Caso Seguel: hay tres testigos que avalan los dichos de la víctima

La abogada Angélica Acosta Meza afirmó que hay tres testigos que avalan la denuncia por acoso y abuso sexual que realizó una empleada de planta política contra el subsecretario de Trabajo de Neuquén, Ernesto Seguel, y que ofrecerá en el expediente que tramita en la justicia laboral. Remarcó que además relatarán «otras situaciones» que «dan cuenta de la sistematicidad de esas conductas».

Seguel ingresó a la administración pública provincial de la mano de Jorge Sapag. Así lo recordó el propio exgobernador, y actual presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en 2009 cuando nombró al funcionario secretario de Educación, Cultura y Deportes, tras la salida de Jorge Tobares. En ese momento el sindicato docente ATEN cuestionaba la designación por el pasado sobischista del subsecretario de Trabajo.

«Quiero recordar que en el año 1995 firmé un decreto en el que se incorpora a la administración pública, porque a mí me gustó su personalidad, su actitud, su compromiso y su hombría de bien, así que cualquier etiqueta y rótulo que le quieran poner a Ernesto, que sea referida a ese primer día», dijo en el acto de juramento que se hizo en el espacio DUAM.

Luego de que se publicara la denuncia el viernes pasado, el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, de quien depende Seguel, le ordenó que no concurra a la sede, ubicada en Rivadavia 42 de la ciudad de Neuquén, ni a ninguna oficina del interior, y que «teletrabaje» durante 45 días. Originalmente no había dispuesto más que el cese de los actos de hostigamiento, tal como había resuelto el juez laboral Sergio Cosentino.

El lunes 24 el jefe de Gabinete, Sebastián González, informó que el funcionario decidió tomarse una licencia por 45 días para ejercer plenamente su derecho de defensa. Ese mismo día presentó su renuncia Adrián Urrutia, al cargo de subsecretario de Diversidad por denuncias de maltrato laboral y acoso.

Una paradoja

Meza planteó que aún no fue notificada del expediente en el que tramita el sumario administrativo contra Seguel, lo que la habilitaría a ofrecer prueba allí también. Esto permitiría, indicó, «garantizar el derecho de la víctima a una investigación estatal de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva».

«Sería una paradoja que el Estado, que sanciona leyes que vedan la discriminación o buscan prevenirla, deje igualmente que las personas físicas que lo representan obren en contra de aquellos mandatos normativos», agregó. Sumó que la Convención de Belém do Pará señala el deber de diligencia reforzada en la investigación de casos de violencia contra las mujeres.

Se conjugan dos aspectos clave: uno es la asimetría de poder, ya que el denunciado tiene un puesto jerárquico (con una trayectoria de casi 30 años en el Estado), y el otro es la situación laboral de la víctima, que al no ser una empleada de planta es mucho más vulnerable por su situación contractual.