Abrirán nuevas licitaciones para finalizar la obra de la Ciudad Judicial en Cipolletti
El juez Ricardo Apcarián habló sobre las nuevas licitaciones parciales que se abrirán para finalizar la obra. Esperan que dentro de 24 meses pueda ser inaugurada.
Abrirán nuevas licitaciones para finalizar la Ciudad Judicial en Cipolletti. Foto: archivo
En octubre del 2023, el Poder Judicial de Río Negro decidió rescindir el contrato con la UTE que estaba a cargo de la obra de la Ciudad Judicial de Cipolletti y fue muy crítica con la conducta de las empresas. A raíz de esto anunciaron la apertura de licitaciones parciales para finalizar la obra. Se espera que la inauguración sea dentro de 24 meses.
Fue el juez Ricardo Apcarián el que explicó la compleja situación que atraviesa la obra. Además, relató cuales fueron las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para finalizar la obra, que hoy cuenta con un 70% de avance.
«En octubre se rescindió el contrato con la UTE por una serie interminable de incumplimientos contractuales que tornaron imposible la conservación del contrato. No queríamos que esto se vuelva un problema crónico por lo que se tomó esta decisión», explicó el Juez Ricardo Apcarián a LU19.
La decisión se adoptó sobre la base de un informe del área de Infraestructura y Arquitectura Judicial. Allí se consignó que las tareas se iniciaron el 11 de diciembre de 2019 con un plazo de 900 días corridos. En la licitación, la unión transitoria de empresas (UTE) entre Pecam y Dinale se quedó con la adjudicación del contrato.
Los cálculos demostraron que en los últimos 12 meses se realizó un avance de apenas el 10.5 por ciento, lo que indicaría un promedio mensual del 0.8 por ciento. La fecha de finalización de dicha obra estaba prevista para noviembre del 2023, pero los inconvenientes con la empresa constructora atrasaron las tareas.
«Ahora lo que vamos es hacer, tras reformular los pliegos del contrato, es abrir licitaciones parciales para lograr su finalización. Primero se hará la energía electrica y climatización, esto será en mayo para comenzar a ejecutar en junio. El tiempo estipulado es de seis meses, luego habrá otra licitación para ultimar detalles», manifestó el juez Apcarián.
Además, adelantó que la obra estaría finalizada dentro de 24 meses. «Estamos tristes porque queríamos inaugurar el edificio en este momento. Pero los incumplimientos contractuales y la economía no ayudan», dijo.
En octubre rescindieron el contrato de UTE y la empresa deberá pagar un resarcimiento
Durante toda le ejecución, entre el inicio de la obra y la rescisión, el Poder Judicial ajustó el valor del contrato y el plazo en varias oportunidades: el último valor se registró por un total de $ 744.885.510,72 con un tiempo de 1.447 días corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra, en noviembre de 2019.
Para la UTE los aumentos no eran suficientes y en varias oportunidades notificó al área de Arquitectura sobre la necesidad de reajustar los costos. Al mismo tiempo bajó notoriamente el ritmo de construcción.
“La Contratista informó que, debido a la situación económica del país, la misma ha experimentado una ruptura de la ecuación económica por el incremento de valores de determinados materiales o provisiones, que no son acompañados por el sistema de predeterminación de precios, ya que son significativamente mayores”; dice la resolución.
Los últimos meses, con la obra prácticamente parada, sólo hubo idas y vueltas en las que cada uno de los actores rechazaba los informes de la contraparte. En ese escenario fue que el Poder Judicial decidió poner fin al contrato con el informe final sobre la situación de la obra.
En la resolución le exige a la UTE Dinale Pecam un resarcimiento de 214 millones de pesos por un anticipo ajustado al mes de agosto y una multa de 43 millones de pesos por el incumplimiento de la Orden de Servicio N° 409, mediante la cual se intimó a la empresa para incorporar personal, equipos y profesionales y se le exigió la reprogramacion de un plan de obras dado el escaso avance.
Además formuló expresa reserva de las acciones que pudieran corresponder contra la UTE por los eventuales reclamos de aquellos terceros afectados por la no ejecución en tiempo y forma de la obra conforme al contrato y el pliego.
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