Tensión por amenaza de desalojo en la toma de terrenos del ISSN en La Angostura
Así lo aseguran desde los integrantes de la toma. Vecinos de barrios cercanos habían pedido el desalojo con una carta a las autoridades locales.
Ayer los integrantes de la toma El Acampe de Villa La Angostura reclamaron servicios con un corte de calles. (Gentileza Diario Andino)
Actualizada 17:30.-
Desde noviembre del año pasado, un grupo de familias ocupan un terreno del Instituto de Seguridad Social (ISSN) en Villa La Angostura. Allí montaron la toma que denominaron El Acampe. Son 84 familias, con 161 niños, que reclaman por una solución habitacional en lo que aseguran ya es un terreno municipal. Vecinos de barrios cercanos juntaron firmas y exigieron el desalojo del lugar a las autoridades locales. Desde la toma aseguran que hay una amenaza de desalojo para hoy.
«Ayer desde la mañana llegó la información y llegaron muchos efectivos policiales porque supuestamente hoy al amanecer se nos viene el desalojo de lo que es el predio donde nosotros estamos», contó Bárbara Pereyra, una de las integrantes de El Acampe, a RTN.
Pereyra detalló que en la jornada del jueves realizaron una manifestación en el centro de la localidad por la avenida principal hasta llegar al municipio, Afirmó que el intendente no los quiso atender. En tanto, que en el lugar continúa la tensión ante un posible desalojo. La camioneta del grupo especial de la policía Geop se retiró al mediodía pero regresó al lugar al caer la tarde.
Ayer se conoció que vecinos de barrios cercanos a la toma juntaron firmas y presentaron una nota a las autoridades locales solicitando el desalojo de la toma que comenzó en noviembre con unas 40 familias y que hoy ya reúne a más del doble.
La toma se realiza sobre un terreno que pertenece al ISSN, que según los ocupantes ya es nuevamente municipal porque el organismo provincial lo tuvo más de 15 años sin realizar ningún avance sobre él. Se trata de un predio que se encuentra entre el registro civil y el hospital, a pocas cuadras del centro de la ciudad.
Segú precisó Pereyra se encuentran allí hace «9 meses y 11 días» y nunca han «recibido ayuda por parte de nadie, ni Desarrollo Social, ni la Municipalidad nadie se hizo presente, los únicos momentos que se hacen presentes son en estos», en referencia a la amenaza de desalojo.
La mujer también comentó que al principio de la toma también hubo «tres amenazas de desalojo pero no se concretó nada».
«No pedimos que nos hagan la casa, solo pedimos el terreno para construir algo donde vivir y para dejarle en un futuro algo a nuestros hijos y que no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos», aseguró Pereyra sobre el reclamo que llevan adelante desde la toma que ya tiene 44 casas armadas, 12 en construcción y una cuantas carpas más.
Ayer los integrantes de la toma cortaron la Avenida Nahuel Huapi, en cercanías al hospital reclamando por los servicios de agua y luz. Antes lo habían hecho en el Concejo Deliberante y en la Municipalidad.
Arquitectos, Constructores y la Cámara de Comercio dieron su postura
El Colegio de Arquitectos, la Unión de Constructores y la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción de Villa La Angostura enviaron una carta en conjunto donde manifestaron su preocupación por el problema habitacional que ocasionó la toma denominada “El Acampe”.
“No avalamos ni consentimos ninguna forma de apropiación de bienes privados, de violencia ni de autoritarismo. La falta de acción por parte de las autoridades gubernamentales durante años, nos ha traído hasta aquí, enfrentándonos a situaciones extremas”, expresó el comunicado.
Las organizaciones exigieron buscar una solución en conjunto entre los ciudadanos angosturenses.
“Mencionar que Villa La Angostura tiene un problema habitacional grave no es un tema menor. Hay una distorsión en la oferta de alquileres, que dificulta seriamente el acceso a una vivienda. Un tema que ya se ha advertido y nuevamente se cae en la informalidad y en la desregulación, propia de la falta de una estrategia clara desde el gobierno municipal. Esta crisis habitacional, en donde hay más inquilinos que viviendas, debe atenderse, pero los medios para solucionarla nunca pueden estar por fuera de la legalidad”.
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