Causa Techo Digno: resolución judicial confirma su tratamiento en los tribunales de Viedma

Para el juez de Garantías "resulta evidente que los fondos efectivamente ingresaron al patrimonio de los Municipios. Recordó que el fuero Federal "declinó su competencia".

Juan Martín Brussino Kain, juez de Garantías de la primera Circunscripción Judicial rechazó un planteo presentado por el defensor Damián Torres, que patrocina a los exintendentes de San Antonio, Javier Iud y Luis Ojeda, y confirmó que la causa Techo Digno continuará en los tribunales provinciales. Una medida similar se conoció días atrás en Roca, firmada por el magistrado Julio Martínez Vivot.

En los últimos días de julio se realizó una audiencia en la capital provincial donde la defensa mencionada planteo que la causa «trata de fondos nacionales, y que una imputación de defraudación sobre rentas nacionales debe ser investigada en la justicia federal» y recordó en ese momento que corresponde a la ejecución de un Programa Federal de Construcción de Viviendas e Infraestructura.

Para la defensa «la presunta víctima de la defraudación es el Estado Nacional. Entendió que el Municipio cumplió el rol de simple ejecutor de aquellos fondos que era enviados desde el Tesoro Nacional».

La Fiscalía, representada por Juan Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli se opuso y recordó que la Corte Suprema de Justicia en 2018 ya había fijado un criterio cundo entendió que «el Municipio no era un mero ejecutor» y que «la circunstancia que los fondos hayan sido transferidos a una cuenta del Banco de la Nación Argentina, de la cual eran de titulares los municipios, no modifica la cuestión».

Agregó también que «el municipio tenía a su cargo no solo la ejecución, la administración, sino también la disposición de esos fondos».

En su resolución Brussino Kain argumentó que «el patrimonio de un ente municipal no solo lo componen sus rentas generales, sino también las cuentas especiales. Esta últimas son cuentas con fondos con fines específicos para la ejecución de determinados actos de administración o de disposición» por eso «desde el punto de vista (o análisis) contable, las cuentas especiales, que albergan fondos con destino específico, pueden nutrirse o proveerse de aportes, subsidios o fondos autogenerados».

Señaló que en este caso se trata de «aportes del Estado Nacional para la realización de obras de construcción (Plan de Viviendas)» y sostuvo que «resulta evidente que los fondos efectivamente ingresaron al patrimonio de los Municipios y por tal, como lo ha interpretado nuestro máximo tribunal federal».

Destacó también que en el devenir del proceso de Techo Digno «no solo se analizó el o los hechos investigados y su consecuente calificación, sino que además se contaba con la información que la causa se originó en extraña jurisdicción (federal) la que declinó la competencia en favor de la provincial, y esta última cuestión no resulta menor, ya que pudo haber generado un cuestionamiento al momento de su recepción, pero no ocurrió».


La historia de la causa


La megacausa ya supera la treintena de imputados, entre exintendentes y actuales jefes comunales, y empresarios.

La investigación se inició en el 2016 pero, tras un paso por la Justicia Federal, volvió en el 2018 a la esfera de los tribunales rionegrinos.

La investigación analiza el uso por parte de intendentes de fondos nacionales para viviendas del Plan Techo Digno. Entre el 2012 y el 2015, un grupo de jefes comunales firmaron convenios con Nación, y esas ejecuciones generaron imputaciones por parte de los distintos fiscales.

Esa nómina comprende a las gestiones de Cervantes, Choele Choel, Bariloche, Godoy, Conesa, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Río Colorado, Fernández Oro, Cipolletti, Campo Grande y Cinco Saltos.

Las acusaciones se fueron extendiendo a los intendentes que sucedieron a los firmantes.


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