Causa Vialidad: a los jueces les hackearon los teléfonos previo al alegato de Cristina Kirchner
Las víctimas del espionaje ilegal fueron Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Lo reconoció Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien también había realizado la maniobra sobre el celular de Marcelo D’Alessandro.
Dos de los jueces del TOF N°2, que condenó a Cristina Kirchner, también fueren blanco del espionaje ilegal.
Recientemente se conoció que dos de los jueces que procesan la Causa Vialidad sufrieron el hackeo de sus teléfonos. Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y, según informó Clarín, todo ocurrió horas antes del alegato a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo reconoció Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien también había realizado la maniobra sobre el celular de Marcelo D’Alessandro.
Los dos jueces del Tribuna Oral Federal N° 2 fueron parte del grupo de personas que estaban marcadas para que sean hackeados sus celulares. Para la tarea había sido contratado Nuñes Pinheiro, según él mismo declaró. Así lo reconoció ante la jueza porteña, Araceli Martínez, y la fiscal especializada en cibercrimen, Cecilia Dupuy.
En julio del año pasado ocurrió una intromisión en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces del Consejo de la Magistratura. Allí se revisaron sobres con información reservada correspondiente a 24 jueces, entre los que se encontraban quienes estaban a cargo del juicio contra Cristina Kirchner.
Tras aquel episodio, en septiembre de 2022, el juez Giménez Uriburu denunció que la compañía prestadora de su línea telefónica celular había ordenado un cambio de chip que él no había gestionado ni autorizado. Lo mismo sucedió días después con Basso.
Fuentes de esa investigación indicaron a Clarín que «los informes remitidos por las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular no llegaban a identificar a quién vendió los chips, pero sí se llegó a establecer que el chip se compró en Misiones».
Según informó Clarín, todo esto ocurrió pocas horas antes del alegato de los abogados defensores de la vicepresidenta.
La sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos perpetua que se impuso a la Vicepresidenta por supuesta administración fraudulenta no está firme, al igual que el resto de las penas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) el 6 de diciembre pasado.
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