Condena por disputa de tierras en Añelo

El desalojo de una comunidad mapuche, que no está reconocida legalmente, en Tratayen terminó con el secuestro de armas cargadas, vainas servidas, 28 bombas molotov y drogas, además de la detención de tres personas.

De acuerdo a los fiscales José Gerez, Pablo Vignaroli y Maximilano Breide Obeid, los hallazgos de las bombas y las armas cargadas indican que el grupo estaba preparado para repeler de forma violenta un posible desalojo. “No puedo hacer un juicio de valor” aclaró Vignaroli y consideró: “yo creo que los sorprendimos.”

En este sentido, los funcionarios judiciales explicaron que todo el análisis se va a centrar en la vinculación que puede tener la comunidad con un grupo que esté relacionado al uso de la violencia o no: “estamos atravesando un contexto en el que hay que ser muy cuidadosos con toda la información que se suministre.”

Por su parte, la Confederación Mapuche afirmó que se “han plantado falsas pruebas” y negó la tenencia de armas y drogas, a la vez que reafirmó su postura pacífica y la intención de diálogo político para llegar a una solución.

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Durante la conferencia de prensa realizada después del procedimiento, Gerez hizo hincapié en que las tareas se desarrollaron de forma pacífica y detalló que las sustancias encontradas fueron marihuana y cocaína.

Además de las molotov, se hallaron 20 botellas que se usan “para preparar este tipo de bombas” y dos tanques de combustible de 200 litros que se deben peritar. Otro de los puntos que “llamó la atención” durante el desalojo fue la presencia de vainas servidas de armas de guerra.

Las tres personas detenidas, que eran las únicas presentes en el momento del desalojo, fueron alojadas en la comisaría 10° de Añelo, luego trasladadas al Chañar desde donde los enviaron a la capital provincial. Mañana se realizará la audiencia de imputación de cargos, que estará a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid. Si bien aun no se establecieron los cargos, los mismos estarán vinculados a la tenencia de armamento y explosivos no autorizados por la ley.

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Una cuarta persona que se encontraba en uno de los tres campos no fue detenida porque no estaría cometiendo delito, ya que sería un cuidador, por lo que quedó en libertad luego de su identificación.

Durante la detención, referentes de la comunidad mapuche y el diputado provincial Raúl Godoy (PTS-FIT) se hicieron presentes en la comisaría para conocer el estado de los tres hombres y exigir su liberación. “No vamos a usar la violencia, jamás atentamos contra la vida de nadie” aseguró el werken Gilberto Huilipan.

Los funcionarios judiciales recordaron que hubo un intento de desalojo anterior que fracasó ya que no estaban dadas las condiciones porque había una “gran cantidad de gente, tenemos gente fotografiada con bombas molotov en sus manos, mujeres, niños.”

Luego de este punto se procedió a la imputación de 21 personas por el delito de usurpación y se estableció un plazo de cuatro meses para realizar la investigación. En forma paralela, la fiscalía monitoreó los campos para buscar el momento oportuno para el desalojo de forma pacífica ya que “el delito continuó porque los propietarios se vieron privados de sus inmuebles” y definió realizarlo esta mañana.

Basta de represión al pueblo Mapuche. Exigimos la libertad del werken Diego Rosales y demás integrantes del lof FVTA XAVEN detenidos pic.twitter.com/no0k1LhHrs

— Raúl Godoy (@RaulGodoyPTS) 19 de septiembre de 2017

La mediación del intendente de San Patricio del Chañar, Ramón Oses, desactivó el desalojo previsto en una chacra de Tratayen que fue ocupada por una comunidad mapuche.

El ministro Jorge Lara, a cargo de la cartera que agrupa a Seguridad, Trabajo y Ambiente, informó que la Justicia había dictado el jueves una orden de allanamiento y desalojo sobre terrenos de Tratayen que fueron ocupados por una comunidad que se reconoce como integrante del pueblo mapuche.

La decisión final la tomó el juez Diego Piedrabuena a pedido del fiscal Marcelo Silva aunque dejó a criterio de este último la definición sobre el desalojo.

A primera hora de ayer se desplegaron efectivos policiales en el terreno, ubicado entre Añelo y El Chañar, con la intención de hacer cumplir la resolución judicial.

Sin embargo, según informó Lara, ni el fiscal ni la defensora del menor se presentaron en el operativo, dificultando el cumplimiento de la orden ante la presencia de menores de edad, por lo que Oses ofició de mediador en el conflicto.

Finalmente se llegó a un acuerdo que desactivó el desalojo y, de acuerdo al werken (vocero) Jorge Nawel, la comunidad mapuche se presentará ante la fiscalía para llevar pruebas de su derecho de posesión sobre las tierras en litigio.