Hasta dos años tarda el Estado en reubicar a los niños judicializados
Pese a que los plazos, para que permanezcan en hogares o familias de acogimiento son claros, las demoras en el sistema neuquino son excesivas. En la capital provincial hay 106 menores de edad a la espera de una respuesta de los juzgados de Familia. La Justicia solicitó medidas contundentes al gobierno.
Los niños y adolescentes separados de sus familias por maltrato, acoso o abuso sexual, permanecen en un hogar a la espera de que se defina su situación judicial. En Neuquén capital ese tiempo es en promedio de 1 año y 7 meses. De los 87 que se encuentran actualmente alojados en este dispositivo, el 14% vive allí hace más de 36 meses. Los 19 chicos, al cuidado de familias solidarias, no corren con mejor suerte. El cálculo indica que estarán no menos de 3 años y 4 meses, que es la media, con el fuerte proceso de apego que esto conlleva.
El plazo excede ampliamente lo que estipula el Código Civil: 180 días de abordaje y 90 días para la resolución. Es un problema de magnitud: hoy, en la ciudad, hay 106 niños y adolescentes que pasan en promedio 2 años en hogares o en familias solidarias. Estos dispositivos se aplican como medida de excepción, por eso se establece un tiempo acotado, hasta tanto el poder Judicial determine si hay posibilidades de revinculación con alguna persona de su entorno afectivo (tíos, abuelos) o se abre el proceso de adopción.
Los datos corresponden al informe que elaboró el Tribunal Superior de Justicia a pedido de los diputados provinciales. Ingresó a la Legislatura, en pleno receso invernal. Las cifras, cuyo corte temporal es al 28 de junio de este año, se construyeron con aportes de la subsecretaría de Planificación, la Oficina de Seguimiento de Medidas Excepcionales, el Registro Único de Adopción y las magistradas del fuero de Familia.
De los 106 casos hay 22 en el juzgado 4, a cargo de Fabiana Vasvari; 29 en el juzgado 3, de Marina Comas, 20 en el juzgado 2 de Gabriela Ávila y 35 en el juzgado 1 que se encuentra vacante y cuyo concurso fue cuestionado por el rol que le cupo al Consejo de la Magistratura en la elección del candidato.
En el documento se aclaran los criterios y procedimientos implementados, y se plantea un listado de “condiciones necesarias para permitir una tramitación ágil de las medidas de protección excepcional.” Se trata de 12 puntos en los que el poder Judicial apunta con exclusividad a la responsabilidad del Ejecutivo.
Menciona la necesidad de una “eficiente intervención previa a la judicialización por parte del ministerio de Desarrollo Social, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 2302.” Además de una “adecuada coordinación interinstitucional estratégica con otros actores igualmente relevantes del sistema de protección (ministerio de Salud, ministerio de Educación, Policía)”. Sostiene que es importante que los hogares cuenten con equipos interdisciplinarios y que el gobierno provincial aborde “situaciones de maltrato, violencia, adicción, trastornos psíquicos y psiquiátricos, acompañamiento en la crianza, como también para la elaboración de un proyecto autogestivo en adolescentes.”
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