Jueces y fiscales se cruzaron por la nueva ley de la prisión preventiva

La reforma del Código Procesal Penal que amplió los supuestos sobre los que se dicta la prisión preventiva sigue generando polémica. Mientras que el fiscal general, José Gerez, sostuvo que estaba “absolutamente conforme” con la ley que aprobó por ajustado margen la Legislatura, la presidenta del Tribunal de Impugnación, Florencia Martini, dijo que “no cambia nada, es un manifiesto político.”

El código entró en vigencia el 14 de enero de 2014 e instauró el sistema acusatorio. El primero en pedir que se modificara el capítulo de la prisión preventiva fue el exgobernador, Jorge Sapag. La iniciativa nunca avanzó. Su sucesor, Omar Gutiérrez, presentó la suya en abril pasado, cuyo texto fue aprobado en general por quince votos en la última sesión.

El Tribunal Superior de Justicia y la fiscalía impulsaron sus iniciativas que pretendían una reforma integral.

La prisión preventiva se dicta cuando existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Lo que se incluyó es un supuesto que prevé que los jueces pueden ordenarla cuando el imputado ponga en riesgo la integridad de la víctima o de su familia.

“En lo que a mi respecta, y la mayoría de mis colegas, vamos a seguir aplicando el código como estaba antes de la reforma”, aseguró Martini. La magistrada ya había anticipado la postura del tribunal en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

Aclaró que van a seguir considerando “los dos riesgos constitucionales de entorpecimiento o fuga, sin necesidad de apelar a la causal sustantivista del riesgo para la víctima y su familia, y sin apelar tampoco a los indicadores que dicen que son herramientas para los jueces. La realidad es que nosotros no necesitamos ese tipo de herramientas. Si tenés el marco constitucional que regula cualquier medida cautelar no necesitas ningún tipo de indicio o supuesto que además no son taxativos, son enunciativos.”

Agregó: “El supuesto de la víctima ya se venía aplicando, reconducido como entorpecimiento a la investigación”.

Gerez afirmó que “el cambio es positivo en la medida que lo que hace es agregar parámetros objetivos para el dictado de la prisión preventiva”. Anticipó que insistirá para que se modifique el juicio directo en casos de flagrancia “porque ahí está la puerta giratoria, y ahí está el gen de la impunidad de los hechos menores.”

Señaló que: “hay jueces que asumen tendencias, yo creo que hay jueces que más allá de que las normas estén escritas si pueden dejar sentado de algún modo su postura, su posición personal, lo van a hacer. Para eso sirve de alguna manera como punto rector, o como criterio de corrección, los recursos ante las instancias superiores”.

“La reforma responde a un imperativo político que venía del anterior gobierno del MPN, de Sapag pasó a Gutiérrez”.

Florencia Martini, presidenta del Tribunal de Impugnación.

“En la medida en que se ajuste a las necesidades de la sociedad, vamos bien. La norma procesal no es sólo para el imputado”.

José Gerez, el jefe de los fiscales, defendió el proyecto de reforma oficial.