Así descubrieron el megaespionaje en la justicia federal que alcanzó a la jueza de Lago Escondido
Por lo menos 84 magistrados federales de todo el país fueron espiados de manera ilegal por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de accesos al Registro Nacional de las Personas. En la región, alcanzó a la jueza Silvina Domínguez, relacionada a las causas de Lago Escondido, también conocida como Los Huemules, y Villa Mascardi.
El centro de monitoreo de la Policía de la CABA (Gentileza: CELS)
Entre 2019 y 2022 se produjo «una migración en cantidades exorbitante de datos biométricos desde el Registro Nacional de las Personas hacia el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». El acceso a la información privada de ciudadanos «parecería no tener una justificación racional», por lo que «podría calificárselos de ilegales», o sea, espionaje ilegal. Los datos podrían haber sido derivados a otras áreas, con fines que por ahora se desconocen. Esta situación es la que alcanzó a la jueza Silvina Domínguez, relacionada a las causas de Lago Escondido, también conocida como Los Huemules, y Villa Mascardi.
Megaespionaje en la justicia federal: la jueza de Lago Escondido es una de las víctimas
Según la denuncia de la Procuración de Investigaciones Administrativas, radicada en el juzgado de Ariel Lijo, entre ese mar de consultas sin respaldo judicial se accedió a los datos de «personas públicas (por su trayectoria laboral, política, artística, judicial, etc), de las que se desconoce públicamente que hayan estado involucrados en hechos de prevención policiales desde el año 2019 a la fecha».
Cuando se pasó el tamiz fino sobre los nombres investigados ilegalmente, aparecieron el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner, el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, la presidenta del Pro Patricia Bullrich, la referenta de la Coalición Cívica Elisa Carrió, los empresarios Carlos Bulgheroni, Marcos Galperín, Paolo Rocca, entre muchísimos otros dirigentes políticos, sindicales y sociales, así como empresarios y periodistas de todo el arco político.
Ahora se sabe que también revisaron ilegalmente los datos de la jueza federal Silvina Domínguez, quien tuvo a su cargo las causas de Villa Mascardi y Lago Escondido, y del defensor federal Pablo Matkovic, de activa participación en defensa de los derechos humanos.
La metodología del espionaje ilegal
Según la denuncia penal que presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el gobierno de la CABA, el ministerio de Seguridad porteño encabezado por Marcelo D’Alessandro aprovechó un convenio firmado con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para acceder a la base de datos.
Quien solicita la información debe hacerlo motivado, y establecer una conexión cifrada por lo que queda registrada su IP, número de documento, horario y resultado de la consulta.
La investigación de la PIA «tuvo siempre como norte dilucidar si aconteció un proceder irregular por parte de funcionarios públicos nacionales a la hora de ejecutar o no controlar la ejecución del convenio marco que habilitaba, en este caso, al Ministerio de Justicia del Gobierno de la CABA a acceder a la base de datos del Renaper».
Espionaje ilegal: «Cantidades exorbitantes de datos»
Se determinó que «existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio y/o la Policía de la CABA (…) Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos», y que van de 2019 a 2022.
«Durante más de 3 años de vigencia del convenio (entre la CABA y el Renaper), se consultó y envió información: en 2019 por 2.563.190 registros; en 2020 por 5.420.590 registros; en 2021 por 6.969.878 registros y en lo que se informó de 2022 (agosto inclusive) por 3.367.330 registros«.
Espionaje ilegal: diez millones de veces
«Concretamente, según se puede concluir a partir de la información suministrada por el Renaper, el Ministerio del GCBA habría obtenido de las bases de datos información sobre personas en más de diez millones de veces, valiéndose del convenio en cuestión», afirmó la PIA en su denuncia.
Las consultas fueron ilegales, ya que según el convenio, «sólo podía efectuarlas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública».
Para más datos, añadió que «del listado aportado por el Renaper en cuanto a las consultas que el Ministerio de Seguridad del GCBA había efectuado en el marco del convenio, las judicaturas intervinientes efectuaron un tamiz que permitió advertir rápidamente personas públicas (por su trayectoria laboral, política, artística, judicial, etc), de las que se desconoce públicamente que hayan estado involucrados en hechos de prevención policiales desde el año 2019 a la fecha o que se haya encomendado desde el Poder Judicial o el MPF efectuar tareas que ameriten la compulsa de ese registro por parte de la cartera ministerial mencionada».
Espionaje: por qué se entiende que hay acceso ilegal
La PIA lo dijo sin ambagues: «el acceso/consultas a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio del GCBA en el marco del citado convenio parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales. Al no tener un motivo legítimo tornaría el acceso en ilegal».
Esto «permitiría avizorar la utilización de esos datos obtenidos ilegítimamente para un fin diferente al que originariamente se autorizó. Esa utilización comprendería la comunicación de estos datos a otras áreas de gobierno con fines diferentes al convenido entre el Renaper y la cartera ministerial del GCBA».
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