Caso Rafael Nahuel: entre contradicciones y olvidos, qué pasó el día del crimen según Prefectura
“El uso de armas de fuego es un uso extremo", reconoció uno de los albatros y argumentaron que hubo un "enfrentamiento armado". No faltaron los ruidos en la comunicación remota de los prefectos que fueron interrogados hoy en Roca.
La familia Nahuel Salvo pide justicia desde Bariloche, no pudo llegar a Roca hoy. Foto: Juan Thomes
Hoy los prefectos que estuvieron a cargo de la comitiva enviada a Villa Mascardi tras el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu hace seis años, tuvieron la chance de explicar ante los jueces qué fue lo que sucedió horas antes del asesinato de Rafael Nahuel; por el que 5 de los 20 albatros están imputados.
Entre refrescos de memoria, contradicciones y varios ruidos en la comunicación remota, pasó la tercera audiencia, que se extendió por más de ocho horas y por la que solo pasaron dos testimonios. Así transcurrieron los largos relatos de los prefectos vía Zoom, desde sus casas; mientras afuera el Tribunal Oral Federal de Roca estaba vallado y custodiado por el Comando Unificado de fuerzas.
Declararon hoy Pablo Rubén Berra, jefe del operativo y Eric Fabian Blanco, integrantes de la fuerza hace más de 15 años, y de quienes los cinco albatros acusados eran subalternos.
Según el testimonio de los prefectos, ese 25 de noviembre de 2017 en el kilómetro 2.006 de la Ruta Nacional 40, montaña arriba hubo un “enfrentamiento armado” con armas de fuego por parte de un grupo de personas que tenían “conocimiento de técnicas militares” por los indicios que le daban los puestos de observación, jalonamiento del terreno y barricadas dispersas por la montaña.
“La orden que les di que hagan reconocimiento y detención de las personas en base a la orden que me dio el juez”, dijo Berra quien ese día escuchó por radio que su personal “estaba siendo agredido” y solicitaba apoyo arriba en la montaña.
En su expedición, enviados como patrullas de reconocimiento del terreno, los prefectos habían visto a dos personas en una casilla precaria varios metros cuesta arriba por lo que dieron aviso por radio y se escondieron, pero fueron vistos; lo que habría desatado el «enfrentamiento armado».
Sostuvieron que fueron agredidos con armas de fuego en un “terreno desconocido por ellos” y que por eso usaron sus armas. Al menos dos de los imputados tenían armas Subfusil MP5; según se dilucidó esta tarde en la audiencia al contrastar declaraciones testimoniales y de primera instancia.
“Solicitaban autorización para pasar a la acción agresiva”, dijo Berra y salió él mismo rumbo a la montaña. “Se escuchaban sonidos (a través del handy) entendería yo que eran disparos”, declaró, aunque este martes nadie confirmó haber visto los disparos provenientes del grupo de Nahuel.
“¿Por qué decidieron replegarse?”, preguntó el auxiliar fiscal Juan Manuel García Barrese. “Porque había muchas personas en la montaña. Doy por sentado de que hay un enfrentamiento, no me voy a quedar en contrapendiente esperando a la nada”, respondió Berra por lo cual dio la orden equipo de replegarse para “resguardarse”.
«Temieron por su vida»
Berra dijo que temió por su vida y la de sus hombres ese día, en tanto Blanco, no lo afirmó, solo dijo que sintió una amenaza latente. “Escuche un estruendo. Lo único que se alcanzó a escuchar por radio”, postuló Blanco quien dijo que en un momento fue todo muy confuso.
En las declaraciones de la jornada, no hubo testimonios claros ni detallados sobre cómo se inició el enfrentamiento enunciado, desde donde y quién o quienes respondieron.
“Puntualmente en mis 17 años de carrera (como Albatro) no había tenido preparación en montaña”, cerró Blanco tras la pregunta de la defensora Smith.
La utilización de «armas letales» en debate
“El uso de armas de fuego es un uso extremo, según los protocolos. No se puede usar salvo que se esté poniendo en riesgo la vida de un tercero o de un efectivo”, respondió Blanco ante la consulta de los abogados querellantes.
Gran parte de los interrogatorios pasaron por la utilización de armas de Prefectura, y sus protocolos, a lo que los indagados dijeron hoy que existe un reglamento claro, cuyos lineamientos parten del Ministerio de Seguridad.
Según el protocolo, las armas se usan cuando está en riesgo la vida de un tercero o de la propia persona, para “minimizar el riesgo”, explicó Blanco; quien también respondió que en un hipotético escenario de personas en huida, la prefectura no está habilitada a utilizar armas letales. “Solo disparos de advertencia. Nada dirigido a alguien que pueda dañar”, respondió.
Las armas letales pueden usarse cuando hay una acción ofensiva, un enfrentamiento, agresión física con arma, en ese caso se puede responder con arma de fuego, según aseguraron. En esos casos “se apunta hacia las personas”, pero se hace en busca del “ menor daño posible”; dijeron. “El más antiguo debe hacer una apreciación de esa amenaza y responder a esa amenaza”, dijo Berra.
Ante la pregunta del defensor Marcelo Rochetti, ambos dijeron que no consta en el protocolo hasta cuántos disparos se pueden detonar, el concepto es “hasta que cesa la agresión”, postularon.
“Mi armamento para ese operativo, que me habían asignado era una ametralladora mp5 (…) Depende de las razones operativas o la función que va a cumplir es qué armamento”, explicó Blanco en su declaración, quien ese día solo subió a la montaña al final cuando ya había sucedido el “enfrentamiento”
Por otro lado, Blanco respondió que en muchos operativos portó un arma como MP5 la cual se lleva “donde hay supuesto de enfrentamiento”, lanzó.
Una imagen «grabada» en la memoria
“Cuando nos estábamos por ir después del desalojo, una señora nos maldecía en otro idioma. La señora decía que eran los dueños de la tierra del lugar. Me quedó grabado en la memoria”, comentó Berra en una parte de su relato, consultado por la querella sobre si conocía de qué colectivo eran los involucrados. La señora era de la comunidad mapuche, reconoció.
Qué le ordenó el juez federal a Albatros
En un inicio, los prefectos habían llegado a Río Negro convocados como agrupación Albatros para llevar adelante un “operativo de seguridad”, para la Policía Federal Argentina, fuerza que llevó adelante e desalojo de la comunidad mapuche el 23 de noviembre.
Luego, el juez federal Guillermo Villanueva fue quien le dio la orden a Rubén Berra de proteger el predio, identificar y detener a toda persona ajena -luego de que algunos huyeran tras el desalojo- y de hacer un reconocimiento del terreno, aunque no hubo precisiones sobre el campo de acción de los uniformados.
“Nosotros íbamos a brindar seguridad en el acceso de una ruta nacional mientras la PFA hacía un desalojo en el predio de Parques Nacionales”, dijo Berra. Luego de ese objetivo, se esperaba que retornarán a Buenos Aires. Sin embargo, un grupo -conformado por algunos voluntarios- se quedó en Bariloche por orden judicial de custodiar el predio y tuvieron que permanecer tres días.
Berra dijo que pidió usar un helicóptero por la magnitud del lugar pero no se efectivizó por “cuestiones logísticas”.
Siguen los testigos de Prefectura
Alejandro Nahuel y Graciela Salvo, padre y madre de la víctima no llegaron a Roca para esta jornada, pero la presenciaron por medios digitales en Bariloche, junto a sus abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino.
Para hoy los testigos programados para el día eran cinco pero declararon solo dos ante la longitud y la magnitud. Mañana miércoles será el turno de Francisco Lescano, Daniel Alberto Collar, Martin Brest y Juan Sola.
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