Investigarán a jueces por Olivera

El Ministerio de Justicia de Italia reveló ayer que el certificado que permitió la libertad del ex represor Jorge Olivera es «falso en su totalidad», mientras que las autoridades argentinas consideraron que no existen elementos para denunciar penalmente al represor.

El gobierno de Italia pidió ayer que se investigue a los jueces que otorgaron la libertad el represor Jorge Olivera, quien estuvo 40 días detenido en Roma por su presunta responsabilidad en la desaparición de la ciudadana franco-argentina Marie Anne Erize.

La solicitud elevada a la Fiscalía italiana se concretó luego de confirmarse la falsedad «en todas sus partes» del certificado de defunción de Erize: el documento que fue utilizado por el mayor retirado para que se le revoque la detención y que le permitió regresar a la Argentina.

«Cómo ha sido posible excarcelar a un hombre acusado de delitos horrendos sobre la base de un documento claramente falso es una cosa que debe ser inmediatamente investigada», dijo en Roma el ministro de Justicia italiano Piero Fassino. La queja del ministro tuvo una respuesta inmediata y el Consejo de la Magistratura de Roma abrió una causa contra los tres jueces que pusieron en libertad al militar argentino.

Para Fassino, se trata de «un hecho gravísimo» que «ha creado desconcierto en la opinión pública de nuestro país e indignación en la Argentina poniendo en duda la credibilidad de la magistratura».

Según se explicó, el propio Fassino pidió a la Embajada italiana en Buenos Aires realizar las verificaciones necesarias sobre la autenticidad del certificado de defunción, comprobándose que era «falsificado en todas sus partes». Por su parte, el abogado italiano de Olivera, Marcantonio Bezicheri, defendió la liberación y argumentó que «fueron las autoridades argentinas» las que enviaron el documento donde se da por muerta a Erize.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, afirmó que las autoridades tienen las manos atadas para actuar judicialmente contra el represor y criticó duramente a los jueces italianos. Conti recordó que «no hay elementos para decir» que la falsedad del certificado constituye un «delito» porque el papel presentado era «un fax de una solicitud de partida de defunción, que no es un documento».

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos realizaron un escrache frente al «bufete» de Olivera. (Télam, EFE)

Para Brinzoni, la detención del militar es un «atropello»

El jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, afirmó ayer que la detención del ex mayor Jorge Olivera en Italia constituyó «un atropello a la política y a la justicia nacional», y reiteró que existe un «techo jurídico» que hace que sus eventuales delitos sean considerados como «cosa juzgada».

En ese sentido, admitió que el Ejército está buscando información para «asesorar» a los oficiales en retiro o en actividad que deban viajar al exterior. Por el contrario, se mostró de acuerdo en que la justicia actúe en los casos de bebés apropiados durante la última dictadura y tras afirmar que sólo afectan a «casos individuales», destacó que «debe existir, donde se comprueben delitos, la sanción, el castigo, la pena correspondiente».

Reiteró, asimismo, que el Ejército «no» tiene información que proporcionar en materia de desaparecidos, aunque señaló la necesidad de «crear un ámbito propicio para que quienes tienen información y la quieran proporcionar, lo puedan hacer». En ese sentido, opinó que «una mesa de diálogo puede ser un ámbito propicio», aunque no descartó otras alternativas, como «un ámbito académico en algún ámbito sin duda político». (DyN)