Investigan accidente laboral en la Planta de Pilcaniyeu

Un técnico del Complejo Tecnológico se quemó con ácido fluorhídrico y debió ser hospitalizado en los últimos días de noviembre. Ya fue dado de alta pero el caso se mantiene bajo reserva.

Redacción

Por Redacción

MEDIO AMBIENTE

Pobladores de Pilcaniyeu y la región Andina podrán finalmente opinar por la actividad de la planta de enriquecimiento de uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) el 27 de febrero en una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincial.

La audiencia llega después del planteo judicial del legislador radical Alejandro Betelú y el fallo de mediados de noviembre del Superior Tribunal de Justicia que ordenó a la Provincia a convocar a la participación ciudadana a pesar de que en julio pasado la Secretaría de Ambiente aprobara el estudio de impacto ambiental y autorizara la actividad sin consulta popular.

La convocatoria, difundida por la agencia ADN- indica que se analizará en la audiencia el proyecto correspondiente a la reactivación del modulo experimental para enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.

La audiencia se realizará en el salón de actos del Municipio de Pilcaniyeu a las 9. La Secretaría puso a disposición la documentación técnica presentada inicialmente por la Cnea y el estudio de impacto ambiental elaborado por el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y el plan de gestión ambiental elaborado por la Gerencia Ambiental de la Cnea.

La planta de uranio fue reactivada por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Ministerio de Planificación Federal con una inversión de 27 millones de dólares.

En 2010 se anunció la puesta en marcha de esta planta ubicada en jurisdicción de Pilcaniyeu, donde incluso llegó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitarla.

En julio “DeBariloche” reveló que la secretaria de Medio Ambiente, Laura Juárez, había aprobado el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad del Comahue y desistió de llamar a audiencia pública por considerar que la planta pertenecía a la jurisdicción nacional.

Sin embargo, el juez Enrique Mansilla en representación del STJ, hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo colectivo promovido por el legislador Betelú ordenando a convocar a audiencia pero desestimando la declaración de nulidad de las actuaciones de Medio Ambiente que pretendía.

El juez descartó anular las actuaciones de la Secretaría pero consideró válida la convocatoria a la población para conocer su opinión. También rechazó la opinión de la procuradora general Silvia Baquero Lazcano que consideró que el planteo era de orden federal.

DeBariloche

 


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