Caso Mandagaray: para los padres de la víctima «en Río Negro la justicia no existe»

Un duro golpe recibieron Antonio Mandagaray y Adriana Fabi, los padres de Gabriel, al escuchar la resolución del Superior Tribunal de Justicia que ordenó una nueva revisión del fallo por parte del Tribunal de Impugnación contra los cuatro policías condenados por el homicidio culposo de su hijo Gabriel.

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El padre sostuvo que «hoy me pongo en la piel de alguien que luchó hasta el cansancio por la muerte de su hijo Atahualpa que se fue de este mundo sin tener justicia», en referencia a Julieta Vinaya, y agregó que «seguiremos por ese camino, yo tengo un poco más de suerte, al igual que mi familia».

Se lamentó por «tener tan cerca a la gente que humilló, torturó y llevó a la muerte a mi hijo; tenerlos tan cerca y no poder hacer justicia como los padres se merecen».

«Lamentablemente hay gente que no se pone en los zapatos de otros» y recordó que con su familia «hemos sido cautos, respetuosos de la ley, nos hemos aferrado a la ley para tener justicia» pero «parece que en Río Negro la justicia no existe, estamos llenos de caos irresueltos; en la ciudad de Cipolletti, en Río Colorado, en Viedma; en todos lados, no hay consuelo y no hay una explicación lógica» agregó.

Por su parte, la madre aclaró que «voy a expresarme como policía» y señaló que «entre las pruebas que se trajeron a este juicio está la pericia de la médica forense que dijo que fue una muerte en custodia y la misma justicia rionegrina en Cipolletti tiene detenidas personas sospechadas, no imputadas; por muertes en custodia».

Apuntó que con el fallo del STJ se está «jugando a dilatar» porque «en este juicio nos dimos el gusto de ver qué testigo íbamos a traer porque todos contaban lo mismo, no se manipuló, no se ensució».

Enfatizó que «puse mi cuota de confianza, pero ya no hay confianza, Río Negro no tiene justicia» y remarcó que «esta es la justicia para la que siempre trabajé, dejé a mis hijos, dejé cosas postergadas por ser auxiliar de la justicia, pero esta es la devolución que tengo».

Damián Torres, el abogado que representa a la familia, sostuvo que «se leyó solo la parte resolutiva, vamos a ver bien lo que dice la sentencia» pero señaló que «volvemos a una etapa anterior, al Tribunal de Impugnación, hay que ver en qué términos lo dice».

Coincidió con sus asistidos que «es una dilación todo esto, primero tenemos que pensar si vamos a ir a la Corte (Suprema), además de todos los organismos de derechos humanos que podamos trabajar de aquí en adelante» y agregó que «genera demoras en el tiempo y habrá que ver si se sostiene para volver al Tribunal de Impugnación. Más allá de lo que suceda nos queda una sensación que nuevamente la justicia ha estado alejada de la realidad de las cosas».

Torres lamentó que «hay que volver al Tribunal de Impugnación para volver a plantear todas las cuestiones y ver qué dijo el Superior Tribunal, si le dio algún tipo de línea o no. Es dilatorio, si tenían algo que hacer lo podrían haber hecho acá, ellos mismos» por los jueces del STJ.

«Es una sentencia que creo que ni a los propios imputados le sirve, porque todo genera demoras en el tiempo» y adelantó que «probablemente este sea un caso que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque va a estar la responsabilidad del Estado en juego. No se terminó acá».

Por último señaló que «hay muchos jóvenes que participaron en el curso y muchos policías que esperaban que cambiara algo a partir de esta sentencia y la Justicia no ha estado a la altura y con la familia seguiremos visibilizando este tema porque tenemos que dejar un mensaje para cambiar».

En tanto que marcó su sorpresa, «por la solvencia de este juicio, pero no me sorprende porque la revisión es parte del proceso, sí me sorprende la dilación; porque en definitiva les da la razón a quienes reclaman que la justicia está alejada de la gente».