Causa macetas: hubo acuerdo para que el exfuncionario de Gaido no vaya a juicio
Fabián Heuberger, exsubsecretario de Espacios Verdes, quedará con pena condicional y deberá pagar una multa. Fue una negociación entre la fiscalía, la querella y las defensas.
Heuberger fue nombrado por Gaido como subsecretario de Espacios Verdes en diciembre de 2019. Foto: archivo.
La causa por negociaciones incompatibles que involucró al exsubsecretario de Espacios Verdes de Neuquén, Fabián Heuberger, y a otros integrantes de la Cooperativa Trabajando Juntos Ltda. (Cotrajun) terminó en un acuerdo. Los imputados evitarán de esta manera ir a juicio y, en cambio, pagarán multas, quedarán bajo prisión condicional o harán trabajo comunitario, según la situación de cada uno.
Buscan resolver con un acuerdo la causa de las macetas de Gaido
Como había anticipado RÍO NEGRO hace dos semanas, hubo un acuerdo entre el fiscal Pablo Vignaroli, el querellante Ricardo Mendaña (en representación del concejal radical, Juan Peláez) y la defensa de los imputados. El juez Cristian Piana lo homologó esta mañana en una audiencia.
La causa investigaba la contratación de la municipalidad, en cabeza de Heuberger, a la cooperativa por el mantenimiento de 60 hectáreas de espacios verdes de la ciudad, la provisión de 20 mesas de ping pong y la compra de unas 1.300 macetas. Los montos por todas las contrataciones alcanzaron los 150 millones de pesos.
La imputación fue por negociaciones incompatibles dado que Heuberger fue tesorero de Cotrajun hasta días antes de asumir como funcionario de Espacios Verdes, cuando le dejó el cargo a María de los Ángeles Salgado, su pareja. Ella fue involucrada como partícipe necesaria junto a Brian Marino, presidente de Cotrajun, y Brian Miranda, secretario de la misma. Según plantearon en la audiencia, la investigación demostró «una comunidad de intereses entre ellos».
Lo que quedó por fuera de la causa fue el perjuicio económico hacia la municipalidad, que nunca se constituyó como querellante para investigar, pues una pericia contable determinó que no hubo defraudación al Estado por no haberse encontrado sobreprecios en las contrataciones.
«El señor Juan Peláez nos expresó la preocupación de que la solución deje en claro la necesidad de la transparencia en los modos de contratación del Estado municipal pero, por otro lado, nos expresó que no tenía un interés en buscar una pena privativa de libertad por entender que esta figura delictiva ya tiene una sanción muy fuerte en la inhabilitación especial perpetua», afirmó Mendaña sobre la posición del denunciante.
«Creemos que esta solución en términos de respuesta punitiva para el hecho es absolutamente justa y adecuada para el caso y separa las responsabilidades», sostuvo.
Por su parte, Martín Segovia, defensor de Heuberger, destacó el acuerdo como «una solución bastante justa y equilibrada» y remarcó que «la negociación no conlleva, en este caso, ningún tipo de perjuicio contra el erario público». Eso quería mi cliente que lo destaque», indicó.
El acuerdo: multas, inhabilitación y renuncias
Fabián Heuberger, exsubsecretario de Espacios Verdes: aceptó que se le imponga una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, la obligación de fijar residencia, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y usar estupefacientes, presentarse trimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada y pagar una multa de 300.000 pesos.
Brian Marino, presidente de Cotrajun: recibió el beneficio de suspensión de juicio a prueba por tres años más la obligación de renunciar al cargo en la cooperativa, no ejercer cargos públicos durante el tiempo de la suspensión y donar 100.000 pesos «en carácter de reparación social» a una entidad de carácter público.
María de los Ángeles Salgado, tesorera de Cotrajun, y Brian Miranda, secretario de la cooperativa: recibieron el beneficio de suspensión de juicio a prueba por dos años y se les obligó a renunciar a los cargos directivos que ejercían en Cotrajun, a no ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la suspensión y que, «en carácter de reparación social», donen 100.000 pesos cada uno a entidades de carácter público.
Las defensas propusieron que las donaciones de los tres imputados que recibieron la suspensión de juicio a prueba vayan a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldán y Heller.
Los tres deberán realizar, además, 192 horas anuales de trabajo comunitario en alguna institución de bien público que no dependa del municipio ni de organismos descentralizados, y presentarse trimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada.
Comentarios