Ambiciosa proyección de juicios por jurados en Río Negro para el 2024
El titular de las Oficinas Judiciales de Río Negro, Fabián Mitidieri, aseguró que están en condiciones de realizar un debate por mes en cada circunscripción. Dependerá de la demanda del Ministerio Público Fiscal.
Fabián Mitidieri está a cargo de fiscalizar la diagramación de audiencias de toda la provincia. Foto: Gentileza
La pandemia y la adaptación del Ministerio Público Fiscal al Código Procesal Penal que se promulgó en 2017 demoró la puesta a punto de los juicios por jurados en la provincia, una de las herramientas de mayor participación y democratización del Poder Judicial a la ciudadanía.
Desde el nuevo paradigma acusatorio se realizaron 15 debates juzgados por ciudadanos, ocho de ellos en este 2023 lo que ya demuestra un avance importante en la logística del Poder Judicial.
Desde el área de Oficinas Judiciales redoblaron la apuesta y aseguran que el sistema está capacitado para organizar un juicio mensual por circunscripción en 2024. Dependerá de la tracción de la fiscalías que tienen a cargo la investigación penal, pero podría realizarse alrededor de 40 juicios por jurados entre las cuatro cabeceras que tiene Río Negro.
Fabián Mitidieri, director de Oficinas Judiciales, brindó detalles a Diario RÍO NEGRO sobre la estructura que hoy tiene el organismo y la proyección para 2024.
Aseguró que a la fecha se planificaron 16 debates, y sólo uno se cayó por un acuerdo entre las partes.
“El juicio por jurados es una gestión administrativa muy compleja y costosa, pero yo creo que hasta un debate por mes por circunscripción se podría realizar. Estaríamos preparados. La gestión demanda mucho trabajo, pero podríamos alcanzar esa cifra”, indicó el ingeniero a cargo de diagramar la agenda de todos los jueces y juezas de la provincia.
La participación
Mitidieri manifestó que hay que reforzar la participación ciudadana. Actualmente la respuesta ronda el 50%, por eso ya se hicieron tres procesos de preselección.
“El ciudadano al principio es como que tiene miedo, pero se va muy conforme con la participación. Eso ocurre en todas las provincias que tienen este sistema.
Se van con la sensación que hicieron algo importante”, aseguró. Pero también reconoció que “falta un poco de compromiso de la ciudadanía de responder a las notificaciones”.
Costos y decisiones
Los 15 juicios por jurados que ya se hicieron en Río Negro desde que se implementó el sistema costaron un millón de pesos promedio. Salvo en el primero que se hizo en Bariloche el resto terminaron con veredictos de culpabilidad. Sin embargo, el costo también pone el foco en la política de la fiscalía que, a veces, no consigue los resultados esperados.
El último juicio por jurados que se hizo en Cipolletti y que terminó con una pena de cuatro años de prisión para el condenado adquiere otra significación después de revelarse el costo. Se gastó un millón de pesos en toda la logística, los traslados, los 16 jurados populares, la alimentación e insumos. Ese número deja afuera el pago a los jurados que no trabajan en relación de dependencia y el salario del juez o jueza técnica, de la enorme cantidad de fiscales que asisten y de la defensa pública para los casos en los que interviene.
La pelota, una vez más, queda en las oficinas de Yrigoyen y Villegas de Cipolletti donde se fija la política criminal de la fiscalía. Es el Ministerio Público el qué decide qué investigaciones persigue y qué lleva a juicio por jurados, a un tribunal técnico o a una salida alternativa al conflicto.
Para que el legajo se juzgue con esta herramienta, la fiscalía tiene que pretender una pena mayor a 12 años. Fue el caso de David Fernández, hallado culpable por el homicidio en riña de Christian Valdebenito.
No todo salió tal lo esperado en ese juicio ya que el jurado escogió una calificación alternativa, la del homicidio en riña. Y a la jueza técnica le aplicó una condena de cuatro años de prisión. La escala por ese delito es de dos a seis años y Fernández no tenía antecedentes.
Ese mismo caso, ante un tribunal técnico, podría haber terminado con mayor pena por homicidio simple, sin costo alguno para el Estado. O resolverse mediante un juicio abreviado.
Para la fiscalía de Cipolletti fue un gran golpe el caso Fernández. En ese juicio tres fiscales experimentados no lograron convencer al jurado popular de su teoría. Del otro lado, el defensor particular César Massetta, recibido en prisión y con varios antecedentes, supo interpretar por dónde iba la decisión.
Estadísticamente, Cipolletti y Bariloche son las circunscripciones que más juicios por jurados realizan, aunque Roca es la que más grande porque abarca desde Allen hasta Río Colorado. ¿Hay criterios disímiles entre las fiscalías? Evidentemente eso sucede.
Hace unas semanas, y a contrarreloj, se logró frenar un juicio por jurados que involucró a un policía de Catriel, detenido por violencia de género.
El debate corría la misma suerte que el de Fernández y la fiscalía pudo conseguir un abreviado parcial, horas antes del inicio.
Las personas sorteadas ya habían sido citadas a la audiencia de selección y a último momento, incluso la noche anterior, el personal de la Oficina Judicial de Cipolletti se encargó de cancelar la citación de un centenar de ciudadanos. Algunas decisiones no sólo ponen en juego la credibilidad del sistema, sino que le demandan al Estado mayores costos económicos.
El único veredicto de no culpabilidad
De los 15 juicios por jurado que se realizaron en Río Negro sólo un veredicto de inocencia, fue justamente el primero, en Bariloche.
En marzo de 2020, dos semanas antes de la irrupción de la pandemia en Argentina, el jurado popular declaró no culpable a Marta Dina Valle, acusada de matar a su pareja Fernando Huenuqueo. Fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. De forma unánime y tras seis horas de deliberación el jurado emitió su resolución. Los 14 juicios siguientes en la provincia fueron con veredicto de culpabilidad.
Comentarios