Alberto Fernández se justificó tras ser imputado por irregularidades en la contratación de seguros
El expresidente aseguró en un documento que su intención fue terminar con la intermediación, hacer la contratación de manera directa y terminar con un esquema impuesto por el gobierno de Mauricio Macri, a quien responsabiliza por "pérdidas" por $5.300 millones.
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Alberto Fernández publicó este jueves un documento donde justificó la firma del contrato entre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES y Nación Seguros para dar cobertura a los saldos de los créditos que recibían jubilados y pensionados. Esta tarde, el expresidente fue imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación.
El escándalo se desató tras una auditaría de la Anses durante la gestión de La Libertad Avanza. Allí se conoció que por el acuerdo se vieron favorecidos brokers que habrían cobrado comisiones por encima del mercado.
Las sospechas sobre esa operatoria se acrecentaron tras las decisión del despedido titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, de anular ese contrato, que permitió generar un negocio del orden de los 20 mil millones de pesos anuales, y que dejaba en comisiones unos 300 millones de pesos mensuales.
Esa trama de contrataciones que son investigadas por la Justicia fue revelada por el diario Clarín el pasado fin de semana y derivó en una denuncia del Gobierno a través de la Oficina Anticorrupción en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Implica al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y también a Alberto Fernández. Al exmandatario se lo acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder.
Alberto Fernández se justificó tras ser imputado: responsabilizó al gobierno de Macri
Por su parte, Fernández explicó en un escrito de cinco páginas cómo fue la operatoria, intentando despegarse de las acusaciones. Según lo investigado por la administración actual, cada uno de los organismos al contratar un seguro recomendaba a un broker de confianza y para ello necesitaba de un intermediario, que se llevaba una comisión tres veces superior a la regía en el mercado. Allí aparecen como intermediarios Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero y otro broker, Héctor Martínez Sosa, casado con una ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
El decreto de Fernández, el número 823 del año 2021, obligaba a los entes públicos a contratar a Nación Seguros. Fue mediante esa mecánica que surgieron los gestores sospechados. Según contó Fernández en una entrevista con el diario La Nación su intención fue terminar con la intermediación, hacer la contratación de manera directa y así modificar el sistema que había implementado antes Mauricio Macri.
Entre los antecedentes, Fernández cita que con Macri en 2018 “el FGS (NdeR: Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES) en ese momento decide terminar con el esquema de seguros y opta por un esquema de “autoseguro”, el cual consistía en determinar actuarialmente una prima para incluir en el monto de la cuota de los créditos a efectos de mitigar (compensar) el riesgo de fallecimiento que retenía el FGS como prestamista. Esta prima se cobraba a los beneficiarios en concepto de gasto administrativo, aunque en realidad el FGS no incurría en un gasto de ningún tipo, era parte de los ingresos que cobraba con la recaudación de las cuotas”.
”El esquema de autoseguro es un mecanismo por el cual el FGS retiene el riesgo de fallecimiento originado en la operatoria de los créditos ANSES y cobra una sobretasa (la “prima”) con el objeto de mitigar este riesgo”, especifica.
En el escrito remite a 2017 cuando se decide implementar “un procedimiento de cobertura adecuado ante el riesgo de fallecimiento de los tomadores de créditos dentro del Programa Argenta”. Un años después ese programa cambió de nombre y pasó a denominarse “Créditos ANSES” y se “decidió descontinuar la contratación del seguro por fallecimiento de los saldos deudores a Nación Seguros SA, reemplazándolo por un esquema de autoseguro”.
De acuerdo a su interpretación “durante la vigencia del esquema de autoseguro el FGS realizó pérdidas acumuladas en el orden de los $5300 millones, concentrándose estas en los años 2020 y 2021. Solamente el año 2019 resultó superavitario”.
También señala que “tal como se detalló en los antecedentes la Resolución 155-E/2017 (plenamente vigente hasta el día de hoy) preveía como parte de las condiciones particulares de los créditos (Anexo III) que estos incluirían la contratación de un seguro de vida”.
”No sólo esto no se cumplió durante la vigencia del esquema de autoseguro, sino que además el FGS cobraba la prima del esquema como parte de supuestos gastos operativos que no eran tales (pues de hecho no había un gasto que trasladar a los beneficiarios del programa), siendo que además no tenía una autorización legal para operar como entidad aseguradora bajo las Leyes N° 17.418 y N° 20.091 y cobrar primas de seguro. Además, el FGS no tenía dentro de sus actividades de inversión permitidas (reguladas en la Ley N° 24.241) la realización de operaciones de autoseguro de ninguna índole”, agrega.
Fernández también desestimó que lo cobrado por Nación Seguros haya sido “un 40% más de lo que se estila en el mercado” y remarca que las primas de los seguros que se contrataron es superior debido a que “la edad de los potenciales tomadores es mucho mayor y por lo tanto mayor es su riesgo de fallecimiento”. Detalla que para establecer el costo “no existe un mercado relevante para comparar la prima del seguro colectivo en cuestión, teniendo en consideración que las entidades financieras típicamente restringen la edad máxima de las personas que pueden acceder a créditos personales y, por lo tanto, no realizan préstamos a personas de edad tan avanzada como la del universo de Créditos ANSES”. En ese sentido aclara que los créditos se otorgaban a jubilados y pensionados de hasta 92 años.
En el final de su explicación, el exmandatario indicó que “la ANSES no podía realizar una contratación en la que hubiera algún tipo de compulsa de precios entre distintos oferentes potenciales del seguro” de acuerdo a lo que marcaba el decreto 823/2021, que tenía una validez de un año a partir del 3 de marzo de 2022 “pudiendo prorrogarse por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial” y que la propuesta fue elevada por Nación Seguros en medio de la pandemia de Covid 19 y que por ese factor era más difícil “con la incertidumbre respecto del comportamiento futuro de la tasa de mortalidad” establecer “su impacto sobre todo en sectores vulnerables como personas de avanzada edad y/o con comorbilidades”.
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