Caso Rafael Nahuel: entre la culpabilidad y la absolución, se define el futuro de los albatros
¿Hecho fortuito o plan criminal? A horas de la sentencia de un juicio que se esperó durante años, el desenlace es incierto. El tribunal oral federal de Roca dará su veredicto, pero antes, habrá palabras finales de los acusados.
Se viene la sentencia del caso Rafael Nahuel. Foto: Juan Thomes
A seis años del asesinato de Rafael Nahuel, el Tribunal Oral Federal brindará mañana la esperada sentencia de un caso que se mantiene impune y sin resolución hace años. Una familia de Bariloche sin consuelo y con sed de justicia, está en vilo junto a organizaciones de todo el país quienes aguardan conocer el fallo judicial de uno de los casos ícono de la lucha contra el «gatillo fácil» a nivel nacional.
El cierre del maratónico juicio que ya cumplió tres meses y 13 días será este miércoles 29 de noviembre a las 8:30 en los tribunales de calle España y San Martín, de Roca. No solo se dará lectura al veredicto del tribunal, sino que se podrán escuchar las palabras finales de los imputados; Guillermo Cavia, Juan Obregón, Francisco Pintos, Carlos Sosa y Sergio García.
Las distancias seguirán como marca registrada de un proceso judicial teñido absolutamente por la lejanía de espacio-tiempo. Con un debate oral que empezó seis años después del hecho, a 500 kilómetros de distancia, con imputados a 1.200 kilómetros del lugar donde se los juzga, con 15 semanas de audiencias intermitentes, con ruidos en la comunicación.
También por las idas y vueltas, inconsistencias y vacíos. Un imputado en carácter de autor que luego no fue, un arma homicida que luego no fue. Un relato de los hechos disímil entre las partes, plagado de contradicciones y preguntas sin responder. Con pericias cuestionadas, hechas y rehechas; con fracturas expuestas entre los propios agentes de la propias fuerzas de seguridad federales, Policía y Prefectura; e irregularidades planteadas, así llega a su fin el juicio por el caso Rafael Nahuel.
Y sin dejar de mencionar el trasfondo de conflicto territorial en Villa Mascardi, que le dio contexto y circunstancias a la investigación, pero que a seis años del crimen no tuvo solución y sigue en curso.
Así es como se llegó a la antesala de la sentencia con un amplio abanico de posibilidades para los cinco acusados, servido sobre la mesa tras los alegatos de las partes. Ahora son los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava quienes tendrán en sus manos la decisión final.
Los pedidos de pena distan abismalmente uno de otro. De la absolución a la prisión perpetua, pasando por el intermedio que fundamentó el Ministerio Público Fiscal, que en nombre de la «objetividad» buscó mediar entre las teorías antagónicas de la querellas y de las defensas.
Los representantes de los prefectos pidieron la absolución. Alegan que la muerte del joven mapuche ocurrió en legítimo cumplimiento del deber y de una orden judicial por lo cual no les cabería responsabilidad penal y por ende, pena.
Rafael Vehils Ruiz prefirió mantener la acusación de primera instancia con un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva, contemplando que hubo un «enfrentamiento armado» entre mapuches y efectivos del que resultó un homicidio en el marco de la «legitima defensa».
El fiscal identificó un exceso, pero lo atribuye a la defensa de un ataque que habría partido del grupo de la comunidad mapuche, apoyado en pruebas químicas que sembraron dudas y en mensajes de texto entre los integrantes de la comunidad, dos días después de ser desalojados en gran medida por más de 300 efectivos policiales.
Lo que une a la teoría de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, es que para ellos la «muerte» del joven se produjo por un casi hecho fortuito. Los albatros reconocieron los disparos pero no el dolo y se encargaron de plantear y graficar con sus abogados defensores un escenario en que ellos fueron las verdaderas víctimas.
En tanto, para las querellas -tres en este caso- los cinco integrantes de la fuerza de seguridad asesinaron al joven mapuche como parte de una intencionalidad y llegaron a concretar un plan criminal que incluyó odio racial y que necesitó de los cinco como coautores. Por eso, para los letrados, merecen la pena máxima, de prisión perpetua.
Para las querellas hubo “homicidio agravado” con Rafael Nahuel como víctima y “tentativa de homicidio agravado” contra Gonzalo Coña, Johana Colhuan, Fausto Jones Huala y Lautaro González. Coinciden en que el crimen tuvo agravantes por haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la Fuerza de Seguridad. Además, pidieron que se incorpore el agravante odio racial.
Caso Rafael Nahuel: los pedidos de la defensa
Luego de sus alegatos, el defensor Marcelo Rochetti pidió abrir investigaciones contra las propias víctimas de arma de fuego ese día en la montaña y miembros de la comunidad mapuche -Johana Colhuan y Gonzalo Coña- por presunto «atentado y resistencia a la autoridad» y, también apuntó contra tres peritos de la Justicia de Río Negro.
Pidió al tribunal que los peritos balísticos Silvia Bufalini, Roberto Nigris y Karina Uribe sean investigados por «falsear una pericia» ya que el resultado al que arribaron dio por autor del disparo mortal a Francisco Pintos, pero ese resultado fue desechado por todas las partes y luego refutado dos veces. A esto también deberán dar respuesta los jueces.
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