Causa Amia: el juez Lijo desclasificó documentación de inteligencia vinculada al atentado

El juez federal Ariel Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre el atentado a la Amia, en respuesta a una solicitud de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa. Esta acción formó parte de un esfuerzo por «preservar la documentación en riesgo» y asegurar la transparencia en la investigación del atentado.

Lijo ordenó “declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación titulado ‘Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores’”. Este documento, conocido como “Informe Toma”, fue elaborado durante la gestión de Miguel Ángel Toma al frente del área de inteligencia, bajo el gobierno interino de Eduardo Duhalde.

El juez recordó que este informe fue utilizado como elemento de prueba en el primer juicio celebrado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3. Lijo fundamentó la publicidad del documento en las decisiones administrativas de desclasificación, asegurando que el informe posee carácter público.

Además de la desclasificación, el juez Lijo intimó a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional para que cumpla con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto PEN n° 213/20, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández. Este artículo establece la formación de una “mesa de diálogo” en la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de garantizar la transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado contra la Amia, su encubrimiento y delitos conexos.

La mesa de diálogo deberá estar integrada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y representantes del Ministerio Público Fiscal, además de las víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos relacionados con el atentado.

El juez Lijo también atendió las preocupaciones de las querellas sobre la conservación de elementos de prueba recolectados a lo largo de 30 años de investigación. En este sentido, ordenó una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo para analizar las preocupaciones respecto a la conservación de la documentación en función del riesgo edilicio y la adecuación del inmueble para dicho fin. Para esta tarea, convocará a personal designado del Archivo Nacional de la Memoria.

Finalmente, Lijo solicitó a la AFI que arbitre la forma en que el Área de Análisis de la UFI Amia tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación con las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación transferida.

Con información de Noticias Argentinas