Aseguran que los estafaron con el alquiler y que la policía los desalojó sin autorización judicial en Roca
El violento desalojo ocurrió el 2 de junio y la mujer denunció al personal policial por "vejaciones". Desde la fiscalía aseguran que no hubo ninguna orden para llevar adelante esa medida.
Roxana Escobar y Carlos Cortéz denunciaron que fueron desalojados por la policía sin orden judicial. foto: Alejandro Carnevale.
Roxana Escobar y Carlos Cortéz denunciaron a efectivos de la Comisaría Tercera por llevar adelante un operativo de desalojo sin autorización judicial, tras ser estafados con una vivienda que alquilaron en el barrio de las 827 Viviendas, de Roca. Desde la fiscalía rechazaron cualquier medida judicial extrema contra el matrimonio que ahora exige la devolución de los bienes que les fueron incautados ya que solo les restituyeron una parte.
La pareja de 37 y 39 años vivió una verdadera odisea cuando el 27 de mayo decidieron alquilar un departamento en Kennedy 733 , segundo piso C, del barrio de las 827 Viviendas de Roca que se encuentra ubicado en las inmediaciones de calle San Juan. Lo hicieron a una persona que les entregó las llaves pero no firmaron ningún contrato y como contrapartida del dinero que hicieron efectivo sólo les dieron un recibo. El contacto había sido a través de la redes sociales y tras la transacción no volvieron a verle la cara.
Pero la alegría de la nueva casa les duró poco porque cuatro días después se presentaron funcionarios del IPPV y les aseguraron que habían usurpado la vivienda que pertenecía al organismo provincial. La denuncia se hizo efectiva luego en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de la doctora Belén Calarco quien como suele suceder en este tipo de situaciones, ordenó una consigna policial para evitar que nuevas personas ingresen a la vivienda.
«Nos mandaron a llamar a la fiscalía por una negociación habitacional. Pero no se nos entregó nada sólo era para que abandonemos la casa y después no nos dejen entrar«, dijo Cortéz, quien aseguró que en ningún momento tuvieron en cuenta la situación en la que se encontraban ni la estafa de la cual habían sido víctimas.
A partir de esa medida, solo Roxana quedó en el interior del departamento ya que a su pareja no se le permitió ingresar nuevamente y diariamente recibía los alimentos que le acercaba algún familiar o bien su propio compañero.
«Violencia de género»
Pero la situación de mayor violencia se vivió el 2 de junio cuando una mujer que pertenece a la Comisaría Tercera pidió ingresar a la vivienda con la excusa de notificarla sobre una medida. «Apenas abrí la puerta ingresaron y uno de los policías me pegó una trompada en el pecho. Yo estaba por entrar a la ducha y sólo tenía un camisolín. Me esposaron y me llevaron a la comisaría y ni siquiera me dejaron poner la ropa interior«, comentó indignada la mujer.
Allí la encerraron en el sector de calabozos y le hicieron compartir pasillo con otros presos varones. «Un señor que estaba en otra celda me dio una frazada para poder cubrirme«, dijo la mujer quien agregó que estuvo tras las rejas desde el mediodía hasta las 21 horas sin ningún tipo de asistencia.
«Fue un claro hecho de violencia de género y por eso hicimos la denuncia», contó Roxana en diálogo con este medio.
Relató que si bien el IPPV les devolvió algunas de sus pertenencias, todavía falta que les entreguen dinero, calzado, un calefactor y varios objetos que no aparecen porque les desalojaron la casa sin hacer siquiera una relevamiento de los bienes que le secuestraron.
Qué dijeron desde la fiscalía
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que en ningún momento la fiscal Belén Calarco ordenó una medida de desalojo del vivienda del barrio de las 827 Viviendas y tampoco lo hizo ningún juez. Pero sí explicaron que con respecto a este tema hay tres legajos en curso.
El primero es la investigación por una supuesta usurpación, el segundo por el delito de vejaciones que presentó la víctima tras salir de la Comisaría Tercera y la última es una denuncia fue de la propia policía por resistencia a la autoridad.
«No hubo una orden de desalojo forzoso eso sólo lo autoriza un fiscal o un juez. Cuando se informó que la señora estaba detenida y como no había ninguna medida en su contra se ordenó su inmediata liberación», explicaron desde la Fiscalía.
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