Admitió su responsabilidad en 40 estafas con lotes y casas del IPPV en Bariloche
Norberto Gutiérrez admitió su responsabilidad en 40 estafas y en una audiencia del juicio abreviado, el fiscal pidió 6 años y 6 meses de prisión.
Norberto Gutiérrez cumple prisión preventiva desde finales de junio pasado en el Penal 3. Foto: archivo Marcelo Martínez
La investigación por las estafas con la venta de lotes, viviendas del IPPV y hasta licencias de remís llegó al final porque el principal imputado, Norberto Gutiérrez, reconoció ante los jueces Juan Martín Arroyo, Marcos Burgos y Bernardo Campana, haber sido el autor de las defraudaciones que perjudicaron a decenas de familias.
Gutiérrez admitió su responsabilidad en 40 estafas, en un acuerdo pleno con el fiscal del caso Tomás Soto, que avalaron los apoderados legales de los querellantes.
La audiencia del juicio abreviado se hizo el viernes en el edificio de Tribunales de Bariloche, informaron fuentes judiciales. El acusado expresó su consentimiento con la condena que pidió el fiscal de 6 años y 6 meses de prisión.
Las fuentes comentaron que el fiscal presentó el acuerdo pleno ante los jueces, que no lo homologaron todavía. El tribunal informó que se tomará el plazo legal para analizar si el acuerdo cumple los requisitos legales para aceptarlo y en ese caso imponer la condena solicitada por Soto.
Todo indica que la resolución del tribunal se conocerá cuando finalice la feria judicial de enero.
Gutiérrez cumple prisión preventiva desde finales de junio pasado en el penal 3 de Bariloche.
Las fuentes explicaron que el fiscal del caso sostuvo la acusación contra el imputado por la cantidad de hechos que ya le había atribuido meses atrás en la formulación de cargos y en la ampliación de la imputación.
Los tres apoderados legales, que representan a varias de las personas damnificadas, adhirieron. El defensor oficial Nelson Vigueras no se opuso al acuerdo pleno.
Antecedentes
La investigación se originó a principios del año pasado, cuando en la fiscalía a cargo de Soto recibieron varias denuncias que estaban relacionadas y tenían casi al mismo protagonista.
Las escuchas telefónicas que un juez de garantías autorizó durante 3 meses permitió desbaratar la banda que operaba en esta ciudad.
La fiscalía pudo armar el rompecabezas a mediados del año pasado y, por eso, pidió la detención de Gutiérrez que ejecutó personal de Gendarmería Nacional. Tras la detención, Soto señaló las estafas cometidas por el sospechoso en ese momento y consiguió que el juez le impusiera a Gutiérrez la prisión preventiva, porque en libertad había riesgo de que entorpeciera el avance de la investigación.
Las pesquisas continuaron y la fiscalía estableció que Claudio Seguel y los hermanos Diego y Exequiel Cid estaban involucrados en las estafas. Por eso, los imputó y un juez los mandó a los tres al penal de Bariloche a cumplir la prisión preventiva.
La investigación logró determinar que el perjuicio de todas las estafas superaba los 51 millones de pesos. La fiscalía estableció que las víctimas les entregaron a los imputados miles de dólares o millones de pesos y hasta vehículos como parte de pago de un lote o de una vivienda del IPPV y hasta por una licencia de remís.
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