Jueces y funcionarios rionegrinos se defienden ante las «exageradas críticas»
Desde el Colegio de Magistrados hablaron de un trabajo "en silencio". Los colegios de abogados habían reclamado al STJ y al procurador que los obliguen a concurrir a sus despachos.
Ya no se exigirá barbijo para el ingreso a los edificios judiciales de Río Negro. Archivo
Los magistrados y funcionarios judiciales rionegrinos reaccionaron ante el pedido de los colegios de abogados de la provincia, considerando necesario que les impongan la obligación de ir a trabajar en el marco de la cuarentena.
Desde el colegio que agrupa a los máximos responsables de los organismos del Poder Judicial hablaron de una “exagerada crítica” y valoraron el trabajo de “los que no se ven” y “siguen adelante en silencio”.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público replicaron un documento con estadísticas, asegurando que durante el período de aislamiento social -que derivó en una feria judicial extraordinaria- se pusieron en marcha 10.064 procesos judiciales. Sobre ese total, 3.510 corresponden a legajos penales iniciados por el Ministerio Público y 6.554 procesos en los fueros de Familia, Civil, Laboral y mediaciones a distancia.
En la reunión virtual del jueves entre los jueces del STJ, el procurador general Jorge Crespo, y los presidentes de los cuatro colegios de abogados de la provincia, las entidades profesionales remarcaron que la presencia de jueces, fiscales y defensores en sus lugares de trabajo es totalmente irregular, porque depende de la voluntad de cada funcionario. Por eso plantearon que la disparidad en el funcionamiento de cada organismo se evitaría obligando a todos los magistrados y funcionarios a concurrir a sus puestos.
Con ese contexto, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro emitieron un documento en defensa de sus asociados, reconociendo “el invalorable trabajo de los que no se ven”.
La entidad recordó que sus miembros “cumplen la tarea de garantes de derechos fundamentales” y que “aún frente a la exagerada critica, siguen adelante en silencio. Y como todos los que aportan a la pacificación social lo hacen en prudente calma”.
Haciendo una alusión indirecta a la ausencia total de empleados, el comunicado destaca que “cientos de funcionarias y funcionarios redoblan sus esfuerzos para realizar tareas propias y ajenas, procurando que la urgencia imponderable sea resuelta, y esperanzados en volver virtuosos al núcleo regular de actividades”.
“Así, cumpliendo con todas las medidas sanitarias sugeridas en este aislamiento social, se aporta al tejido ciudadano la textura del control, a través de la recta interpretación de la ley, teniendo por norte la justicia, iluminada por la templanza y fortaleza de sus miembros, aun cuando la paciencia parece ya agotada”, puntualiza el escrito del presidente del colegio, Héctor Leguizamón Pondal.
Vaya el reconocimiento institucional para todas aquellas personas que no preguntan cuánto, sino dónde y cuándo.
Héctor Leguizamón Pondal, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro.
Estadísticas
Por su parte, desde el STJ detallaron que desde que se instó al dictado de fallos por parte la judicatura y se aprobó el protocolo -el primero en el país- para los métodos autocompositivos, se resolvieron 2.296 sentencias y acuerdos.
Asimismo, se liberaron más de 1.600 transferencias de fondos a través de distintos mecanismos bancarios electrónicos. “Buena parte de ellos corresponden a indemnizaciones laborales, cuotas alimentarias y honorarios de abogados y abogadas”, se destacó.
En tanto, en las diferentes circunscripciones del Ministerio Público Fiscal se iniciaron desde el 20 de marzo, 3510 nuevos legajos. En el Ministerio Público de la Defensa, los defensores civiles continuaron con la atención de sus clientes brindando asesoramiento y tramitación de las cuestiones requeridas por más de 2000 personas y registrándose movimientos en más de 3700 expedientes judiciales que implicaban la atención de las cuestiones más urgentes. En el fuero penal, durante el aislamiento, más del 70 % de los legajos fueron iniciados por incumplimiento a las normas para evitar la propagación de una pandemia o por desobediencia emanada de la autoridad competente (Art. 205 y 239 del Código Penal). No obstante, el incumplimiento a la cuarentena se redujo conforme avanzó la misma, registrándose desde mediados de abril una reducción del 36 por ciento.
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