Impuesto a las grandes fortunas y género

Es crucial que la discusión sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas se lleve adelante desde un enfoque de géneros y diversidad. En primer lugar, porque la desigualdad extrema entre rico/as y pobres es uno de los problemas más acuciantes que viene sufriendo nuestra región hace ya décadas, pero especialmente porque los sectores de menores ingresos están compuestos mayoritariamente por mujeres y personas Lgtbiq+. En promedio las mujeres ganamos un 27% menos que los varones y esta brecha aumenta según la rama de actividad, el nivel educativo, la cantidad de hijos, la región del país en la que se resida, entre otras interseccionalidades.

En segundo lugar, porque las desigualdades de género que existían antes del covid-19 no solo persisten, sino que también se han profundizado y exacerbado con la crisis desatada a partir de marzo. Organismos nacionales e internacionales ya han ofrecido evidencia contundente acerca de cómo la crisis sanitaria y las principales medidas adoptadas para combatir la propagación del virus -las cuarentenas y el cierre de los establecimientos educativos- han impactado en perjuicio de las mujeres y las personas Lgtbiq+: estamos más expuestas a una mayor sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidados, somos las que estamos en la primera línea de defensa y respuesta contra el virus (el 52% de las médicas, el 80% de las enfermeras, el 97% de las trabajadoras de casas particulares, el 73% de las docentes de nivel medio y primario) y la recesión económica y su impacto en el mercado de trabajo está afectando a los/as trabajadore/as en general pero especialmente a los/as no registrados/as, en los que las mujeres y las personas Lgtbiq+ estamos sobrerrepresentadas.

Aun cuando se han desplegado importantes medidas para minimizar ese impacto diferenciado, como los bonos para fortalecer la AUH y la tarjeta alimentar, el IFE, las licencias para las personas con niños, los permisos de circulación y de trabajo para personas dependientes y la obligatoriedad de la continuidad del pago a las trabajadoras de casas particulares, las mujeres y personas Lgtbiq+ seremos aún más pobres con la recesión porque la feminización de la pobreza, del mercado laboral informal y precarizado y del sector de la salud responden a estereotipos, violencias y asimetrías en los cuidados que forman parte del paisaje estructural de nuestra sociedad.

En este escenario, ¿cómo debemos leer en clave de género el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que impulsa el gobierno? Antes que nada, como una oportunidad para reducir la discriminación y desigualdades por razones de género. No hay dudas de que este impuesto es progresivo en cuanto exige una mayor contribución cuánto más grande sea la riqueza. Pero también tendrá un impacto de género progresivo inmediato: las fortunas en Argentina están altamente masculinizadas, es decir, concentradas en las billeteras de los varones. Según el ranking de la Revista Forbes, de las 35 personas más ricas de Argentina solo 6 son mujeres (la primera aparece en el octavo lugar).

Además de que serán los varones ricos los que mayormente realicen el aporte, resulta mucho más importante asegurar que los destinos de lo recaudado también registren una perspectiva de género. La Cedaw lo ha señalado en repetidas oportunidades: la progresividad de los impuestos y los presupuestos con perspectivas de género son precondiciones para asegurar la igualdad substantiva. Así, además de bregar por incluir la perspectiva de género sobre la distribución de los fondos recaudados (cuidados, acceso a la salud sexual y reproductiva y erradicación de las violencias de género forman parte de las demandas feministas transversales) se debe procurar que los porcentajes finalmente acordados por rubro sean asignados teniendo en cuenta las desigualdades de género en el sector de la salud, los/as habitantes de los barrios populares, los/as trabajadores/as de las Mipymes y los/as beneficiarios/as de las becas Progresar.

El debate y la aprobación por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas ofrece -además de su efecto redistributivo entre ricos y pobres y entre géneros- una oportunidad política única para promover y consolidar de manera efectiva y definitiva una perspectiva de género en la institucionalidad estatal cuando se debaten y deciden políticas económicas -que han sido androcéntricas desde tiempos inmemoriales-. La inclusión de la perspectiva de género en cuestiones tributarias es viable solo si las propias mujeres y disidencias tenemos la oportunidad de participar en los debates, como lo hemos hecho cuando se debatió la legalización del aborto en el 2018. Aprovechemos esta oportunidad para sumar agendas, audiencias y derechos.

*Doctora en Ciencias Sociales.