Caso Rafael Nahuel: hermético vallado en el Juzgado Federal de Roca a horas de la sentencia

El operativo en el Tribunal Oral Federal de Roca es intenso 24 horas antes de la audiencia final. Triplicaron el vallado, habrá manifestación y las querellas están en viaje hacia la ciudad.

Este martes, el edificio del Tribunal Oral Federal de Roca amaneció completamente vallado. Triplicaron el habitual cerrojo con vallas que se mantiene desde el primer día del debate oral por el crimen del joven mapuche, 15 de agosto.

No solo se sumaron estructuras metálicas sino que se amplió el radio de instalación con una cobertura más abarcativa en pleno centro de Roca, lo que supone que también se reforzará la cantidad de efectivos de Policía Federal y de Gendarmería Nacional en el edificio público.

A horas de la sentencia de un caso que ocurrió hace seis años, el tribunal compuesto por los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava deberá dar a conocer su veredicto final luego de los alegatos de las partes quienes solicitaron distintas penas y en el caso de las defensas, la absolución.

Fotos: Juan Thomes

«No fue enfrentamiento, fue asesinato», dice la convocatoria de más de medio centenar de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos que convocaron a movilizar en la jornada de mañana miércoles 29 en la lectura del fallo.

Los preparativos y el gran operativo a menos de 24 horas de la audiencia anticipa que se prevén escenarios de tensión, como ya los había habido con la familia de la víctima y los manifestantes durante las instancias de alegatos del Ministerio Público Fiscal.

Los cinco acusados Francisco Pintos, Guillermo Cavia, Sergio García, Juan Obregón y Carlos Sosa estarán como durante estas 15 audiencias conectados vía remota desde la sede de Prefectura Naval Argentina en Buenos Aires al igual que sus abogados defensores.

Las tres querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y los abogados particulares de la familia Nahuel Salvo ya están viajando hacia la ciudad de Roca para estar presentes mañana en medio de un escenario de cambios y movimientos políticos a nivel nacional.

«La posibilidad de la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación es simbólico de la falta de independencia e ineficiencia en la respuesta de la justicia en este caso. Puesto que si se hubiera resuelto en un plazo razonable y con la verdad, sin la intromisión del poder, Bullrich no debiera tener legitimación política», analizó Sebastián Feudal, uno de los abogados querellantes.

Este miércoles no solo se dará lectura al veredicto del tribunalsino que se podrán escuchar las palabras finales de los imputados. El desenlace es incierto. ¿Qué pena impondrá el tribunal y cómo será la votación?. Lo seguro es que el proceso no terminará este año, ya que por un lado o por el otro, alguna parte recurrirá la decisión.

Caso Rafael Nahuel: de la absolución a la prisión perpetua


Los pedidos de las partes distan abismalmente uno de otro. De la absolución a la prisión perpetua, pasando por el intermedio que fundamentó el Ministerio Público Fiscal, que en nombre de la «objetividad» buscó mediar entre las teorías antagónicas de la querellas y de las defensas.

Los representantes de los prefectos pidieron la absolución. Alegan que la muerte del joven mapuche ocurrió en legítimo cumplimiento del deber y de una orden judicial por lo cual no les cabería responsabilidad penal y por ende, pena.

Rafael Vehils Ruiz prefirió mantener la acusación de primera instancia con un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva, contemplando que hubo un «enfrentamiento armado» entre mapuches y efectivos del que resultó un homicidio en el marco de la «legitima defensa».

El fiscal identificó un exceso, pero lo atribuye a la defensa de un ataque que habría partido del grupo de la comunidad mapuche, apoyado en pruebas químicas que sembraron dudas y en mensajes de texto entre los integrantes de la comunidad, dos días después de ser desalojados en gran medida por más de 300 efectivos policiales.

Lo que une a la teoría de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, es que para ellos la «muerte» del joven se produjo por un casi hecho fortuito. Los albatros reconocieron los disparos pero no el dolo y se encargaron de plantear y graficar con sus abogados defensores un escenario en que ellos fueron las verdaderas víctimas.

En tanto, para las querellas -tres en este caso- los cinco integrantes de la fuerza de seguridad asesinaron al joven mapuche como parte de una intencionalidad y llegaron a concretar un plan criminal que incluyó odio racial y que necesitó de los cinco como coautores. Por eso, para los letrados, merecen la pena máxima, de prisión perpetua.

Para las querellas hubo “homicidio agravado” con Rafael Nahuel como víctima y “tentativa de homicidio agravado” contra Gonzalo Coña, Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González. Coinciden en que el crimen tuvo agravantes por haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la Fuerza de SeguridadAdemás, pidieron que se incorpore el agravante odio racial.


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