Causa Vialidad: el abogado de Cristina Kirchner afirmó que los fiscales incurrieron en «mala praxis»
Carlos Beraldi sostuvo la vicepresidenta “entró en el libro Guinness” al haber sido acusada por ese delito en cinco procesos judiciales distintos. La fiscalía había pedido 12 años de prisión para la vicepresidenta.
Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, criticó con dureza al Tribunal Oral Federal 2 que juzga a la funcionaria por asociación ilícita y dijo que “entró en el libro Guinness” al haber sido acusada por ese delito en cinco procesos judiciales distintos.
Beraldi advirtió hoy que la fiscalía incurrió en «mala praxis» al intentar sostener una «fantasía» vinculada a que en el kirchnerismo se «hacía un Presupuesto para que gane Lázaro Báez» y que la acusación quedó «fulminada» ante las pruebas.
«No bajamos los brazos en ningún momento», remarcó Beraldi y destacó que «la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio» porque «quedó demostrado» que la acusación «carecía de verosimilitud», y fue «falsa y sin fundamentos», en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad.
En la primera jornada de su alegato recordó las declaraciones como testigo, entre otros, del presidente Alberto Fernández a la hora de demostrar que la asignación de partidas para la obra pública es potestad del Congreso nacional a través del Presupuesto.
«La fiscalía dijo algo que realmente es una fantasía, que el Congreso tenía facultades marginales», agregó Beraldi sobre la confección del Presupuesto Nacional y la asignación de obra pública en el país
El letrado advirtió que «todo esto nos conduce a que lo que se probó es la mala praxis en la que ha incurrido la fiscalía» a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenar a 12 años de prisión a la Vicepresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y defraudación y su inhabilitación para cargos públicos.
La causa se activó con el Gobierno de Macri, afirmó Beraldi
Beraldi comenzó su alegato señalando que la causa en contra de la Vicepresidenta se activó con la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, y que su Director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, se presentó en esa dependencia con sede en Santa Cruz con “un patrullero” para realizar una auditoría.
El abogado dijo que el padre de uno de los fiscales del caso, Ignacio Mahiques, fue funcionario de la entonces gobernadora bonaerense del PRO María Eugenia Vidal. También criticó al juez de primera instancia y hasta cómo llegó el expediente al Tribunal que ahora hace el juicio: “Se apuraron para hacer el sorteo” de la causa.
“Fíjense el nivel de imparcialidad que existe en la Justicia”, dijo el abogado también sobre la intervención de la Corte Suprema de Justicia al momento en que pidió el expediente conocido como vialidad para resolver y que tras un cacerolazo lo cajoneo.
Hasta ahora refutaron la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola las defensas del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro (a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías); la de los ex titulares del Distrito 23 de Vialidad Nacional – Santa Cruz Osvaldo Daruich (a cargo de Mario Ganora) y Mauricio Collareda (por Luis Alonso Martínez); la de Julio De Vido (a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro) y la del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (a cargo de Lucio Simonetti).
Todos apuntaron a los supuestos errores y contradicciones en que incurrieron los fiscales y pidieron la absolución de sus defendidos por inexistencia de delito.
Todavía está pendiente una recusación que efectuó la defensa de De Vido contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien durante el alegato de la defensa interrumpió al abogado Maximiliano Rusconi para responderle una alusión que había hecho sobre los partidos de fútbol que el magistrado disputaba en la quinta privada del ex presidente Mauricio Macri.
La defensa de De Vido pidió que la recusación sea resuelta por otros jueces, diferentes a los compañeros de tribunal de Giménez Uriburu.
Los detalles de la causa Vialidad
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz.
En sus alegatos, los fiscales entendieron que la mayoría no se terminaron y que todas se cobraron, además de irregularidades en las licitaciones. Se calcula que el empresario, quien hoy cumple prisión domiciliaria por otras causas por corrupción, habría recibido un total de 537 millones de pesos en ese período.
La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio, todos con pedido de condena por parte de la Fiscalía. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la vicepresidenta, alegará el empresario Lázaro Báez.
La Fiscalía se basó en los mensajes encontrados en el celular del ex secretario de Obras Públicas, José López (quien está entre los acusados) que le secuestraron en junio de 2016 cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares. Según Luciani, allí se encontraron pruebas de que antes de que Cristina deje el gobierno en 2015 se planificó el pago a Báez por obras no terminadas y se organizó el despido del personal y el cierre de las empresas.
La defensa, por su parte, rechazó la acusación en todo momento y consideró “absurdo” que Cristina pudiese ser constituida como “jefa de una asociación ilícita” ya que no hubo un solo testigo que nombrara a la expresidenta en ese rol.
Por otro lado, en los últimos tiempos han aportado documentación sobre los vínculos de los fiscales con diversos dirigentes de la oposición, como el expresidente Mauricio Macri, a quienes les señalan la conformación de un vínculo cuyo fin es proscribir a la vicepresidenta (y máxima figura del oficialismo) de la vida política.
Una vez que la defensa de Cristina Kirchner finalice su alegato, restará que hagan lo propio otros siete acusados. Luego, la Justicia resolverá si inicia o no una etapa de réplicas y dúplicas donde todas las partes pueden responder aspectos de los alegatos que no fueron tratados en el juicio. Y, por último, los acusados podrán hablar una vez más ante el tribunal antes del veredicto de los jueces, que se espera que llegue antes de las Elecciones del 2023 para evitar especulaciones políticas al respecto.
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