Caso Sergio Ávalos: recursos judiciales frenan las indagatorias de los imputados
A 20 años desde que se vio por última vez al estudiante en el exboliche Las Palmas, el proceso sigue empantanado. El dueño debía declarar en marzo, pero pidió la nulidad del llamado.
Sergio Ávalos era estudiante de la UNCo. Fue visto por última vez en junio de 2003, en Las Palmas. Foto: archivo Matías Subat.
Las indagatorias que comenzaron en febrero con el llamado a una veintena de personas acusadas de haber participado de la desaparición forzada de Sergio Ávalos, quedaron suspendidas a poco de haberse iniciado las citaciones programadas en el juzgado federal 2, a cargo de Gustavo Villanueva. El estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) salió a bailar en junio de 2003 y nunca más regresó.
La última vez que se lo vio con vida, fue entre las 5 y las 6:30 del 14 de junio en el exboliche Las Palmas.
El lugar siguió con la actividad nocturna los años siguientes. Tras la pandemia, con un nuevo encargado comercial, se buscó reabrir el local, sin lograrlo.
Veinte personas, entre ellas militares y policías que estaban esa madrugada de 2003 en el boliche, fueron citados bajo la imputación de desaparición forzada de personas.
Incluido un grupo de empleados de confianza de la empresa, que según la fiscalía, hicieron aportes en el proceso de desaparición de Ávalos.
El encargado del boliche y del grupo de seguridad, Patricio Sesnich, fue citado por el juez el 29 de febrero y se abstuvo de declarar. El dueño del lugar, Pedro Nardanone, fue convocado para el 15 de marzo, pero antes de que llegara su turno, planteó la nulidad de su indagatoria y también presentó un recurso para cuestionar la competencia del juzgado federal.
Esta semana, la Cámara Federal de Roca rechazó los dos planteos que el dueño Las Palmas presentó para evitar la imputación y lectura de cargos.
Los abogados de Nardanone apelarían y, mientras se define en Casación, el proceso de citaciones sigue suspendido.
Las indagatorias ya habían comenzado con la suspensión de la cita de dos empleados que lideraban los llamados. Fue porque la Defensa Pública, a cargo de 9 de los 20 acusados, pidió tener acceso al contenido de 5 declaraciones que estaban reservadas porque son de testigos protegidos.
El juez Villanueva accedió a la petición de liberar los expedientes con los dichos, pero sin revelar la identidad de los declarantes o los datos que servirían para la identificación.
La continuidad de las citaciones se volvió a interrumpir cuando el estudio de abogados que defiende a Nardanone insistió en conocer los dichos y la identidad de los testigos que declararon en forma reservada.
Para el 19 de marzo, la Cámara Federal resolvió que los imputados podrán acceder al contenido de las declaraciones, no así a la identidad de quienes hablaron. No solo Nardadone quería saber quiénes testimoniaron en la causa y pidieron reserva de la identidad. También los abogados de los policías y de los militares que están acusados de tomar parte en el crimen.
Militares, policías y empleados de confianza, los imputados
Para la fiscalía federal, todos los citados a declarar por la desaparición de Sergio Ávalos en 2003 tuvieron una participación en el proceso.
Hay más personas solicitadas para la indagatoria, pero el juez definió un listado que está compuesto por 17 hombres y tres mujeres.
«La instrucción se encuentra en pleno desarrollo y no es posible descartar la concurrencia de aquellas circunstancias que fueron tenidas en cuenta para resolverla», recordó la fiscalía federal en un dictamen del 15 de marzo, para oponer el planteo del dueño del boliche, Pedro Nardanone, quien reclamaba por su citación.
Además del dueño del exboliche Las Pamas (donde ahora buscaba abrir el local Sens) y su jefe de custodia y encargado del bailable, Patricio Sesnich, fueron imputados por la fiscalía militares que trabajaban en el lugar y policías de Neuquén. Otros siete citados son empleados y empleadas de confianza de Nardadone y Sesnich. Hay siete integrantes del Ejército y tres policías de la provincia.
Uno de los operarios, defendido por el ministerio público, podría no declarar porque, según las pericias realizadas hasta marzo, no se encuentra en condiciones de entender el proceso. Hay otros cinco equipos de defensores particulares para el listado de los indagados.
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