Allanaron a dirigentes sociales, acusados por el Gobierno de extorsión a beneficiarios de planes

La medida fue dispuesta por la Cámara Federal porteña, a raíz de una denuncia del Ministerio de Seguridad por las llamadas recibidas a la línea 134.

La Cámara Federal porteña ordenó realizar 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales, los cuales fueron denunciados por el Gobierno de Javier Milei. Los organizaciones sociales están acusadas de haber extorsionado a beneficiarios de planes para que acudieran a marchas o entregaran parte de los ingresos que cobraban del Estado.

En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo, relató una fuente oficial que trabaja en el caso.

Los allanamientos los dispuso la Sala I de la Cámara, que hizo lugar a un pedido del fiscal del caso, Gerardo Pollicita. Firman el fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Pollicita le había solicitado la medida -además de una serie de detenciones- al juez de la causa, Sebastián Casanello, que el 19 de abril entendió que era prematuro disponerlos. Pollicita apeló. La Cámara revocó esa decisión del juez e hizo lugar a lo solicitado por el fiscal.

En los últimos días, el juzgado de Casanello, que tiene delegada la instrucción del caso en la fiscalía de Pollicita, avanzó con los allanamientos con total hermetismo. También la Cámara había considerado que era peligroso que lo dispuesto tomara difusión y ordenó expresamente en su fallo “mantener la reserva” para que no se frustraran las medidas. Por eso, si bien el fallo se firmó el jueves pasado, se conoció recién hoy.

Los allanamientos fueron en domicilios particulares de personas cuyos teléfonos buscaba la Justicia y en diferentes sedes de comedores populares identificados como “Rivadavia I”, “La Carbonilla”, “Mariano Ferreyra”, “Kuña Guapa” y “Caminos de Tiza”. También en depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas, de acuerdo con el fallo de la Cámara.


Allanaron a dirigentes sociales, acusados de extorsión: el comunicado del ministerio de Seguridad


El Ministerio de Seguridad difundió esta mañana un comunicado en el que dio cuenta de los “27 allanamientos” y precisó: “Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo ObreroMovimientos Barrios de Pie Frente de Organizaciones en Lucha”.

La denuncia del Gobierno fue en base a los reclamos recibidos en la línea 134, habilitada el 19 de diciembre pasado por el Ministerio de Seguridad para recibir denuncias de amenazas, aprietes o extorsiones. Según informó el Gobierno, recibieron más de 20.000 llamados en menos de una semana.

En su fallo, la Cámara recordó que “se denunció la recepción de diversos llamados en la línea 134, con el objeto de que se investigue la conducta presuntamente ilícita de quienes, actuando como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

En la causa se investiga además cómo se canalizaron los supuestos fondos ilícitos obtenidos vía extorsión. Para eso, se levantó el secreto fiscal respecto de los acusados. Según la hipótesis del fiscal, el dinero se habría canalizado a través de cooperativas, pero se desconoce su destino final.

Con información de La Nación


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