Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner expondrá el pedido de revisión de condena ante la ONU

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron una conferencia de prensa para este martes 15 de septiembre, donde darán a conocer novedades sobre la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La medida busca revisar la sentencia de la causa Vialidad, por la cual la expresidenta cumple prisión domiciliaria y cuenta con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La convocatoria está fijada para las 15 en el Hotel del Microcentro porteño y estará a cargo de los letrados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Durante el encuentro, la defensa detallará el estado de la comunicación individual presentada a finales de julio, en la que argumentan que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales de la exmandataria.

En la solicitud elevada al organismo internacional, la defensa sostuvo que la condena persigue el objetivo de proscribir políticamente a la expresidenta para impedir futuras candidaturas. Asimismo, argumentaron que la inhabilitación perpetua representa una restricción indebida de sus derechos políticos en el marco normativo internacional.

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El planteo técnico cuestionó la legalidad del fallo al afirmar que se le adjudica responsabilidad por actos administrativos que no le corresponden constitucionalmente. En ese sentido, los abogados puntualizaron que la condena tomó como base la firma del Decreto 54/2009, una norma que continúa vigente, lo que impidió desplegar una defensa adecuada durante el juicio.

Entre las medidas cautelares solicitadas a las Naciones Unidas, la representación legal de Kirchner pidió la suspensión de la inhabilitación perpetua por considerarla arbitraria. También exigieron la restitución de la integración legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que su actual conformación reducida afecta el derecho a contar con un recurso judicial efectivo.

Respecto a las condiciones de detención, el escrito incluye un pedido explícito para modificar el régimen de prisión domiciliaria que cumple la exjefa de Estado. La petición contempla el retiro de la tobillera electrónica, la flexibilización de las visitas y el acceso al aire libre, además del cese de restricciones y sanciones motivadas por manifestaciones de terceros frente a su residencia.

El equipo legal insistió en que el conjunto de irregularidades descriptas configura una vulneración sistemática de los tratados de derechos humanos suscriptos por la Argentina. Con esta acción en el fuero internacional, la defensa agotará las instancias supranacionales buscando dejar sin efecto los alcances del fallo dictado por la Justicia federal.

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Cuáles son las ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

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Artículo 25 (Derecho a votar y ser elegido): Denuncian que el proceso buscó la proscripción electoral de la expresidenta y que la inhabilitación perpetua es una restricción indebida de sus derechos políticos.

Artículo 14 (Derecho a un juicio justo): Señalan que se le atribuyeron actos administrativos fuera de su competencia constitucional y que la sentencia se fundó en un decreto aún vigente, limitando su defensa.

Artículo 14.1 (Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial): Cuestionan la asignación de la causa por irregularidades en los jueces naturales y vinculaciones personales entre magistrados, fiscales y dirigentes opositores.

Artículo 14.2 (Presunción de inocencia): Afirman que desde el inicio de las actuaciones judiciales se operó bajo una presunción de culpabilidad sobre la imputada.

Artículo 14.3 (Tiempo y medios para la defensa): Sostienen la incorporación de pruebas provenientes de otros procesos sin la posibilidad efectiva de ejercer contradicción.

Artículo 14.5 (Revisión de la condena): Argumentan que la Cámara de Casación no realizó un examen real ni exhaustivo de los agravios presentados por la defensa.

Artículo 14.7 (Principio de ne bis in idem): Indican que 49 de las 51 obras públicas juzgadas ya habían sido objeto de investigaciones anteriores cerradas por sobreseimiento o archivo.

Artículo 2.3 a) y b) (Derecho a un recurso efectivo): Sostienen que la conformación actual de tres miembros en la Corte Suprema impide obtener un examen independiente dentro del sistema judicial interno.

Con información de Ámbito Financiero.