Caso Atahualpa Martínez en Viedma: La Corte Suprema cerró definitivamente la causa
El máximo órgano judicial del país desestimó la queja que había presentado por el fiscal Fabricio Brogna. La impunidad quedó sellada y firmada, sin autores por el asesinato del joven Atahualpa en 2008.
La causa se cerró definitivamente, tras la última decisión tomada por la Corte Suprema de la Nación. Foto Archivo: Marcelo Ochoa
La Corte Suprema de la Nación resolvió cerrar definitivamente la causa de Atahualpa Martínez Vinaya, asesinado en 2008 en Viedma, luego de desestimar el recurso de queja que había presentado en octubre de 2020, por entonces el fiscal de cámara, Fabricio Brogna.
Con esta decisión, el asesinato del joven de 18 años ocurrido en la madrugada del 15 de junio de 2008, quedó totalmente cerrado y firme. Esto quiere decir, que así como lo hizo la Justicia rionegrina, la causa pasará al archivo y sin responsables del homicidio.
Este triste hecho que conmovió a la sociedad, tuvo a la familia de la víctima como principal motor para llegar a la verdad. Tuvo dos procesos judiciales, con sus imputados absueltos; el trabajo de una Comisión Investigadora de la Legislatura provincial y el juicio político a la jueza Daniela Zágari por su actuación como la primera fiscal de la causa.
En abril de 2019 se realizó el segundo juicio contra dos de los tres acusados que ya habían sido absueltos en el primer proceso y -tras llegar al misma conclusión- el tribunal decidió remitir al Ministerio Público Fiscal las actuaciones para que determine la posible participación de una persona que fue mencionada varias veces e identificado.
La decisión final de la Justicia rionegrina en 2021 fue pasar las actuaciones al archivo porque no había elementos nuevos que involucraran a esa persona y se puso énfasis que hay prueba que se ha perdido de producir, básicamente pericias de ADN.
Los dos juicios que no tuvieron culpables. Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos fueron los primeros sospechosos del asesinato y llegaron a juicio en octubre de 2014.
Sin embargo, el tribunal formado por los jueces Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán los absolvió porque “no hay elementos que relacionen a la víctima con los acusados”.
Más tarde ese fallo fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia y se abrió la puerta para un nuevo proceso.
Caso Atahualpa: otra vez, todos absueltos
El segundo juicio fue a fines de abril de 2019, Carrasco y Morales Toledo fueron absueltos -Barrientos no fue acusada por la fiscalía- por el tribunal integrado por Carlos Mussi, Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi.
La sentencia absolutoria contuvo serios planteos al accionar de la acusación -que formalizó Hernán Trejo en el debate, a partir de la investigación en la causa de la fiscal Zágari, actuación que derivó en juicio político- porque no llegó a ubicar a los acusados en el mismo lugar donde se vio por última vez con vida al joven, sólo presentó “ciertos indicios” a los que calificó de “ambiguos” e “impertinentes” para la causa, entre otras consideraciones.
Condenaron a Río Negro a pagar $6 millones a la familia por «falta de servicio de justicia»
En diciembre de 2022, la Justicia de Río Negro condenó a la Provincia a pagar 6 millones de pesos a la familia de Atahualpa Martínez por los daños ocasionados por la «falta del servicio judicial», producto de las frustradas investigaciones y procesos señalados.
El juez Contencioso Administrativo, Julián Fernández Eguía resolvió una demanda planteada por familiares del joven, donde solicitaron una reparación por los daños y perjuicios ocasionados porque la “negligencia, omisión y disfuncionalidad del Poder Judicial”.
En su fallo de 52 páginas, el magistrado expresó que en este proceso no se valoró “el daño provocado» a la familia por el fallecimiento del joven sino “los padecimientos sufridos a partir del derrotero procesal analizado y que lleva más de 14 años afectando su cotidianidad y en definitiva sus proyectos de vida”.
En la demanda, hizo referencia a lo ocurrido y resaltan que la Comisión Legislativa concluyó con “una serie de irregularidades detectadas durante el proceso, como asimismo de logística, información y organización de la policía como auxiliar de la Justicia”. Destaca que “del conjunto de operadores judiciales y sus auxiliares se derivo en la impunidad del asesinato”.
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