Allanan el IPPV en Bariloche: investigan la venta irregular de viviendas sociales

Los fiscales Martín Lozada y Tomás Soto se presentaron esta mañana en las oficinas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), a metros de la estación del tren en el este de Bariloche, a fin de solicitar información acerca de una presunta venta irregular de viviendas sociales. En la diligencia, intervino personal del Escuadrón 34 de Gendarmería.

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Al ser consultado sobre el allanamiento, Adrián Otero, asesor legal del IPPV, aseguró que «el fiscal ha indicado que solo se trata de un pedido de documentación. De todas formas, toda la información vinculada a las viviendas suele ser remitida al sector de Gestión y Viviendas en Viedma».

Reconoció que «hasta donde sabemos, la causa surge por iniciativa de investigación del Poder Judicial. El año pasado, con la interventora (Inés Pérez Raventos) habíamos realizado una denuncia por algunas cuestiones que habíamos detectado en Bariloche», explicó Otero a RÍO NEGRO.

Durante el procedimiento, Lozada se comunicó telefónicamente con Otero. «Se trata de una investigación propia de la Fiscalía respecto a una negociación entre particulares. No sabemos si se trata de viviendas ya entregadas o futuras viviendas. Quienes acceden no tendrían los requisitos», recalcó el subsecretario Legal del IPPV.

Aclaró que «no tenemos mucha información, pero se investigaría la falta de requisitos para acceder a una vivienda y una negociación por fuera del instituto».

En este sentido, advirtió que el IPPV lleva adelante convenios con entidades intermedias. «Nos dan los nombres de los futuros ajudicatarios. No es que los pone el IPPV que solo controla que se cumplan con las condiciones», dijo.

Este diario consultó si esta causa judicial está vinculada a un proceso administrativo que lleva adelante la Junta de Disciplina en relación a «sumarios abiertos» a agentes de la Delegación Bariloche del IPPV. «Entiendo que no. Hay sumarios no solo en Bariloche y tienen que ver con otros temas. Por lo que me ha manifestado el fiscal, en principio, esto es por trámites entre particulares», recalcó Otero.

Advirtió «no quiere decir que después pueda haber empleados implicados por otros hechos. Entiendo que son temas distintos, pero lo tendrá que investigar la justicia. Estamos a disposición».