Infancia en peligro

En la misma semana en que el gobierno festejó el acuerdo con los acreedores de la deuda externa, que ayudará a tener un horizonte de certidumbre en el futuro económico, un informe de Unicef resaltó la enorme deuda social con la niñez que nuestro país acumula en esta pandemia, que podría tener efectos desastrosos en el futuro.

El relevamiento señala que al final del 2020 habrá 1,2 millones más de niños, niñas y adolescentes argentinos en la pobreza, lo que llevará la cifra a 8,3 millones o casi el 63% en esta condición. La pobreza extrema crecerá de 1.8 a 2,4 millones, el 18,7% de la niñez y adolescencia del país.

Entre los factores que aceleran estas tendencias negativas están la caída de la actividad económica, prevista en casi el 10% y una recuperación más lenta de lo esperado en 2021. Unicef estimó que, pese a la flexibilización de la cuarentena en varias provincias y los programas estatales de asistencia al trabajo y la producción, 2,6 millones de hogares vieron reducidos sus ingresos, en algunos casos en más de la mitad de lo que obtenían antes de las medidas sanitarias. La incidencia es mayor en las familias que dependen de actividades informales o donde hay sólo un jefe o jefa de hogar.

La encuesta revela que un 26% de las familias dejaron de comprar alimentos y la concurrencia a comedores subió del 8 al 10%. Un 15% de los hogares debió recurrir a un préstamo o al fiado para comprar comida y esa cifra subió casi un tercio en los hogares sin ingreso fijo, de barrios populares o beneficiarios de la AUH. El titular del observatorio social de la Universidad Católica (UCA) Agustín Salvia explicó que “los sectores informales pobres han tenido un piso de protección social a través de los programas de transferencia de ingresos, pero están perdiendo fuentes de trabajo por la disminución de la demanda” y remarcó que en el mediano plazo el trabajo informal será escaso, lo que desde el punto de vista estructural “significa una profundización de la pobreza, no sólo por ingresos, sino en cuanto a capacidades de consumo e inversión en el propio desarrollo humano, personal, familiar y comunitario”.

El malestar no es sólo económico. Casi la mitad de los chicos encuestados por Unicef dijeron sentirse angustiados o con miedo. Un 48% mostró alteraciones en las comidas y un 46% problemas de sueño o comunicación, entre otros efectos del encierro. Un 28% de las familias dejó los planes de control de salud y vacunación. También se incrementaron las denuncias de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil y se prevé un agravamiento en problemas como los embarazos adolescentes y las adicciones.

Otro aspecto preocupante es el educativo, que podría agravar aún más los problemas de pobreza y desigualdad del país en el futuro. Para muchos niños, el aislamiento implicó también quedarse cada vez más al margen del sistema. El propio ministro de Educación admitió que “tendremos aulas más desiguales y va a aumentar la deserción escolar”. Cerca de la mitad de los chicos entre 5 y 17 años no tiene computadora o acceso a internet en su casa. Para algunos el Zoom y otras plataformas virtuales, para otros sólo Whatsapp en celulares prestados y con pobre acceso a internet. Se descuenta que crecerán los índices de abandono, sobreedad y repitencia, especialmente en el nivel secundario. Y las restricciones presupuestarias por la recesión limitarán las inversiones en el sistema educativo.

Este violento diagnóstico, proveniente de organizaciones de la sociedad civil, debería determinar urgentes e innegociables políticas volcadas a la niñez. El principal objetivo de la infancia en deuda y en grave peligro sigue siendo asegurar el cumplimiento de la ley 26061, que no sólo obliga a una encuesta nutricional y a políticas coordinadas e integrales para cumplir con los derechos de la infancia, sino también a la asignación del presupuesto necesario (y a la revisión del que suele subejecutarse). Hoy, en tiempos de pandemia, debería ser una prioridad para mitigar estadísticas tan atroces.