Investigan irregularidades en San Martín

Los ediles declararon en la causa que se sigue por presuntos inconvenientes con una ordenanza.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM) Concejales de esta ciudad prestaron declaración testimonial en la investigación de oficio que realiza la Fiscalía adjunta de la Cuarta Circunscripción, por presuntas irregularidades atribuidas al presidente del Concejo Deliberante, Julio Obeid, en la lectura y confección de una ordenanza vinculada con la incorporación de personal Legislativo. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que la mayoría de los ediles ya prestó su testimonio, y sólo restan dos de ellos para completar esta etapa del proceso, que seguirá con la evaluación de la documentación requerida. Conviene recordar que Obeid también enfrentó un procedimiento asimilable al de juicio político por ese mismo tema y su vinculación con un episodio ocurrido en marzo pasado, cuando se tomó a golpes de puño con el secretario de Gobierno, Guillermo Carnaghi. La comisión juzgadora del Deliberante ya tiene en su poder las actuaciones giradas por la sala investigadora, pero el procedimiento es independiente de la intervención de oficio de la Fiscalía, a partir del estado público que el caso tomó en su momento. La ordenanza en cuestión fue vetada por el Poder Ejecutivo Municipal, y hacía referencia a la designación provisoria de la secretaria administrativa del Concejo Deliberante. En la sesión respectiva de diciembre de 2011, que fue la primera del cuerpo presidida por Obeid tras el cambio de gobierno, el titular del Legislativo omitió la lectura en el recinto de varios de los artículos. En concreto, se trata del apartado de la ordenanza que fijaba criterios y antecedentes normativos para disponer la remuneración de la empleada, aspectos que motivaron el veto de la intendencia y el entredicho con el secretario de Gobierno. El caso es que así como había sido redactada, la norma reconocía a la empleada derechos salariales por los que había iniciado un litigo al municipio durante la administración anterior. En otro orden, ingresó al Deliberante el proyecto de presupuesto 2012, que tendrá ingresos y recursos por unos 116 millones de pesos. En rigor, el cálculo debió ser presentado por la gestión anterior, pero fue el por entonces intendente electo, Juan Fernández (PJ), quien solicitó a su antecesora, Cristina Frugoni (MPN), que suspendiera la presentación y le permitiera hacer su propio proyecto.

Archivo


SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM) Concejales de esta ciudad prestaron declaración testimonial en la investigación de oficio que realiza la Fiscalía adjunta de la Cuarta Circunscripción, por presuntas irregularidades atribuidas al presidente del Concejo Deliberante, Julio Obeid, en la lectura y confección de una ordenanza vinculada con la incorporación de personal Legislativo. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que la mayoría de los ediles ya prestó su testimonio, y sólo restan dos de ellos para completar esta etapa del proceso, que seguirá con la evaluación de la documentación requerida. Conviene recordar que Obeid también enfrentó un procedimiento asimilable al de juicio político por ese mismo tema y su vinculación con un episodio ocurrido en marzo pasado, cuando se tomó a golpes de puño con el secretario de Gobierno, Guillermo Carnaghi. La comisión juzgadora del Deliberante ya tiene en su poder las actuaciones giradas por la sala investigadora, pero el procedimiento es independiente de la intervención de oficio de la Fiscalía, a partir del estado público que el caso tomó en su momento. La ordenanza en cuestión fue vetada por el Poder Ejecutivo Municipal, y hacía referencia a la designación provisoria de la secretaria administrativa del Concejo Deliberante. En la sesión respectiva de diciembre de 2011, que fue la primera del cuerpo presidida por Obeid tras el cambio de gobierno, el titular del Legislativo omitió la lectura en el recinto de varios de los artículos. En concreto, se trata del apartado de la ordenanza que fijaba criterios y antecedentes normativos para disponer la remuneración de la empleada, aspectos que motivaron el veto de la intendencia y el entredicho con el secretario de Gobierno. El caso es que así como había sido redactada, la norma reconocía a la empleada derechos salariales por los que había iniciado un litigo al municipio durante la administración anterior. En otro orden, ingresó al Deliberante el proyecto de presupuesto 2012, que tendrá ingresos y recursos por unos 116 millones de pesos. En rigor, el cálculo debió ser presentado por la gestión anterior, pero fue el por entonces intendente electo, Juan Fernández (PJ), quien solicitó a su antecesora, Cristina Frugoni (MPN), que suspendiera la presentación y le permitiera hacer su propio proyecto.

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