¿Casi una asociación ilícita o “seres de luz”? Los argumentos alrededor de los pedidos de prisión por la estafa al Ipross
Fiscalía, querella y defensa tuvieron sus palabras finales en Roca. Los cuatro farmacéuticos podrían enfrentar hasta 12 años de prisión.
La audiencia final de la cesura del juicio tuvo testigos durante la mañana y alegatos esta tarde. (Foto: Juan Thomes)
Los cuatro farmacéuticos condenados en Roca por la millonaria estafa al Ipross enfrentan desde este jueves pedidos de entre 3 y 12 años de prisión.
“Esto estaba estudiado. No fue algo improvisado. Requería una organización”, sostuvo la fiscal jefa, Teresa Giuffrida, cuando detalló los agravantes que encontró sobre la conducta desplegada por Sandra Fasano, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró.
Esa planificación “rayana a una asociación con fines delictivos”, la extensión del daño causado (entre el 2013 y el 2019), la formación profesional y la alta responsabilidad que tuvieron los cuatro acusados tanto en el Colegio de Farmacéuticos como en la Confederación Farmacéutica Argentina, además del monto millonario del perjuicio ocasionado, estuvieron entre los elementos que condujeron a los representantes del Ministerio Público hacia el pedido de penas elevadas, dentro del rango de 2 a 12 años establecido para el caso.
Giuffrida explicó que, por haber sido acreditado el concurso real entre los hechos, los condenados podrían haber enfrentado penas de hasta 50 años de prisión, el tope previsto por el Código Penal, o podría haber tomado en cuenta la jurisprudencia que la habilitaba a partir desde el punto medio, para exigir 26 años de prisión, pero que optaron por una escala “ostensiblemente menor”.
De esa manera, pidió 11 años y seis meses para Fasano; 10 años para Caffaratti, 8 años y medio para Mastandrea y 7 años para Mascaró. Para todos reclamó también una inhabilitación especial de seis años para el ejercicio de la profesión farmacéutica y multas de 90.000 pesos.
Ese orden descendente tiene relación con la cantidad de hechos endilgados a cada uno –Fasano 574, Caffaratti 249, Mastandrea 122 y Mascaró 107- además del monto del perjuicio que ocasionó cada uno al Ipross.
La fiscal defendió la pericia contable que actualizó las cifras y negó que se tratase de una indexación, expresamente prohibida, resaltando que las condenas no fueron por el dinero que percibieron de la obra social sino por las maniobras ilegales desplegadas en el sistema de venta de medicamentos.
Giuffrida también remarcó como agravante la consecuencia directa para el Ipross, porque “esta estafa incide en lo que se tiene para comprar medicamentos”.
“Que el perjuicio represente el 45% de lo facturado por todas las farmacias de la provincia en un año es algo importante”, afirmó.
Y también aseguró que “hay varias víctimas indirectas», entre ellos “todos los afiliados a la obra social, el Colegio de Farmacéuticos y aquellos afiliados sobre quienes se usaron sus datos, para cometer estos hechos delictivos”.
Luego de la fiscalía alegó el representante de la Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco.
El querellante adhirió a los conceptos del Ministerio Público, pero tuvo una consideración diferente sobre las penas que deberían aplicarse a los cuatro farmacéuticos. A partir de “la magnitud del daño”, pidió directamente 12 años para todos, además de las inhabilitaciones y multas solicitadas en el turno anterior.
Los argumentos de las defensas
Entre los defensores, el primer alegato lo hizo Carlos Vila, representante de Caffaratti.
“Le agradezco su humanidad, pero acá se arranca del mínimo”, le dijo con ironía a la fiscal Giuffrida, con relación a la decisión de no tomar como parámetros los extremos de 50 años o el antecedente Briones.
Vila cuestionó a los fiscales y al querellante por no dar argumentos explícitos y fundados sobre esos 12 años de tope y dijo que “si existe el principio de proporcionalidad” y “a la luz de los antecedentes, corresponde partir del mínimo legal”.
Su pedido concreto fue de tres años de prisión en suspenso para Caffaratti, siguiendo la pauta del juicio abreviado que propusieron meses atrás, sin éxito.
Patricia Espeche fue la última en alegar, insistiendo en la crítica a las otras partes por no decir desde dónde partían para considerar justa la escala de 2 a 12 años de prisión, además de exaltar las cualidades personales de sus tres asistidos.
Sobre eso, dijo que “los jueces están en una encrucijada” y que lo ocurrido “les impide dictar sentencia”.
Luego rebatió la calificación de “víctima indirecta” para el Colegio de Farmacéuticos, afirmando que, en realidad, la entidad fue “el chasqui para llevar información a los fiscales”, en lo que se constituyó como una “investigación tercerizada”.
Sobre Mascaró resaltó su “regular y normal vivir”, algo alejado de un eventual enriquecimiento; a Mastandrea –siguiendo palabras de una testigo- lo llamó «ser de luz” y sobre Fasano advirtió -también sobre la base del diagnóstico que presentó un médico- que tiene “riesgo de muerte”.
“¿A dónde la quieren llevar?”, preguntó al recordar que en medio del proceso padeció graves problemas cardíacos.
La sentencia del tribunal que los juzgó durante un año exacto se conocerá el próximo jueves, en los tribunales provinciales de Roca.
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