Impuesto a la herencia, meritocracia y argentinismos

“El poder de disponer de las propiedades para siempre es manifiestamente absurdo. La Tierra y todas las riquezas que hay sobre ella pertenecen a cada generación, y la anterior no debe poseer el derecho a obstruirlas desde la posteridad. No hay ningún punto más difícil de explicar que el derecho que concebimos que tienen los hombres de disponer de sus bienes después de la muerte”.
Para sorpresa de más de un distraído, la cita textual pertenece al libro “Lecciones de Jurisprudencia” del padre de la economía clásica liberal, Adam Smith.

La polémica se desató esta semana con la firma del nuevo consenso fiscal entre la nación y las provincias. El artículo séptimo del documento rubricado por todos los gobernadores del país, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta, expresa que “en el transcurso del año 2022, las provincias procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”.

En pocas palabras, las provincias acordaron esta semana impulsar el “impuesto a la herencia” en todo el territorio nacional.
Desde el gobierno nacional dejaron trascender que ya hay al menos 15 provincias dispuestas a implementar el tributo. El debate no tardó en instalarse, y vale repasar algunos de los múltiples matices detrás de la iniciativa.

El primer elemento en cuestión, es que el impuesto a la herencia no es una novedad del Siglo XXI, ni mucho menos una idea trasnochada de algún funcionario con simpatías bolcheviques. Ya en el año 6 a.c., el emperador Augusto incorporó el concepto al derecho romano cuando estableció la lex Iulia de vicesima hereditatium, la cual obligaba a tributar por la vigésima parte de la suma heredada.

Más tarde el pensamiento social y económico liberal, también abrazó la idea de un impuesto que impida a las personas usufructuar los privilegios plenos de la acumulación de riqueza en las generaciones anteriores. Locke y Rousseau, dos de los autores basales de la sociología moderna, estaban a favor de limitar el traspaso de la riqueza de forma plena. El inglés avalaba el impuesto a la sucesión como una contraprestación a la protección que brinda el Estado al derecho de propiedad. El franco-suizo, era todavía más explícito en relación al traspaso de los privilegios: “ningún padre puede transmitir a su hijo el derecho de ser inútil a sus semejantes…”.

Pese a la férrea oposición de quienes hoy pretenden ser voceros de las “ideas de la libertad”, los fundadores del pensamiento liberal ya habían detectado hace más de 200 años el resultado que podría generar en el futuro la asimetría en la acumulación generacional de capital.
No se trata de una discusión en relación a la distribución de los ingresos, los cuales pertenecen a la generación presente. Se refiere a la distribución de la riqueza, que se transmite (y se acumula) de generación en generación, en manos de unos pocos.

Dos Siglos de sistema capitalista después, los números confirman la presunción de los clásicos. Uno de los últimos informes de la ONG Oxfam, enfocada en la lucha contra la desigualdad global, indica que el 1% de la población del mundo, acapara el 82% del total de la riqueza global.

De un tiempo a esta parte, a fuerza de consignas políticas y repercusión en los medios y las redes, se ha instalado la idea de que “en Argentina se perdió la cultura del esfuerzo”.
Los cultores de esta idea, se han “esforzado” por establecer que en nuestro país hay millones de personas “vagas” que viven a costa del resto.

El concepto al que apelan para fundamentar su teoría, es el de la “meritocracia”. Una construcción ideal según la cual las personas deben alcanzar el éxito, trascender, o ascender en la pirámide social, en base al mérito.

Así, las personas deben esforzarse por conseguir aquello que anhelan, y trabajar arduamente hasta llegar al estadío deseado. Subyace además la idea darwiniana de la selección natural. Es decir, aquella que propone que “los mejores se imponen sobre aquellos que son menos aptos”. La vida del ser humano es entonces una carrera contra el tiempo y una competencia permanente con los pares, a fin de superar barreras y ser mejores que el resto.

Lo que no explicita esta concepción, es el punto de partida desde el cuál comienza a construirse el mérito. Se pueden citar infinidad de casos de éxito mediante el esfuerzo. También cientos de casos en los que pese al esfuerzo, las personas no logran romper las barreras de oportunidad que impone el entorno.

El célebre filósofo y profesor de Harvard, Michael Sandel, lo define como el “sesgo del éxito”. Las personas que alcanzan el éxito tienden a creer que merecen los beneficios que ostentan desde su posición, por el esfuerzo que invirtieron para llegar a la misma. En igual línea de pensamiento, tienden a creer que quienes no alcanzaron el éxito, no invirtieron el esfuerzo suficiente para llegar.

La versión argentinizada del sesgo que describe Sandel reza que “los pobres son pobres porque quieren”, o que “los pobres son vagos y prefieren vivir de un plan del Estado antes que esforzarse”.

Cada una de esas sentencias omite la posibilidad de que miles o millones de personas en realidad invierten el mismo esfuerzo, o incluso uno mayor al de quienes ostentan opulencia, pero jamás alcanzarán una posición de riqueza sencillamente porque el inicio de la carrera los puso al final de la fila en la distribución de recursos, oportunidades, relaciones, o contactos de poder.

Es en ese marco que cobra relevancia el impuesto a la herencia. El debate global acerca del tributo, volvió a instalarse tras la publicación del libro “El capital en el Siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty, que le valió más tarde el Nobel de Economía. El autor galo propone que a lo largo de la historia del capitalismo, la tasa de retorno del capital avanza a un ritmo superior a la tasa de crecimiento económico. Ello conlleva una progresiva concentración de la riqueza.

Propone como tesis, un impuesto del 90% a la riqueza de los más ricos del mundo, a fin de financiar una herencia de €120.000 para todos los habitantes a los 25 años de edad. Sería el punto de partida sobre el cual podría funcionar la teoría meritócrata: “todos parten medianamente desde el mismo lugar».

En una entrevista que Picketty concedió en 2019 al diario El País de España, dejó todavía más clara la idea y dijo: “La propiedad privada es un buen sistema para coordinar las acciones individuales y permitir a cada uno realizar sus proyectos, con una condición: que haya acceso a la propiedad”.

Otra de las noticias de la semana, fue el exabrupto del Diputado Nacional José Luis Espert, llamando a la rebelión fiscal luego de que el Senado de la Nación convirtiera en ley las modificaciones al impuesto a los bienes personales.

La arenga de Espert no sorprende, viniendo de parte de quien hace años ha recorrido los estrados y los medios de comunicación denostando al Estado. Sucede que desde hace poco menos de un mes, Espert decidió ser parte de aquel Estado al que por años denostó. Su participación en el debate legislativo, supone aceptar las reglas del juego democrático. Aquellas que obligan a ganadores y perdedores a acatar el resultado de la libre discusión política.

Que alguien que participó en el debate como representante electo, desconozca una ley aprobada por mayoría en el Congreso de la Nación sencillamente porque se impuso una visión contraria a sus propias convicciones, y aliente a la población a la rebelión, roza el autoritarismo y la violencia a la cual los argentinos decidimos no volver nunca más.

Intentando justificar su atropello, Espert acudió a un histórico argentinismo: “en este país nos matan con impuestos”.
El peso de la presión tributaria en Argentina en comparación con otros países, naturalmente es materia de discusión. De allí a que los diferentes impuestos, especialmente los que gravan la riqueza, habiliten a la rebelión civil, debiera existir una distancia.

No obstante, volviendo a poner el foco en el impuesto a la herencia que acordaron impulsar las provincias en 2022, resulta que el mismo está lejos de ser un casquivano invento kirchnerista.
En verdad, el tributo ya estuvo vigente en el país hasta el año 1976, cuando el Ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, decidió eliminarlo. La provincia de Buenos Aires, lo re instauró en el año 2011 bajo el nombre de “impuesto a la transmisión gratuita de bienes”.

Sin embargo, existe en la actualidad una extensa lista de países que aplican el impuesto. Tal como se observa en la imagen, al tope del ranking figura Japón, que grava las herencias en un 55%. En el top five, le siguen Corea del Sur (50%), Francia (45%), EEUU (40%), y Gran Bretaña (40%). Países ricos de los cuáles difícilmente pueda sospecharse desapego a la protección de la propiedad privada y la economía de mercado.

Sorprende aún más, que el impuesto a la herencia está presente en países con un menor grado de desarrollo como Ecuador (35%), Chile (25%), Angola (15%), Camerún (10%) o Brasil (8%).

La controversia gira entonces, en torno a la pertinencia y la oportunidad de reflotar el impuesto a la herencia.
En cuanto a la pertinencia, uno de los cuestionamientos radica en la doble imposición. El argumento en contra del tributo es que el heredero recibe bienes por los cuales sus antepasados ya tributaron el impuesto a los bienes personales.

Empero, resulta que se trata de dos hechos imponibles diferentes e identificables. El impuesto a la herencia grava la transferencia gratuita (el beneficio sin mérito alguno más que el lazo familiar). El impuesto a los bienes personales en cambio, grava la tenencia del bien. Un tributo que el heredero sin duda volverá a pagar al hacerse poseedor de los bienes en cuestión.

Respecto a la oportunidad del impuesto a la herencia en 2022, hay un punto estructural y un punto político.
El primero es el alto grado de informalidad y evasión que reviste la economía argentina. Ello permitiría a los que más tienen eludir el peso impuesto valiéndose de artilugios contables y legales, y dejaría a la clase media trabajadora a merced de una absoluta inequidad tributaria.

El segundo se relaciona con la posible segmentación del impuesto. Se supone que el mismo busca gravar a quienes ostentan una riqueza mayor. Un mal uso político del concepto, podría acarrear la aplicación de mínimos no imponibles, que más tarde queden desactualizados por inflación y en la misma línea que el punto anterior, terminen haciendo que un tributo de espíritu progresivo y redistributivo, recaiga sobre trabajadores de recursos medios.