Juez rechaza la causa por la usurpación de un lote privado en Villa Mascardi
Gustavo Zapata, que subroga el juzgado federal de Bariloche, desestimó las medidas de prueba que la querellante había pedido, declinó la competencia y resolvió enviar el expediente a la justicia provincial.
La comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu se instaló a principios de noviembre de 2017 en dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi y, después, expandió la ocupación a lotes particulares contiguos. (foto archivo)
El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata rechazó las medidas de pruebas que había solicitado una mujer que denunció a finales de enero de 2018 la usurpación de su lote, que está ubicado en Villa Mascardi.
La mujer había sido admitida como querellante y su denuncia se había incorporado a la causa principal por la usurpación de dos predios, que pertenecen a la Administración de Parques Nacionales, a manos de miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.
Sin embargo, Zapata dispuso desglosar el expediente con la denuncia de María Magdalena Giménez Tournier, propietaria del inmueble conocido como “La Escondida” y remitirlo a la justicia provincial, porque se declaró incompetente para intervenir.
El inmueble de la mujer está al lado de los dos lotes de Parques Nacionales en Villa Mascardi, que están usurpados desde principios de noviembre de 2017 por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que alegan que recuperaron esas tierras porque pertenecen al territorio mapuche.
Zapata dictó el 2 de octubre último la resolución que aún no está firme, informaron fuentes judiciales. Tanto la fiscal Sylvia Little como Giménez Tournier (esposa de Juan Fergus Grehan) pueden impugnar ante la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.
La decisión del juez sorprendió. Es que Zapata había rechazado a finales de agosto pasado los recursos de los abogados que defienden a los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que están imputados y procesados por la usurpación de los lotes de Parques Nacionales.
Los abogados habían impugnado la resolución que Zapata firmó en julio último cuando admitió como querellante –en la causa principal– a Giménez Tournier.
En ese recurso, los abogados de los imputados habían alegado que al permitirle constituirse a la propietaria como querellante por la supuesta usurpación de un predio, “que no es objeto de imputación a nuestros defendidos (…), tangencialmente se está autorizando a juzgar indebidamente a nuestros defendidos por un hecho que no es objeto de la presente investigación”. Además, advirtieron que Zapata no era competente para intervenir.
Pero el juez subrogante rechazó esos planteos. Fundamentó su decisión con el pronunciamiento de la fiscal federal subrogante, que dictaminó que no existían dudas en cuanto a la competencia de Zapata para entender en la usurpación “por parte de personas no identificadas pero pertenecientes a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del predio propiedad de Giménez Tournier, puesto que este hecho constituye una extensión de la usurpación primigenia del predio de Parques Nacionales
No hay contradicción
“Deseo aclarar que cuanto sostengo en el día de hoy en modo alguno contradice lo que resolví (al admitir a Giménez Tournier como querellante)”, afirmó Zapata.
Explicó que las “circunstancias tomadas en consideración para resolver uno u otro planteo son completamente distintas”. “En aquella oportunidad únicamente realicé un análisis restringido de la situación, limitado a la supuesta violación al derecho de defensa que alegaron los letrados frente a la admisión de Giménez Tournier como querellante”, afirmó.
“En ese entonces sólo descarté el planteo de los profesionales por entender que la admisión de Giménez Tournier en esa calidad no significaba la afectación invocada”, manifestó.
Recordó que hasta ese momento, la querellante no había formulado imputación ni requerido medida alguna en relación a los imputados.
En cambio, agregó el juez, ahora la querellante pretendía “requerir toda una serie de medidas de prueba que, ahora sí, tiene por norte lograr imputaciones precisas, lo que resulta en definitiva en el intento de lograr el “reinicio de la instrucción dentro de la instrucción misma”, lo que considero completamente improcedente”
Sostuvo que la denunciante “deberá requerir esas medidas ante la sede competente para ordenarlas”. Por eso, dispuso remitir el expediente a la fiscalía de Bariloche.
No todo lo que ocurre en Villa Mascardi es competencia de este fuero federal por la supuesta vinculación que alegan los litigantes”.
Gustavo Zapata, juez federal subrogante de Bariloche.
No afecta intereses del Estado nacional
María Giménez Tournier había pedido al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata que ordene “la inspección judicial ocular” del inmueble La Escondida, ubicado sobre la ruta nacional 40, en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche.
Pretendía, entre otras medidas, que se determinara el estado en el que se encontraba, obtener rastros u objetos materiales que pudieran constituir evidencia del ilícito y en caso de encontrar personas, identificarlas y detenerlas si correspondía
El 29 de enero de 2018, Juan Fergus Grehan (esposo de Giménez Torunier) presentó una denuncia en la fiscalía federal de Bariloche “contra intrusos desconocidos” por el delito de usurpación del inmueble La Escondida, ubicado en la ruta nacional 40.
Zapata explicó, en la resolución del 2 de octubre pasado, que la investigación “sobre la presunta usurpación de un predio propiedad de particulares (es decir, que no pertenece al Estado nacional) en la que no existen intereses federales comprometidos corresponde a la órbita de la justicia criminal ordinaria” de Bariloche. Y citó el antecedente de la causa Buenuleo, que la Corte Suprema resolvió que la justicia provincial era competente para resolver.
Recordó que a todos los imputados de la comunidad mapuche se les atribuyó en las indagatorias solo la usurpación de los dos predios de Parques Nacionales. “Entiendo que no puede pretenderse ahora –con el expediente en un avanzado estado(…)– reiniciar la instrucción y realizar toda una serie de diligencias que significarían reducir a sus cimientos aquellos actos procesales ya practicados en este sumario”, advirtió.
“No sólo se pondría en riesgo el derecho de los imputados a recibir un pronunciamiento definitivo sobre su situación frente a la ley penal en un plazo razonable, sino que podría llevarse el sumario hasta los límites de la prescripción de la acción penal”, concluyó Zapata
Comentarios