Hay diez desobediencias en delitos de género por semana en Río Negro
Las faltas incluyen a violaciones de perimetral, con riesgos de agresiones a la víctima. Impulsan incorporar la prisión preventiva para quienes incumplan las medidas impuestas.
Unos diez delitos por desobediencias en causa de violencia de género se registran semanalmente en Río Negro. La mayoría son violación de pautas fijadas, entre ellas, la prohibición de acercamiento a la víctima. Un dato de preocupación cuando estas inconductas ya se transformaron en femicidios.
Seguridad incrementó la entrega de mecanismos de control, entre botones antipánico o dispositivos duales. Actualmente, suman 270.
Durante el 2020, se abrieron 458 legajos judiciales por delito de desobediencia en el marco de causas de violencia. Estas imputaciones incluyen incumplimiento de perimetral, contactarse cuando está prohibido, no fijar domicilio, entre otras.
La Justicia detecta más de una violación diaria de pautas, esencialmente por incumplimiento de perimetral. En los próximos días, la Legislatura empezará a debatir un proyecto donde se impone prisión preventiva a quienes ignoren esas prohibiciones judiciales.
En Río Negro, durante el particular 2020, se registraron 1238 delitos en contexto de violencia de género, que comprende hechos de amenazas, lesiones, desobediencia y, también, femicidios. Son algo más de tres sucesos por día.
La iniciativa, impulsada por el bloque del oficialismo, fue remitida a colegios de abogados y actores del Poder Judicial para conocer su opinión antes del análisis parlamentario. La autoría corresponde al presidente de la Comisión de Constitucionales, Lucas Pica, acompañado por Julia Fernández, Graciela Valdebenito y Facundo López.
Puntualmente, el proyecto planea modificar dos artículos del Código Procesal Penal de Río Negro para “ampliar derechos para las mujeres víctimas de violencia de género”. Los cambios permitirían aplicar la prisión preventiva de los victimarios, aun “cuando el mínimo legal punitivo no lo establezca y en situaciones donde el agresor haya violado previamente medidas cautelares” .
Pica señaló que se debe dar a la Justicia “esta herramienta donde las acusaciones puedan solicitar la prisión preventiva cuando el imputado” incumple con “la restricción perimetral, poniendo en riego y vulnerando los derechos de la mujer que es víctima”.
Las modificaciones alcanzan a los artículos 109 y 110 del Código Procesal. Actualmente, estos apartados permiten la prisión preventiva “solo en el supuesto de peligro procesal de fuga”, pero “nada dice en cuanto a la naturaleza de los hechos objeto de investigación, donde el accionar del imputado- agresor podría entorpecer el curso de la investigación y la averiguación de la verdad y aún matar como sucede”, explicó el autor.
Se plantea para el artículo 109 que establezca que “el acusador podrá requerir fundadamente ante el juez la prisión preventiva” cuando entienda que el imputado incumplió con “medidas de restricción impuestas en razón de violencia de género” y para decidir acerca del peligro de fuga se podrá considerar que “continuara en el ejercicio de violencia hostigando, intimidando, amenazando, dañando o poniendo en peligro la vida de la mujer en cualquier forma”.
Por su parte, en el 110 se estipularía que la prisión preventiva que podrá disponerse en los “delitos cometidos en ocasión de violencia de género”, aun cuando sea condenado con “pena de ejecución en suspenso, o cuando el imputado haya incumplido medidas de protección tendientes a asegurar la integridad física, psíquica y emocional de la mujer víctima de violencia”.
En la fundamentación, el legislador Pica resaltó que es “imprescindible la modificación del Código Procesal” en relación a la prisión preventiva en “los casos de violencia de género, de acuerdo con la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza los derechos humanos de las mujeres”. No podemos permanecer en silencio quienes tenemos el deber de legislar para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias”, enfatizó.
Hay 270 dispositivos de monitoreos de víctimas
Río Negro incorporó sus primeros botones antipánicos durante el 2016, empezando con 20 y, actualmente, suman 260 activos. En el 2019, Seguridad sumó dispositivos duales, con 10 unidades.
El botón antipánico existe por el sistema de Alerta y Monitoreo, creado por la Ley Nº 4948 y, luego, se fijaron las normativas para los nuevos dispositivos.
Con 260 unidades activas, el botón está en uso en las cuatros circunscripciones judiciales, siempre para “asistencia y resguardo de víctimas de violencia de género”.
Estas unidades son portadas por las víctimas y permiten el monitoreo constante ante “eventos, con la emisión de alertas, direccionadas al sistema de Río Negro Emergencias, y el GPS que ofrece -en tiempo real- su ubicación.
La entrega de botones comenzó en el 2016, con 20. Se pasó a 40 en el 2017 y a 128 en el 2018. Llegó a 203 en el 2019 y el año pasado totalizaron 225. En el 2021, están activos 260, hasta ahora.
Desde junio del 2019, Río Negro sumó los duales en la Primera circunscripción y, este año, se inauguró la sede del área de Genero en Cipolletti, habilitándose para la Segunda y Cuarta.
El mecanismo dual se impone porque ambos dispositivos trabajan de manera interconectada (es decir, monitorea de forma conjunta a la víctima y al victimario), activando una alerta a la central” ante el acercamiento del denunciado agresor. Consisten en equipos para ambos, logrando que no se viole el espacio de exclusión fijado por el juez. Da “tranquilidad y seguridad” a la víctima, independientemente de su accionar y su reacción, como requiere el botón.
La entrega del 2019 llegó a 13 dispositivos, pasando a 17 en el 2020 y, actualmente, hay 10 con actividad.
Seguridad creó en el 2019 un área de Género y se incorpora al Programa “Río Negro Emergencias” para coordinar y unificar tareas en todo el monitoreo en un mismo lugar donde se concentran el seguimiento de la línea 911, cámaras, botón antipánico y dispositivo dual.
En el marco de la respuesta estatal, la cartera -actualmente a cargo de la secretaría Bettiana Minor- reivindica el “deber y compromiso del Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante normas y protocolos de acción y atención, como también, la incorporación de tecnologías de avanzada” en la protección de su seguridad física.
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