Chubut: pidieron tres años y seis meses de prisión para una exministra y puede terminar presa por contratar ñoquis
Es Cecilia Torres Otárola. Los solicitó el fiscal. También por pedir “retornos” a sus asesores. Un tribunal decidirá después de la feria judicial.
El fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez pidió este martes tres años y seis meses de prisión para la exministra y exdiputada provincial de Chubut Cecilia Torres Otárola por los delitos de fraude a la administración pública y exacciones ilegales, esto es pedido indebido de parte de sueldo a sus asesores. En tanto la defensa solicitó tres años de prisión en suspenso.
El tribunal de enjuiciamiento que integran Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri se tomarán el plazo legal para tomar una decisión. Pero como se encuentran de feria esos plazos no tienen vigencia. Por lo cual la decisión se conocerá en febrero.
En su intervención, el fiscal sostuvo que Torres Otárola tuvo como finalidad para cometer los delitos el de “buscar rédito propio”, y que en este caso además del daño material, hubo “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”. Como se la condenó en la figura de autora de varios hechos, Rodríguez pidió la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la devolución actualizada del perjuicio económico provocado que en el 2020 consistió en $1.915.154.
En cuanto a Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles aclaró que fueron partícipes de un solo hecho, por lo que solicitó el mínimo de la escala penal que son 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Solicitó que cumplan reglas de conducta, con una presentación cada 3 meses y que concreten una capacitación en ética en la función pública.
Además del daño material, hubo daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones».
Omar Rodríguez.
La causa se denominó de manera mediática como “Ñoquis calientes”, precisamente porque varios de los ahora considerados culpables cobraban sueldos del Estado sin ninguna contraprestación.
Además, el fiscal, amparándose en el fallo de la causa conocida como “Emergencia climática” (Ocurrió durante un temporal en Comodoro Rivadavia) pidió que se aplique como regla de conducta la devolución, al momento de quedar firme la sentencia, del monto actualizado por intereses, del total de los sueldos cobrados por los condenados sin presentarse a trabajar.
Rodríguez puntualizó que Miguel Retro Trelles percibió en el año 2020, en concepto de haberes un total de $424.160; Mara Rodera $242.559 y Facundo Solari Rodera $424.160. Ahora, habrá que esperar hasta febrero cuando finalice la feria judicial para saber qué decisión toma el tribunal y cuál será el destino de Torres Otárola quien fue ministra durante la gestión de Mariano Arcioni, antecesor al actual gobernador Ignacio Torres.
Este último “celebró” la decisión de la justicia cuando encontró culpables a Otárola y sus asesores (una de ellas su niñera y otro, jardinero) y dijo que “en Chubut ser ñoqui es un delito”. La semana pasada firmó un decreto para que todos los organismos del Estado informen qué empleados cobran sin trabajar. Y prometió que los dejará cesantes.
Ñoquis calientes: las audiencias donde se ventilaron cuestiones privadas
El denunciante de la causa “Ñoquis calientes” fue Martín Sandoval, quien fuera director general del ministerio de Desarrollo Social cuando estaba a cargo de Torres Otárola. Por eso las audiencias se convirtieron más en una novela donde los protagonistas contaban cuestiones personales e íntimas, sobre todo la exfuncionaria.
En una de ellas, confesó que tuvo “una relación con Sandoval mientras éste estaba casado” pero que después terminó. Calificó al denunciante como un “psicópata, un hombre sin escrúpulos”. Y fue más allá: “Sandoval se colgó de mis tetas para hacer política”.
Cuando todas estas cosas tomaron estado público, en un comunicado el tribunal pidió a la prensa que seguía el juicio oral y público “que la información sea acotada, en función de cuestiones privadas ventiladas en la audiencia para que el tribunal tenga mayor libertad para resolver en el caso”. Nada les advirtió a Torres Otárola y otros testigos que fueron desfilando por la sala de audiencias de Rawson, capital de Chubut.
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