Causa Vialidad: la defensa de Julio De Vido acusó a los fiscales de «construir un relato»
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro adelantaron el pedido de absolución para el exministro de Cristina y Néstor Kirchner.
Julio De Vido en el juicio por la Causa Vialidad.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, denominada causa Vialidad, se reanudó hoy con el inicio del alegato de la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido, para quien la fiscalía pidió una condena de diez años de prisión.
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que representan al exfuncionario, refutaron la acusación que le formularon los fiscales en la causa por la obra pública de Santa Cruz y advirtieron que se construyó “un relato” que, no obstante, no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.
De Vido fue acusado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como “organizador” de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública a través de un mecanismo de corrupción que se montó en torno a la obra pública en Santa Cruz.
Pero Rusconi explicó que el grupo de Lázaro Báez recibió el 0,3 por ciento del total de la obra pública en el gobierno 2003 – 2015 y que en la escala de empresas que obtuvieron contratos en ese período ocupó el número 36.
Cuestionaron el relato que pretendieron instalar los fiscales
Rusconi cuestionó “el relato que pretendió instalar el Ministerio Público fiscal” y advirtió que el Poder Judicial “no puede evaluar las políticas públicas”.
Su colega, Gabriel Palmeiro, avanzó sobre esa cuestión y denunció que “los fiscales segmentan y ocultan parte del funcionamiento” de la estructura de gobierno para sostener la imputación “porque si no es más obvia y evidente la licitud de las intervenciones y las firmas de De Vido”.
“Las imputaciones genéricas formuladas por los fiscales sobre la participación de De Vido en esta causa están absolutamente vacías de contenido”, insistió Palmeiro.
En ese contexto, consideró que “lo que firmó De Vido no encuadra en ningún tipo penal” y reivindicó que todo lo hizo “dentro de sus funciones y de lo que le permite la ley”.
“Lamento spoilear el argumento final pero todas las resoluciones eran de trámite normal y legal”, subrayó.
Por su parte, Rusconi justificó que el gobierno le hubiera asignado preferencia a la obra pública en Santa Cruz, contrariamente a lo que sostienen los fiscales sobre que fue “arbitrariamente beneficiada”.
“A contrario de lo que sostienen los desinformados fiscales, el problema es trágico en la zona sur. Santa Cruz posee el 26,27% del territorio y según a datos actualizados cuando ya había comenzado el juicio, tiene un cuatro por ciento de la red vial”, graficó.
“La política de privilegiar no ha sido sólo una decisión correcta sino que no continuarla hoy en día sería criminal. (…) El privilegio estaría dado en que en Santa Cruz vive poca gente. Esto demuestra una ignorancia de los usos sociales. Santa Cruz todavía hoy tiene que ser privilegiada” en la construcción de obras viales, sostuvo el defensor de De Vido.
El alegato criticó que para acusar al ex ministro “se presume el dolo de modo escandaloso” y además los fiscales “ocultan y no toman en cuenta prueba de descargo”.
De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de «asociación ilícita agravada», por su calidad de organizador y por administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
La misma pena se pidió para los también acusados exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sexta en el listado programado de alegatos de las defensas, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel, al igual que para el empresario Lázaro Báez.
Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la vicepresidenta en inmediaciones de su casa cometido el jueves 1 de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario y también acusado Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades a través de la firma «Austral Construcciones», entre otras que adquirió en ese período.
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