Choque frontal entre el Sindicato Judicial y el Colegio de Abogados de Neuquén
Fuerte cruce de comunicados entre las dos organizaciones. Quedaron huellas tras el prolongado plan de lucha.
El Sejun cerró su capítulo con el Tribunal Superior pero lo mantiene abierto con los abogados. (Archivo/Florencia Salto)
La negociación salarial entre el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y el sindicato de Empleados Judiciales tuvo un tercer actor protagónico: el Colegio de Abogados y Procuradores. Por eso, la firma del acuerdo entre las partes en conflicto estuvo lejos de significar el cese total de las hostilidades.
El Colegio se mantuvo activo durante el conflicto. Sus dirigentes recorrieron los medios de comunicación para denunciar que el paro de actividades del Sejun «perjudica a toda la sociedad» e «incita a violar deberes propios del empleo público». «No se trata de hacer huelga sino de obstaculizar el trabajo, actitud claramente abusiva e ilegal».
Ahora llegó la respuesta del gremio. A través de un comunicado, se preguntó: «¿Por qué el Colegio de Abogados y Procuradores (CAyPN) conducido por Marcelo Iñíguez cuestiona el derecho constitucional de huelga? ¿Por qué se entromete en nuestra negociación salarial?«
Y avanza sobre la pulseada que se viene: «¿Por qué cuestiona nuestro derecho a un convenio colectivo y avanza en la presentación de un proyecto de ley que torna letra muerta la Ley Provincial 2670?».
Además de cuestionar el paro de los trabajadores, los Colegios de toda la provincia presentaron un proyecto para que la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo pase por la Legislatura -que sea una ley- y no una resolución administrativa del Tribunal Superior de Justicia.
El otro comunicado
El gremio también reaccionó ante un comunicado del CAyPN que «se arroga una incidencia fundamental para acercar a las partes y solucionar el conflicto salarial del sector».
El Colegio publicó una nota en la que señaló: «el acuerdo arribado por las partes confirma que nuestro reclamo fue necesario y eficaz para que lo puedan solucionar y así que se normalice el servicio de justicia». Después lo borró y ya no está en las plataformas, aunque en la web nada de pierde y aún se lo puede rastrear.
El sindicato que encabeza Claudio Salazar, en su respuesta, respondió que «en el conflicto salarial de este año, el CAyPN avanzó en una intromisión inaceptable en nuestra negociación salarial, opinando de manera falaz sobre el sueldo de un ingresante administrativo (dijeron que escalaba a 1,5 millón de pesos) y expresándose favorablemente respecto de la primera propuesta salarial del TSJ rechazada por asamblea provincial».
«Dejamos en claro que la segunda propuesta fue puesta a disposición de una numerosa asamblea provincial de trabajadores/as judiciales y en el marco de plena democracia sindical fue aceptada por mayoría, haciéndole saber al CAyPN que en las intervenciones de nuestros compañeros/as resaltaron una posición crítica a dicha institución», continúa.
Crítica personalizada
Sejun personalizó el conflicto con el presidente del Colegio, Marcelo Iñíguez. Especuló que «el abogado actúa a modo de vocero de sectores del TSJ y de la Magistratura». Otra explicación «podría ser su interés personal para ocupar un cargo de vocal en el TSJ, ante posibles cambios, dejando en claro que su posición ideológica antiderechos de los trabajadores/as va en sintonía con la política del gobierno nacional».
Durante el plan de lucha, hubo expresiones del gremio que proponían un boicot de los trabajadores contra todo lo que provenga del estudio de Iñíguez. El secretario general del gremio explicó que «esa fue una resolución de los compañeros/as de civiles a raíz de las declaraciones que hiciera Máximo Castro Veliz», integrante de la conducción del Colegio.
«Esa resolución sectorial tenía que pasar por una decisión de asamblea provincial que no ocurrió porque se cerró el conflicto», añadió Salazar. Las publicaciones del gremio en redes que difundían esa medida también fueron borradas.
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