“Hacerse cargo”

Sr. Carlos Pescader, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y secretarios académicos, es hora de “hacerse cargo”. Luego de que el Consejo Directivo –en votación dividida pero en su mayoría– decidiera pedir cuentas a la conducción de la Fadecs en relación con los daños ocasionados a la institución por el conflicto con los extrabajadores de la empresa Litoral Cleaning SRL pidiendo la renuncia de los secretarios académicos, quienes claramente fallaron en su rol, su respuesta institucional se limitó básicamente a tratar de mentirosos a los miembros del Consejo Directivo, negar la existencia de cualquier perjuicio de relevancia para la actividad académica y hacer oídos sordos a cualquier crítica. Al mismo Consejo Directivo desde el cual Uds. pidieron explicaciones a muchos otros funcionarios hoy lo tachan de ilegítimo. En este punto me permito recordarles que en su calidad de autoridades académicas son funcionarios públicos obligados a dar cuenta de sus actos de gestión –o de la ausencia de los debidos actos de gestión, como parece ser el caso–. Todos los meses la universidad pública paga sus haberes, que rondan la modesta suma de cien mil pesos aproximadamente, ya que pese a las manifestaciones públicas y enfados jamás se demostró concretamente cuáles son sus haberes. De todos modos, es un pago que supera los sueldos del personal docente en un contexto de crisis. Me permito disentir con sus manifestaciones públicas: es un grave daño a la institución el perder alumnos ingresantes aunque sólo se trate de uno de ellos y más aun de un centenar; la imposibilidad de rendir las distintas materias de los más de tres mil matriculados en las diferentes carreras, pues el tiempo perdido no se recupera y resulta inútil el acumular tres mesas de examen en treinta días fingiendo que a nadie se perjudicó, entre otras cosas. Concretamente los invito, en su calidad de “funcionarios”, a que respondan la presente carta, al Consejo Directivo –órgano de cogobierno de la UNC–, a los alumnos, a los padres de los alumnos y a la comunidad toda. ¿Por qué permitieron, por inacción, que la universidad pública fuera puesta de rodillas? ¿Por qué prefirieron beneficiar los intereses políticos sectoriales de distintas agrupaciones políticas frente al legítimo interés en el dictado de clases? ¿Por qué no cumplieron con su deber ante la universidad pública? ¿Por qué no dar intervención a la Justicia civil o laboral y/o al Ministerio de Trabajo? ¿Es una virtud? ¿Por qué negociar el acuerdo a puertas cerradas y a espaldas de muchos de los actores del cogobierno universitario? La universidad pública necesita funcionarios a la altura de las circunstancias, hechos... no sólo discursos retóricos. Finalmente, y luego de haber contestado todas estas interrogantes, por razones de “decoro”, tal como le pidió el Consejo Directivo, solicite a sus secretarios académicos que den un paso al costado e incorpore personal acorde con su función y continúe “responsablemente” con el mandato que le fue conferido. Pedro Urra DNI 31.358.309 Roca