Amplían los cargos a la exintendenta Martini por la causa Techo Digno en Bariloche

El juez Ricardo Calcagno dispuso la reformulación de cargos contra la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini, Alberto Usandizaga, el presidente de la empresa Alusa, y Juan Armando Castelli, el presidente de Oriente Construcciones, por fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta en relación al programa federal de construcción Techo Digno.

Martini también fue acusada por el delito de peculado. A su vez, se amplió la formulación de cargos al exjefe de la obra del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas (durante la gestión de Martini), Alfredo Milano.

Durante la lectura de la acusación que se extendió por casi tres horas, los fiscales Martín Lozada y Guillermo Lista detallaron el alcance del convenio para la construcción de viviendas que suscribió el municipio de Bariloche -que estaba a cargo de Martini- con la Secretaría de Planificación de Nación.

El programa Techo Digno establecía que el municipio ejecutaría la obra y el gobierno nacional brindaría el financiamiento. Dos de estas licitaciones fueron adjudicadas a la firma Alusa y otra tres, a Oriente, para la construcción de 373 viviendas en una primera etapa y, 495 en una segunda.

«Había obligaciones para la exintendenta: debía respetar la documentación y las especificaciones técnicas, abonar mensualmente a la empresa contra la certificación de avance de obra emitida por el mismo municipio. Con el último certificado de avance de obra, debía efectuar la rendición de cuentas para proceder al cierre financiero de la obra», puntualizó Lozada.

En un primer momento, el Municipio de Bariloche recibió 117 millones del gobierno nacional para la construcción de las 373 viviendas. Cuando los inspectores del IPPV realizaron una auditoría de las obras, verificaron que el avance real era de un 56% y no de un 78%, como habían emitido en los certificados de obra (que permitieron dar inicio al trámite administrativo en la municipalidad para avanzar en el pago correspondiente).

En otro caso, Martini abonó a Alusa 27 millones pesos -equivalente a un avance de obra del 71%- aunque los inspectores del IPPV verificaron que el avance real era de un 51%. Los fiscales detallaron también otros tres casos con la misma maniobra.

«La intendente pagó en exceso conociendo el estado real de las obras. Sabía que el estado de la obra que había sido certificado no era el que, en realidad, detentaban. No podía desconocer el estado real de las viviendas. Por eso, decimos que Martini generó un perjuicio patrimonial al erario público municipal y produjo un beneficio patrimonial a la empresa», planteó Lozada.

Consideró que Martini «se valió del aporte de los ingenieros Usandizana y Milano que confeccionaron y firmaron los certificados que daban cuenta de un estado de las obras más avanzado de lo que, en realidad, las obras se encontraban«.

Lozada destacó que tanto Usandizaga como Milano -inspector de obra contratado por el Instituto Municipal de Tierras- participaron «en el delito perpetrado» ya que «efectuaron un aporte necesario y sustancial al plan llevado a cabo por la exintendente para que la Municipalidad pagara en exceso a la empresa constructora».

Ambos tenían a su cargo la evaluación periódica del avance de las obras y de hecho, suscribieron una decena de certificados de obra. «Mediante esas certificaciones dieron falsamente cuenta de un avance de las obras ficticio«, advirtió Lozada al tiempo que destacó la experiencia de ambos como contratistas de obras.

En relación a Juan Armando Castelli, el presidente de Oriente Construcciones, Lista explicó que «tuvo a su cargo las mediciones y visados de las obras». «Castelli visó los certificados de Milano y Barroetaveña a sabiendas de que esas certificaciones no se ajustaban al estado real de las obras. Las mismas daban cuenta de un estado más avanzado de lo que presentaban«, puntualizó Lista.

El rechazo

Los abogados defensores Sebastián Arrondo, Diego Perdriel, Juan Pablo Álvarez Guerrero y Carlos Aiassa se opusieron a la reformulación de cargos. «Si usted, señor juez, toma el auto y visita los barrios, las viviendas no solo están terminadas sino ocupadas. No puede haber fraude. Las viviendas están allí: ya están en poder de los adjudicatarios», manifestó Aiassa.

En tanto, Álvarez Guerrero cuestionó que se investiga un hecho que ocurrió diez años atrás. «La fiscalía ya pidió cuatro prórrogas. Hoy estamos en el último día en que se vence la última prórroga y, no estamos en la audiencia de control de acusación sino que estamos al principio: en la reformulación de cargos«, dijo.

Qué dijo Martini

«Entendí pero no lo comparto«, manifestó la exintendenta cuando el juez le consultó si había entendido la acusación.

«Lo que hoy siento es indignación. Lo que antes fue incertidumbre, hoy es la certeza de tratar con un aparato judicial con un disparatado interés político al que, tarde o temprano, habrá que encontrar nombre y apellido», dijo Martini ante Calcagno.

Consideró la acusación fiscal como «indignante» e insistió en «una voluntad persecutoria con fines no declarados«. La legisladora cuestionó que «no hay pruebas» y lo atribuyó a «un estilo propio de estos tiempos».

«Es una causa que no consiste más que en palabras sin testigos ni constancias. Hace ocho años de esta causa; mientras tanto, una vez más estoy aquí sentada sin encontrar nada que no esté ceñido a lo que la ley manda. Jamás usé fondos públicos en mi propio beneficio o en beneficio de alguna empresa. ¿En qué pudiera haberme beneficiado?», afirmó.

Dijo sentirse «seriamente afectada por esta siniestra burocracia que lleva tiempo castigándome con mi falta total de responsabilidad en los presuntos delitos que se mencionan. Niego los hechos que se me imputan«.