Avanzó la causa de los comedores y fraude en el Potenciar Trabajo: definen el procesamiento de Belliboni

La causa que involucra al Polo Obrero y a su líder Eduardo Belliboni avanza hacia una etapa crucial. El juez federal Sebastián Casanello se prepara para definir si procesa al dirigente, acusado de desviar millones del Estado.

La investigación, llevada adelante por el fiscal federal Gerardo Pollicita, busca esclarecer el destino de los $360 millones recibidos por el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado a través del programa Potenciar Trabajo.

Según publicó Clarín, el centro de la investigación se encuentra el supuesto desvío de $40 millones a una serie de empresas sospechosas. Entre ellas, la imprenta Rumbos, Coxtex, RicoPrint, UrbanGraphics, Carlos Monfrini y Miniso Trade, las cuales podrían haber participado en la emisión de facturas apócrifas para justificar compras inexistentes de equipamiento.

Coxtex es identificada como una empresa fantasma por la AFIP, utilizada exclusivamente para generar facturas falsas. Los nombres detrás de esta empresa, Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, son considerados prestanombres.

El escribano Juan Bautista Darrasaga, involucrado en otros casos de corrupción, habría firmado la constitución de Coxtex. A esta firma, el Polo Obrero dice haberle comprado computadoras y software inexistentes.

Miniso Trade, también señalada por la Justicia, supuestamente vendió notebooks al Polo Obrero. Sin embargo, no tiene domicilio social ni antecedentes en el sector tecnológico. Esta empresa estaría vinculada a ciudadanos chinos y podría haber sido utilizada para desviar fondos.

Por otro lado, RicoPrint, UrbanGraphics y Carlos Monfrini habrían sido contratadas para servicios reales, pero luego redirigieron parte del dinero a la imprenta Rumbos. Este dinero habría financiado la campaña electoral del Partido Obrero, con aportes que suman $18 millones.

Se descubrió que Urban Graphics emitió un cheque de $1.800.000 a Rumbos, y Rico Print hizo lo propio por $269 mil, lo que refuerza la teoría de financiamiento ilegal con fondos estatales.

La causa también investiga denuncias de extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Según las acusaciones, se exigía a los titulares del plan un porcentaje de su subsidio y se les cobraba por los bolsones de comida que el Estado distribuía. Además, se implementaba un sistema de multas para quienes no asistieran a las marchas organizadas por el Polo Obrero.

Beneficiarios del programa presentaron pruebas, incluyendo chats y mensajes, que documentan las presiones para asistir a movilizaciones. Los acusados, entre ellos 27 personas vinculadas a comedores populares como La Carbonilla, Mariano Ferreyra y Rivadavia I, habrían implementado un rígido control sobre los beneficiarios, sancionando a quienes no cumplieran con las directrices del grupo.

El expediente detalló un sistema de sanciones que incluía listas de castigados, multas de hasta $10.000 por ausencia en marchas y la retención de raciones de alimentos. Los beneficiarios debían justificar sus faltas con comprobantes como citas médicas, creando un ambiente de coacción y control sobre los recursos asignados.

Además de Belliboni, la investigación se centra en otros dirigentes como Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, y varios más, quienes integran el Polo Obrero, el Movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Con las pruebas recopiladas, el panorama judicial para Belliboni y sus colaboradores es incierto. La resolución del juez Casanello será un punto de inflexión en una causa que incluyó al Polo Obrero en un entramado judicial complejo y que planteó serias preguntas sobre el manejo de fondos públicos en organizaciones sociales.