las propiedades y el tránsito por el lugar, como era antes”, expresó Marabolis.

El abogado Virgilio Sánchez, que asiste a algunos de los miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, imputados en las causas por la usurpación de los dos lotes de Parques Nacionales, opinó que el conflicto en Villa Mascardi “se podría resolverse con una mesa de diálogo con todos los actores”.

Recordó que la mediación que propuso en su momento la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little “sólo convocaba a la parte acusadora y a aliados estratégicos. Ni siquiera se permitió convocar al INAI o al parlamento mapuche, por mencionar algunos actores”.

Observó que se convocaba a integrantes de Consenso Bariloche, “pero no se permitía ingresar a otras organizaciones que apoyan la causa mapuche”.

Sostuvo que este “es un conflicto territorial y, por lo tanto, es un conflicto político”. Sánchez, que integra la Gremial de Abogados de Argentina, destacó que en los conflictos de estas características “siempre hay puja de intereses, todas las partes deben ceder algo, porque si no se llega a un acuerdo, el conflicto jamás se va a resolver”.

“Creo que el rol del Estado es fundamental para resolverlo, pero muchas veces el Estado propone soluciones jurídicas”, sostuvo.

-En su momento Nación intento una mesa de diálogo, con el entonces secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks -le recordó Río Negro- ¿por qué fracasó?

-Por la Justicia. Hay sectores que insisten en la prosecución de la causa penal, no se puede desarrollar un diálogo mientras tenés a una parte perseguida penalmente -respondió.

“La fiscal Little y los querellantes boicotearon bastante el dialogo”, dijo. “Hubo una resistencia de estos actores políticos para se desarrollara un diálogo. Son los mismos que salen a cuestionar que la Neuquén haya acordado una consulta por Vaca Muerta con la Confederación Mapuche y comunidades de la zona”, aseguró Sánchez.