Imputaron a 47 personas por usurpación en Viedma

El Fiscal Guillermo González Sacco imputó por el delito de usurpación a 47 personas que protagonizaron el 2 de enero pasado una toma de terrenos lindante a la ex cancha del club Fátima, ubicado en la periferia de esta capital rionegrina.

Esta medida fue dada a conocer en el marco de una audiencia que se concretó en el auditorio del Poder Judicial.

No obstante, el conflicto, que hasta el momento había suscitado gran cantidad de reuniones, tendrá otros avances porque esa Fiscalía y los defensores oficiales propusieron que en el ámbito de la Justicia se generen instancias de diálogo con organismos estatales que permitan avanzar en una solución pacífica.

Esta determinación fue acompañada por los abogados de los propietarios de las tierras, quienes adhirieron a lo planteado por González Sacco, y manifestaron en la instancia prejudicial que no era su intención avanzar en el desalojo, según revelaron fuentes judiciales.

El Fiscal intervino en el caso desde que se efectuó la denuncia durante los primeros días de enero, manteniendo reuniones con quienes habían ocupado la tierra ubicada a la vera de la ruta provincial N°1, lindante al “prebasural”, el barrio Alvarez Guerrero (ex Loteo Silva) y el predio de la U12 del Servicio Penitenciario Federal. Con ellos recorrió el lugar en diversas oportunidades.

En este sentido, constan en el legajo los informes enviados a las áreas de Desarrollo Social tanto de la provincia como del Municipio, en los que se detalla la composición de cada uno de los 19 grupos familiares que efectivamente residen en esas 10 hectáreas de tierra.

Al no encontrar hasta el momento una salida pacífica del conflicto, las 47 personas fueron imputadas en la causa penal ya que el Juez Juan Martin Brussino Kain admitió los cargos formulados por el Fiscal y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria que se extenderá durante los próximos cuatro meses.

El sustento probatorio en esta instancia se constituye de la denuncia penal efectuada por una de las propietarias de la tierra, el croquis referencial del lugar y diversas actas de constataciones. De esta situación se puso en conocimiento a la Defensora de menores, Patricia Arias.

Este predio pertenece a familiares de Juan Silva y estuvo en alguna oportunidad ocupado por el mencionado club deportivo, cuyas autoridades perdieron un juicio de mantenimiento de ocupación, posteriormente.

En octubre de 2016 la Justicia ordenó el desalojo y los propietarios cancelaron las deudas existentes iniciando así negociaciones con un posible comprador que se frustraron en enero por la ocupación.

Finalizada la audiencia, los letrados defensores Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa mantuvieron una reunión con los ocupantes de la tierra a quienes les explicaron los alcances de la causa penal iniciada y respondieron las distintas inquietudes, especialmente relacionadas con el posible desalojo, el aspecto que mayor preocupación despertó.